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México vive horas tristes por los 43 jóvenes asesinados

Mexico – 43 students missing in Iguala – es

© OMAR TORRES / AFP

Students protest in front of the Attorney General Office on October 15, 2014 in Mexico city, during a protest supporting the 43 students missing in Iguala, Guerrero State. The mystery over the fate of 43 Mexican students missing since an attack by gang-linked police deepened after authorities said none was among 28 bodies found in a mass grave. AFP PHOTO/OMAR TORRES<br />

Jaime Septién - publicado el 09/11/14

Para los padres, hasta no tener pruebas, sus hijos están vivos

Mientras la mayor parte de los indicios apuntan a que los 43 muchachos que estudiaban la carrera de magisterio en la Escuela Normal de Ayotzinapa en el Estado mexicano de Guerrero fueron asesinados, los padres de los chicos han requerido pruebas contundentes a la Procuraduría General de la República (PGR).  Para ellos, hasta no tener esas pruebas, sus hijos están vivos.

Una intensa oleada de protestas ha vivido México este sábado.  Marchas, manifestaciones y repudio generalizado han tomado las calles, las plazas, los estadios y el grueso de los periódicos del país, exigiendo el fin de la impunidad en México y alertando sobre el lastre de la relación –cada día más notoria en entidades como Guerrero—entre el crimen organizado, básicamente el narcotráfico, con la política.

Por lo pronto, en una conferencia de prensa sustentada el día viernes, el jefe de la PGR, Jesús Murillo Karam, ha dicho que la mayor parte de las evidencias es que los muchachos fueron entregados por la policía local de Iguala (en Guerrero) para que fuesen ejecutados por los sicarios del grupo delincuencial “Guerreros Unidos”. 

La tesis que se maneja hasta el momento es que el presidente municipal de Iguala (hoy ya preso en un penal de alta seguridad), habría dado la orden a los policías de “entregar a los normalistas a “Guerreros Unidos” por dos “razones”. La primera, porque sospechaba que los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa iban a boicotear el informe de labores de su esposa al frente del sistema municipal de la familia (DIF) y, la segunda, porque hay evidencia que Abarca y su esposa tenían nexos con “Guerreros Unidos”.

Las marchas y la repulsa generalizada han sido para que en México termina una impunidad tremenda en la que se manejan tanto los políticos como las fuerzas de seguridad y los encargados del orden.  Sin embargo, hasta que los forenses argentinos que trabajan en la zona de reconocimiento de los cuerpos (se han encontrado ya varias fosas clandestinas en las inmediaciones de Iguala) y los laboratorios suizos que puedan verificar el ADN de los restos humanos encontrados en bolsas de plástico, en basureros y en el lecho de un río pertenece a los estudiantes, éstos continúan en “desaparición forzada”, un hecho inédito desde 2006 a la fecha.

Los padres de familia, los que iniciaron la investigación

Que de 2006 a la fecha no exista ni una sola condena por el delito de “desaparición forzada” explica cómo en México reina la impunidad y por qué pueden ocurrir casos como el de Ayotzinapa, según ha dicho la organización internacional Human Rights Watch (HRW).  El organismo indicó que el caso Ayotzinapa abona a “la crisis profunda que arrastra México en materia de derechos humanos”.

“La explicación de lo que ha ocurrido en Iguala la encontramos en la regla de impunidad que prima en México desde hace ya muchos años y que consiste en que cuando agentes del estado sean policías o militares cometen atrocidades incluyendo desapariciones forzadas, esos hechos no son objeto de investigaciones rigurosas, imparciales, ejemplares. No se castiga no solo a los autores materiales si no a los que han estado en posiciones de comando, los que han instruido y los que han logrado encubrir estos hechos”, en rueda de prensa José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la División Américas de HRW

Para conocer el caso, la organización se reunió con el Procurador General de la República y con los padres de los 43 normalistas desaparecidos. En sus conclusiones dijeron que lo ocurrido en Iguala es “indignante y de gravedad extrema” en donde además de que autoridades participaron en la desaparición, fueron omisos al no tener una reacción inmediata para iniciar una investigación.

“Organizaciones civiles y padres fueron los primeros en hacer investigaciones, sobre ellos recayó la primer investigación. Si no hay una acción inmediata en las primeras horas, esas horas son claves para impedir que se consuma la desaparición forzada”, dijo Vivanco.

Como ya habían dicho en octubre pasado, HRW insistió en que un caso de desaparición forzada como el de Iguala, “no se había visto en las últimas décadas, habría que remontarse a Tlatelolco”, cuando en 1968 una protesta de jóvenes estudiantes fue dispersada con violencia por agentes del Estado, quienes mataron y torturaron a varios integrantes del movimiento estudiantil

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