Abogados dicen que el gobierno no cumple con sus obligaciones
En tanto crece el rumor de que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, prepara una ofensiva legal que permitiría dar permiso de trabajo y de estancia a millones de personas indocumentadas, de cara al inminente proceso de elecciones intermedias en ese país, grupos de derechos de inmigrantes presentaron esta semana una demanda en base al Acta de Libertad de Información (FOIA).
La demanda ha sido realizada en contra del gobierno federal de ese país, “con la esperanza de obtener documentos relevantes al proceso de deportación acelerada de familias indocumentadas”, un proceso que la propia Iglesia católica de Estados Unidos ha denunciado como inhumano y cruel.
Falta de información
Para diversas coaliciones de defensores de derechos de inmigrantes, el gobierno de los Estados Unidos “no ha revelado públicamente sus políticas e información de procedimientos sobre cómo gobernar los centros de detención, principalmente el centro en Artesia, Nuevo México”.
El Consejo Americano de Inmigración, el Proyecto Nacional de Inmigración del Gremio Nacional de Abogados, la Unión Americana de Libertades Civiles, el Centro Nacional de Leyes de Inmigración y Jenner & Block, LLP, presentaron la demanda después de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) "no respondió" a sus peticiones basadas en el FOIA.
No hay información clara y las familias detenidas en Artesia podrían estar corriendo innumerables vejaciones que, incluso, ponen en riesgo la vida de alguno de sus integrantes, especialmente de las mujeres y de los niños, sin olvidar que muchos de ellos vienen huyendo de la violencia y de la pobreza de los países Centroamericanos y que están en condiciones precarias, tantos físicas como psicológicas, mismas que merecen un trato humanitario.
"Abogados que representan a clientes en Artesia reportan que los procesos no son justos y no cumplen con las obligaciones del gobierno de proveer debido proceso," dijo a Latin Post la directora del Consejo Legal Americano de Inmigración Melissa Crow. "Agravando estas injusticias está el hecho de que el Departamento de Seguridad Nacional se rehúsa a dar información básica sobre las políticas y procedimientos que aplican en estos casos”.
Incremento extraordinario
La “crisis humanitaria” de la frontera, donde cerca de 70 mil niños viajando solos fueron detenidos este año fiscal que concluyó en septiembre de 2014, ha motivado que los centros de detención se vean atiborrados de pequeños, pero también de familias y de mujeres solas.
En ese sentido, la abogada del Centro Nacional de Leyes de Inmigración, Melissa Keaney, sostuvo que la práctica de detener a mujeres y niños indocumentados ha visto un "dramático incremento" durante la presidencia de Barack Obama. Keaney dijo que no hay suficiente explicación de los cambios de políticas de la administración; menos aún cuando Obama se ha comprometido a detener este proceso injusto.
La demanda para conocer la información sobre la forma de manejar el centro de detención de Artesia llega, justamente, cuando se planea construir el centro de detención más grande de Estados Unidos en Dilley, Texas, entre las ciudades de Laredo y San Antonio. El centro llegará a tener hasta 2,400 camas y se encuentra a 70 millas al suroeste de San Antonio. La Directora del Programa de Derechos y Justicia de Inmigrantes de la Comisión de Refugiados de Mujeres, Michelle Brané dijo a Latin Post que el centro Dilley costará 300 dólares por día por persona, unos 260 millones de dólares al año.
"Antes de que abran el centro de detención más grande, autoridades oficiales no han explicado por qué decidieron poner a bebés y sus madres tras las barras para después regresarlos a las situaciones peligrosas de las que escaparon," agregó Keaney.
"El pueblo americano tiene derecho a saber la verdad sobre lo que pasa en Artesia," dijo la Directora del Proyecto de Derechos de Inmigrantes del ACLU Cecillia Wang. "Ya sabemos que el gobierno está dando la espalda a los riesgos que estas madres y niños enfrentan si regresan a Centroamérica. Pero el gobierno aún mantiene sus nuevos procesos para detener y deportar a esas familias en secreto. Esta falta de transparencia ilegal costará vidas. Es hora de que el gobierno diga la verdad”.
Más centros de detención
Lejos de vislumbrarse un proceso humanitario que haga frente a la crisis de violencia y pobreza de Centroamérica, la Directora Asociada del Proyecto Nacional de Inmigración del Gremio Nacional de Abogados, Paromita Shah, dijo que la administración está "lista" para expandir el proceso de deportación acelerada en más centros de detención. Shah dijo que la razón por la que el gobierno se rehusó a revelar información sobre sus procedimientos es "difícil de entender”.
"Esta falta de transparencia envía una fuerte señal al mundo de que el gobierno de los EEUU abandona sus obligaciones de dar a las familias detenidas una oportunidad de presentar su caso”, dijo Shah.
