Después de concluir “el mes de la familia”, la 108ª Asamblea Plenaria, la Conferencia Episcopal de Costa Rica (CECR) hizo llegar a la población un mensaje donde se intenta concientizar a los costarricenses “sobre el carácter sagrado e inviolable de la familia y su trascendencia en el proyecto de Dios”.
Para los obispos de la CECR, en ese país centroamericano, la familia “experimenta una crisis que se evidencia, entre otros aspectos, en la creciente separación de las parejas, en la violencia intrafamiliar y en la misma descomposición social sin que exista, hasta hoy, políticas públicas realmente orientadas a la protección, atención y promoción integral de la institución familiar, coherentes con los principios naturales que la tutelan y con los valores humanos y religiosos que comparten la inmensa mayoría de los costarricenses”.
Familia no es cualquier tipo de relación afectiva
Con el tema legislativo de fondo, los obispos costarricenses advirtieron que, de modo progresivo y con el apoyo de algunos sectores civiles, políticos y medios de comunicación, se distorsiona el rol de la familia en la sociedad y se subestima la alianza matrimonial, al punto de pretenderla equiparar a cualquier tipo de relación afectiva”.
En este sentido, recordaron los obispos de Costa Rica a los legisladores, la “familia, fundada en el matrimonio entre un varón y una mujer y la protección de la vida son imperativos éticos y jurídicos, igualmente, consagrados en nuestra Constitución Política”.
Sin embargo, la Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa de Costa Rica se encuentra debatiendo en estos días el Proyecto de Ley 19.062 llamado “Ley para combatir la discriminación, la incitación al odio y la apología del odio y la discriminación” impulsada por el Frente Amplio.
El nuevo proyecto –según la organización civil CitizenGo que opera también en ese país–intenta modificar el artículo 380 del Código Penal que ya condena de 20 a 60 días la discriminación por razón de sexo, raza, edad, religión, estado civil, opinión pública, origen social o situación económica.
Entre otras cuestiones, para la organización civil, el Proyecto de Ley 19.062 “introduce el delito de discriminación por razón de orientación sexual. Es decir, discutir el matrimonio homosexual podría ser constitutivo de delito con penas de 1 a 3 años, bloqueo de webs, trabajo comunitario, retractación público y asistencia a programas de sensibilización y reeducación”.
Discriminar bajo el paraguas de no discriminar
La Iglesia ha observado con recelo esta redacción porque entiende que existe el riesgo de criminalizar al clero y a la misma institución por defender el magisterio de la Iglesia sobre el matrimonio. Así lo dijo el nuevo presidente de la CECR, monseñor Oscar Fernández Guillén, obispo de Puntarenas.
Monseñor Fernández Guillen señaló que “en ningún apartado de dicho proyecto se ha explicitado que esta ley, eventualmente, no inhibirá la libertad de las confesiones religiosas respecto de su concepción acerca del matrimonio y de la familia (…) Una ley contra la discriminación no puede ser discriminatoria con ellas, al impedirles presentar públicamente sus convicciones y prohibir que sus instituciones sociales, medios de comunicación e instancias educacionales trabajen libremente conforme a sus principios. Lo contrario sería un atentado contra la libertad religiosa y los principios democráticos”.
CitizenGO de Costa Rica ha organizado una campaña para que la ciudadanía escriba a los miembros de la Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos de la Cámara Legislativa y pedirles que rechacen el proyecto de ley 19.062.
La convocatoria de CitizenGo termina pidiendo a los legisladores costarricenses que “eviten la discriminación bajo el paraguas de la no discriminación Si no significa tal cosa, le ruego que redacte el texto de manera que quede meridianamente claro y salvaguarde la libertad de expresión, la familia y la libertad religiosa”.
Hoy celebramos a...