El análisis de Ayuda a la Iglesia Necesitada sobre la libertad religiosa en el mundo, país por país
La libertad religiosa en España está protegida por el artículo 16 de la Constitución de 1978. Las relaciones jurídicas entre la Iglesia católica y el Estado español están reguladas mediante el Concordato con la Santa Sede de 1979.
La situación es estable, con la excepción de las repetidas amenazas de los partidos de izquierda, que están actualmente en la oposición y quieren romper dicho acuerdo. También quieren acabar con la exención del pago de impuestos sobre algunas propiedades de la Iglesia.
La primera de estas dos amenazas podría ser importante en el caso de que los partidos de izquierda volvieran al Gobierno. En el segundo caso, algunas autoridades locales (concretamente el Parlamento Foral de Navarra) han reclamado de hecho a la Iglesia el pago de este impuesto municipal por todos sus edificios, salvo los utilizados para el culto. Sin embargo, en diciembre de 2013, el Tribunal Constitucional emitió un fallo según el cual la ley del Gobierno de Navarra, aprobada en febrero de 2013, era inconstitucional y la Iglesia no tiene que pagar este impuesto.
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Hay que mencionar que los partidos políticos, asociaciones públicas, sindicatos, ONG y muchos otros grupos están exentos del pago de este impuesto.
La catedral de Córdoba
El ataque más significativo a la libertad religiosa ha venido del Gobierno regional de Andalucía. Un grupo de presión autodenominado Plataforma Mezquita-Catedral de Córdoba ha lanzado una campaña, mediante la recogida de firmas por internet, para quitar a la Iglesia católica la propiedad de la Catedral, intentando que pase a ser de titularidad pública. El Gobierno regional de Andalucía respalda esta campaña y está estudiando de qué forma puede iniciar acciones legales y administrativas para reclamar la propiedad de este edificio, que es, de hecho, la catedral de la diócesis de Córdoba y sustraerla del control de la Iglesia católica.
Este grupo de presión justifica su petición en el hecho de que la propiedad de la Iglesia podría comprometer el reconocimiento de la catedral por parte de la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Alegan que la Iglesia pone en peligro la armonía entre las civilizaciones y resaltan la historia musulmana del edificio.
Por su parte, la diócesis de Córdoba ha defendido su propiedad sobre la iglesia como derecho consagrado en la ley y basado en los antecedentes históricos de la iglesia.
La Iglesia católica ha realizado una excelente gestión del edificio, manteniendo su interés social y cultural, que ha atraído a millones de turistas y de creyentes de muy diferentes religiones. Si esta amenaza llegase a hacerse realidad, la propiedad de otros edificios, que están en manos de la Iglesia católica, podría estar en grave riesgo.
Ataques a iglesias
Durante el pasado año grupos radicales minoritarios, que buscaban cierta notoriedad en los medios de comunicación, perpetraron ataques y/o actos vandálicos de bajo nivel en algunas iglesias.
En febrero de 2013 hubo una amenaza de bomba en la catedral de la Almudena de Madrid, cuando dejaron un artefacto de fabricación casera dentro de la iglesia, cerca de un confesionario.
Posteriormente, el grupo anarquista “Comando Mateo Morral” se declaró autor de este ataque, y de otros actos similares en distintas iglesias por toda de España.
En octubre este mismo grupo anarquista reivindicó un atentado con bomba en la basílica de Nuestra Señora del Pilar, en Zaragoza, donde explotó un artefacto de fabricación casera provocando algunos destrozos en el interior del templo, hiriendo a una mujer y sin llegar afectar a un grupo de niños de un colegio que estaban dentro de la iglesia en ese momento.
En julio un grupo de jóvenes entró en la capilla de Nuestra Señora del Carmen, en Vinaroz, provincia de Castellón, destruyeron imágenes sagradas y apilaron sillas y libros litúrgicos para, finalmente, prenderles fuego, pudiendo estimarse el valor económico de lo destruido en muchos miles de euros.
Con la reforma de la ley del aborto iniciada por el nuevo Gobierno, que en este momento intenta proteger tanto la vida del no nacido como el derecho de la madre embarazada, varios grupos proaborto han decidido atacar a la Iglesia, a la que consideran responsable de estos cambios legales. En la parroquia de San Félix, en Sabadell, en la diócesis de Tarrasa (Barcelona), un grupo de proabortistas interrumpió la misa del gallo, gritando insultos y eslóganes a favor del aborto. Incidentes similares tuvieron lugar en la iglesia de San Miguel en Palma de Mallorca.
En algunos casos determinados obispos católicos fueron escogidos como objetivos de tales ataques. Así, en octubre de 2013, el Cardenal D. Antonio María Rouco Varela, arzobispo de Madrid, fue agredido por un grupo de feministas radicales, que lo acosaron e insultaron durante una visita pastoral.
También en la universidad se han producido una serie de ataques llamativos, como el realizado por el decano de la facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid, quien volvió a intentar cerrar la capilla existente en dicha facultad, pese al acuerdo aún vigente con la archidiócesis de Madrid, y que no supone gasto alguno para la universidad.
En los últimos años, se han vertido duras críticas contra varios líderes de la iglesia por ejercer su derecho a la libertad de expresión, y en numerosas ocasiones se les ha impedido expresarla en debates públicos. Este fue el caso del obispo de Alcalá de Henares (Madrid), monseñor Juan Antonio Reig Plà, presidente del Comité de Familia y Vida de la Conferencia Episcopal española, quien habló públicamente advirtiendo de las consecuencias de las uniones entre personas del mismo sexo. De modo semejante, el arzobispo de Granada, Monseñor Javier Martínez, fue duramente criticado por publicar un libro sobre el papel de la mujer en el matrimonio, considerado ofensivo en algunos ambientes. En ambos casos, las críticas fueron tan feroces que casi se les impidió ejercer el derecho a expresar su opinión.
Pese a todo, con la llegada al poder del Partido Popular en 2012 se han introducido medidas positivas en el ámbito de la enseñanza de la religión en la nueva ley de educación. En los últimos años esta materia se había ido retirando de los programas escolares; sin embargo, en la nueva ley de educación se le ha vuelto a reconocer pleno valor académico. El estudio de la religión vuelve a tener una calificación académica y se incluye como asignatura, que se tiene en cuenta en la concesión de becas. Además la ley establece una “alternativa sólida” para aquellos alumnos que no deseen cursar esta materia.
Otras religiones
La Comisión Islámica de España17 se ha quejado de que no se garantice la enseñanza de la religión musulmana en la escuela. Actualmente hay 46 profesores de religión islámica en España, mientras que el convenio de 1996 establecía que el Estado español tenía previsto que su número llegase a 400. De la misma forma no hay imanes musulmanes ofreciendo servicios de capellanía en los hospitales del país, tal y como se acordó en el Acuerdo de Cooperación entre el Estado y la Comisión Islámica de España de 1992, según el Observatorio para la Libertad de Religión y de Conciencia (OLRC). La comunidad islámica de España sigue pidiendo a las autoridades públicas más recintos para utilizar como lugares de rezo y enterramiento, peticiones a las que se oponen algunas autoridades locales
