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El gobierno de Guatemala quiere que la Iglesia católica sea mediadora con los indígenas

© Chely
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Ola de protestas de los indígenas por el deterioro de su ámbito natural

En días pasados, la diócesis de Quiché, en Guatemala, se pronunció ante la problemática de las hidroeléctricas y la industria extractiva de metales en su territorio, proyectos que vienen impulsados, decía en su comunicado, “por diversas empresas privadas, con el respaldo de las instituciones gubernamentales”, y en componendas con los políticos de turno.
 
Confían, pese a los duros golpes recibidos
 
La diócesis –que encabeza monseñor Rosolino Bianchetti Boffelli– había lanzado una voz de alerta “desde la convicción de sus raíces milenarias de ser pueblo maya con una cosmovisión de respeto a la vida, de amor a la madre Tierra y de armonía fraterna con su entorno humano y ecológico”. No obstante los “duros golpes” que ha sufrido los quichés “esperan y confían siempre en Dios que ve la humillación de su pueblo, oye sus quejas cuando los maltratan, y llega para liberarlos y darles una tierra grande y fértil para todos”.
 
Quizá esa voz haya sido, finalmente escuchada, pues el gobierno de Guatemala inició la semana pasada, gestiones con los obispos de este país centroamericano para que la Iglesia católica sirva como mediadora en negociaciones con indígenas que rechazan las actividades de la industria extractiva en sus comunidades.  Desde hace unos días, las autoridades civiles han impulsado el acercamiento con la Nunciatura Apostólica y con la Conferencia Episcopal Guatemalteca (CEG).
 
El presidente guatemalteco Otto Pérez Molina, quien era acompañado de ministros y colaboradores, se reunió el jueves pasado en la sede de la Nunciatura Apostólica con obispos guatemaltecos.  Al terminar la reunión, Pérez Molina informó a la prensa que había pedido la mediación de la Iglesia católica para llevar adelante un diálogo con líderes indígenas sobre los proyectos de infraestructura hidroeléctrica e industria extractiva.
 
Disputas entre comunitarios
 
El gobierno solicitó a la CEG “su mediación para propiciar el diálogo y solventar situaciones que se están dando en torno de la minería y de la hidroeléctricas”, puntualizó Pérez Molina.  Hay que recordar que las comunidades indígenas de diversas regiones de Guatemala se oponen a estos proyectos por considerar que contaminarán y hasta destruirán el entorno natural, en tanto que su operación no beneficiará a la población.
 
En la reunión, que tuvo como anfitrión al nuncio apostólico en Guatemala, monseñor Nicolás Henry Marie Denis Thevenin, fue abordado el caso de la aldea Los Pajoques, municipio de San Juan Sacatepéquez.  En esa comunidad indígena, el 19 y 20 de septiembre pasado se registraron incidentes violentos que causaron ocho muertos, seis heridos, así como 150 comunitarios desplazados.
 
Para restablecer el orden y garantizar la seguridad, el gobierno decretó el estado de prevención en el municipio de San Juan Sacatepéquez, en el departamento de Guatemala, ubicado a 31 kilómetros al oeste de la capital.  Los enfrentamientos entre vecinos se originaron, según las autoridades, por la disputa entre comunitarios que apoyan y los que rechazan la construcción en San Juan Sacatepéquez de una fábrica de cemento y una carretera que pasará por el lugar.
 
Protestas y rechazos
 
Tras la reunión con la Iglesia católica en la Nunciatura, el gobierno anunció que prorrogó por 15 días el estado de prevención, impuesto el 21 de septiembre pasado, debido a que “no están dadas las condiciones para levantar la medida”.  Trascendió que las fuerzas de seguridad –policía y ejército- se mantienen en San Juan Sacatepéquez hasta que se recobre la paz y la tranquilidad, y que se han cumplido cinco de 36 órdenes de captura contra incitadores y supuestos responsables de las muertes y agresiones registrados en la aldea Los Pajoques.
 
En su oportunidad, el ministro de Energía y Minas, Erick Archila, detalló los proyectos en infraestructura y de la industria extractiva, que impulsa el gobierno tras cumplirse los estudios de impacto ambiental y los requisitos legales y técnicos a cargo de las empresas.  Las obras de las hidroeléctricas y de minería a cielo abierto son rechazadas con firmeza por los indígenas que estiman que los proyectos no generan beneficios y causarán destrucción en sus comunidades.  El rechazo se ha concretado en paros, bloqueos de carreteras y otras medidas de hecho que han provocado muertos y heridos en violentos choques entre los vecinos y la fuerza pública.
 
 

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