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LIBERTAD RELIGIOSA EN Venezuela: Altercados, antisemitismo y mínimas relaciones con la Iglesia Católica

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Ayuda a la Iglesia Necesitada - publicado el 11/11/14
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El análisis de Ayuda a la Iglesia Necesitada sobre la libertad religiosa en el mundo, país por país

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Situación legal de la libertad religiosa

La Constitución establece que el Estado garantizará la libertad de religión y culto. Además, todos tienen derecho a profesar su fe y credo religioso y a manifestar sus creencias en público o en privado, mediante la enseñanza y otras prácticas, siempre y cuando no sean contrarias a la moral y el orden público. La Constitución establece que todos tienen derecho a la libertad de conciencia y el derecho a manifestarlo. Sin embargo, nadie puede invocar el derecho a la objeción de conciencia, para evitar cumplir la ley o impedir el ejercicio de sus derechos a otro.

La ley sobre libertad de culto establece que “la libertad de religión forma parte esencial de las  libertades civiles, que la propia Constitución garantiza al pueblo venezolano y a los extranjeros que  residen en la República”.

Las relaciones con la Iglesia católica están reguladas por el concordato de 1964 entre el Gobierno y la Santa Sede. Constituye la base de las subvenciones que el Gobierno otorga a la Iglesia católica.
 
Para obtener el estatus jurídico, los grupos religiosos se tienen que inscribir en la Dirección de Justicia, Instituciones Religiosas y Cultos del Ministerio de Poder Popular para las Relaciones  Interiores. Esta dirección también es responsable de asignar fondos a las organizaciones religiosas y de fomentar la sensibilidad y el entendimiento entre las comunidades religiosas.

Acciones gubernamentales y otros incidentes durante el período que se estudia en este informe

Tras las inundaciones del año 2011, los habitantes desplazados ocuparon capillas y escuelas mormonas en las localidades de Ocumare del Tuy y La Grita, al sur de Caracas, la capital. Esta ocupación carecía del permiso de los mormones, pero contaba con el respaldo del Gobierno.

En octubre de 2012, tras la profanación de una sinagoga de Caracas ocurrida en 2009 por la que ya habían condenado a seis personas, una séptima persona involucrada en el incidente fue declarada culpable y condenada a prisión. Prosigue el juicio contra otros cuatro autores de este delito. Ocho de los 11 imputados eran agentes de policía. El ataque se produjo después de que el presidente Hugo Chávez rompiera las relaciones diplomáticas con Israel tras la ofensiva militar israelí en Gaza.

La Comisión para la Libertad Religiosa Internacional de Estados Unidos manifestó en su informe de 2013 gran preocupación por el antisemitismo, en concreto por el discurso antijudío respecto al líder de la oposición, Henrique Capriles Radonski, católico descendiente de judíos polacos. También hace referencia a las tensiones de larga data con la Iglesia católica, que ha hablado con claridad contra la naturaleza no demócrata del Gobierno de Chávez. Sin embargo, a pesar de todo, es cierto que las tensiones han disminuido desde los violentos ataques, que sufrió la nunciatura apostólica en los años 2008 y 2009, mejoría que se ha mantenido desde la muerte de Chávez en marzo de 2013.

En febrero de 2013, miembros de la comunidad judía denunciaron el lenguaje antisemita utilizado al atacar a Henrique Capriles. Por ejemplo, la emisora nacional de radio, controlada por el Estado, ha emitido declaraciones afirmando que el sionismo es una “ideología del terror”, que “amenaza con la destrucción del planeta que habitamos”.

En julio de 2013, en dos ataques sucesivos en el espacio de dos semanas, asaltaron la sede de la Conferencia Episcopal venezolana y robaron muchos objetos, entre ellos ordenadores, impresoras, archivos y otros artículos.

En septiembre de 2013, unos matones entraron en un centro parroquial de Caracas para robar la colecta del domingo y otros donativos en especie donados por los fieles católicos. Ataron al párroco de la iglesia y a otro sacerdote que trabajaba allí y les dieron una paliza. Los agresores también se llevaron la camioneta del párroco, varios documentos, tarjetas de crédito y talonarios de cheques.

El 9 de abril de 2014, el Gobierno de Venezuela invitó oficialmente al Secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, a actuar como mediador en conversaciones con la oposición para reducir la violencia que ha matado a decenas de personas en los peores disturbios que ha sufrido la nación en la última década. El Gobierno del presidente Nicolás Maduro solicitó por carta que el cardenal Parolin, antiguo nuncio apostólico en Venezuela, fuese nombrado “testigo de buena fe” para iniciar unas conversaciones acordadas tras dos meses de manifestaciones. Un portavoz del Vaticano confirmó la disposición de la Iglesia católica a mediar, pero no dio más detalles.

No obstante, la línea dura de los manifestantes no desea las conversaciones y afirma que no habrá negociaciones mientras uno de los líderes de la oposición, Leopoldo López, y muchas otras personas, sigan en prisión. Se considera que la intervención del cardenal Parolin en las conversaciones podría ser crucial para mejorar las relaciones entre la Iglesia católica de Venezuela y el Estado, que han descendido hasta un nuevo mínimo con el presidente Maduro.

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