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El gobierno de Guatemala toma medidas extremas contra los “coyotes”

Immigrants in Guatemala – es

© JOHAN ORDONEZ / AFP

GUATEMALA, Guatemala City : Some of the 243 immigrants deported from the United States arrive at the Air Force base in Guatemala City on January 2, 2014. The US deported 50,221 Guatemalans between January and December 2013, a historical record that exceeds by 23 percent the number of expulsions registered during the same period in 2012, according to records of the General Directorate of Migration of Guatemala. AFP PHOTO / Johan ORDONEZ

Jaime Septién - publicado el 17/07/14

La inmigración ilegal encabeza la lista de problemas de los habitantes de Estados Unidos

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Desde que a fines de mayo pasado se “destapó” el flujo migratorio inusual a Estados Unidos de menores de edad viajando solos, la inmigración se coloca entre los problemas más sentidos de la población estadounidense, al grado tal que, durante el pasado mes de junio, se convirtió en la principal preocupación.

Esto se desprende de la más reciente encuesta elaborada por la firma Gallup y que señala que cerca de 17 por ciento de la población considera la llegada de extranjeros como el mayor problema al que se enfrenta el país.  Dicha opinión ha movilizado las fuerzas anti inmigrantes y grupos paramilitares como los “Minutemen”, se han hecho de nuevo presentes en la frontera con México.

En el sondeo de Gallup, elaborado a partir de 1.013 entrevistas, la inmigración supera a otros problemas como la descalificación de la administración encabezada por Barack Obama y los políticos (16 por ciento), la economía (15 por ciento) y el desempleo (14 por ciento). La preocupación por los inmigrantes ha crecido 12 puntos en sólo un mes y se sitúa en su nivel más alto desde 2006.

La encuesta de Gallup pone de manifiesto el creciente debate generado por la llegada de niños indocumentados en Estados Unidos, un tema del que se han ocupado ampliamente los medios norteamericanos en las últimas semanas. Esta semana, Estados Unidos envío a Honduras a un grupo de mujeres y niños que habían entrado ilegalmente en el país con un avión fletado desde Nuevo México hasta San Pedro Sula en Honduras.  El viaje de estos 20 menores hondureños fue ampliamente difundido por la prensa de EE UU, y también la de Honduras.

Por lo que respecta a la posición de los militantes en los dos partidos políticos que se disputan el poder en la Unión Americana, 23 por ciento de los simpatizantes republicanos y 11 por ciento de los demócratas sitúan la inmigración como el principal problema. También es mayor la preocupación entre la población mayor de 50 años.

Guatemala toma el toro por los cuernos

Uno de los principales problemas que se han advertido en los países expulsores de menores de Centroamérica es la existencia de “coyotes” o traficantes de personas; sujetos que por dinero montan a los menores de edad en trenes o en autobuses de pésima calidad y los llevan hasta el otro lado de la frontera de México con Estados Unidos.

Para desalentar esta “actividad”, el gobierno de Guatemala ha decidido castigar a los “coyotes”, con hasta 25 años de cárcel, mediante la modificación de la Ley de Migración que rige en el país centroamericano y que es más permisiva en este ámbito, ya que ni siquiera está tipificado el delito para ciudadanos nacionales.

La mesa de seguridad y justicia del Congreso, en consenso con el Ministerio Público y el Organismo Judicial, presentarán una iniciativa con la que pretenden aportar las herramientas necesarias –escuchas telefónicas o agentes encubiertos, entre otras– para evitar el tráfico de personas.

 Así lo ha explicado el diputado del partido oficialista José Fernández, que ha insistido en que no se puede permitir que muchos guatemaltecos "empeñen dinero que no tienen, casas y terrenos, y que después no haya responsables de lo sucedido con los guatemaltecos que van hacia el extranjero".

La iniciativa presentada por el Ejecutivo contempla penas de 15 a 25 años por el delito de tráfico de personas nacionales, hasta ahora tipificado solo para extranjeros. También contempla la extinción del dominio de bienes que hayan sido adquiridos fraudulentamente por personas dedicadas al tráfico de personas.

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