Senadores de México han hecho una modificación substancial al proyecto de ley para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes que envió, como “iniciativa preferente”, el presidente de este país, Enrique Peña Nieto.
Se trata, según dijeron los propios senadores, de “prohibir la expulsión, deportación o rechazo de menores que hayan huido de sus países o comunidades por violencia”.
Miles de menores de edad que venían huyendo de la violencia –sobre todo la violencia de las maras—en Centroamérica, eran tratados como criminales y lejos de ser una tabla de salvación, el “sueño mexicano” se convertía, para ellos, en una verdadera pesadilla: en 2013 fueron detenidos en México al menos siete mil niños migrantes, y deportados a sus lugares de origen.
Los senadores ampliaron el capítulo sobre migración infantil para que las autoridades mexicanas identifiquen si un niño migrante es candidato a obtener el estatus de refugiado antes de decidir expulsarlo del país.
“Está prohibido devolver, expulsar, deportar, retornar, rechazar en frontera o no admitir, o de cualquier manera transferir o remover a una niña, niño o adolescente cuando su vida, seguridad y/o libertad estén en peligro a causa de persecución o amenaza de la misma, violencia generalizada o violaciones masivas a los derechos humanos, entre otros, así como donde pueda ser sometido a tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes”, dice ahora el artículo 98 del proyecto de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.
Es necesario recordar que buena parte de los niños migrantes del “Triángulo del Norte” de Centroamérica (El Salvador, Guatemala y Honduras) han confesado que lo hacen huyendo de la posible captación que tratan de hacer de ellos las pandillas conocidas como “maras”. Son muy conocidos los casos frecuentes de asesinatos infantiles realizados por las maras cuando los menores de edad se niegan a pertenecer al grupo delictivo.
Los más sonados han sido en los alrededores y en la ciudad de San Pedro Sula, en Honduras, de donde procede casi 20 por ciento de los menores de edad detenidos en Estados Unidos durante este año fiscal que concluye el próximo 30 de septiembre. Sin embargo, México, hasta la modificación propuesta por el Senado, poco o nada había hecho para proteger a las niñas, los niños y los adolescentes que cruzan el país para buscar refugio en Estados Unidos donde, seguramente, poseen familiares.
Según datos de la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación de México, 70 por ciento de los menores migrantes que fueron detectados en México durante el primer semestre de este año huían de la violencia en sus países. Esto supone un tratamiento especial, mismo que ahora ha propuesto el Senado de la República.
Hoy celebramos a...
