Encabezados por los cardenales de Tegucigalpa, Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, y de Guadalajara, José Francisco Robles Ortega, ambos presidentes de las conferencias episcopales de Honduras y México, respectivamente, los obispos de Estados Unidos, México, El Salvador, Guatemala y Honduras, emitieron el día de ayer un comunicado conjunto en el que expresan la opinión de la Iglesia católica en torno a la crisis humanitaria de los menores de edad que están migrando solos a Estados Unidos.
El comunicado conjunto –también firmado por los secretarios generales de las conferencias episcopales de México, El Salvador y Guatemala, así como por el obispo auxiliar de Seattle y presidente del Comité de Migración y Refugiados de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, monseñor Eusebio Elizondo—comienza manifestando la solidaridad, la oración y el compromiso de la Iglesia católica por las niñas, los niños, los adolescentes migrantes y sus familiares.
Los obispos recuerdan que estas niñas, niños y adolescentes no emigran por gusto o por un espejismo, sino que “salieron de sus países empujados por la miseria, la violencia o el deseo de reunirse con sus padres o algunos de sus familiares que ya han migrado, y ahora, luego de enfrentar toda clase de privaciones y peligros, viven una terrible crisis humanitaria”.
Con absoluta claridad, los prelados de la región centro y norteamericana insisten en que esta situación afecta a todos y no puede ser tratada de forma unilateral o ambigua. El compromiso –marcado por los últimos pontífices y exigido por la Iglesia católica es el de “globalizar la solidaridad”. Esto es posible solamente si se reconocen, respetan, promueven y se defienden “la vida, dignidad y derechos de toda persona, independientemente de su condición migratoria”.
Dos pasos fundamentales en el terreno político
Para nada ajenos al devenir político, los obispos que firman el comunicado, en representación de la Iglesia católica de la región involucrada en la crisis humanitaria de las niñas, los niños y adolescentes migrantes, han visto “con esperanza” la Declaración Extraordinaria de Managua, en la que los Países Miembros de la Conferencia Regional sobre Migración (CRM) –Belice, Canadá, Costa Rica, El Salvador, Estado Unidos, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana– reconocieron la corresponsabilidad regional y se comprometieron a implementar medidas integrales y articuladas para garantizar el interés superior del niño y adolescente, así como la unidad familiar; a difundir información precisa respecto a los “peligros del viaje” y la inexistencia de “permisos” para los que llegan a los Estados Unidos; luchar contra los grupos delictivos organizados de tráfico ilícito y de trata de personas; y mejorar las prácticas migratorias.
“Un aspecto importante de la Declaración es el compromiso conjunto para erradicar las causas estructurales que provocan la migración irregular de menores de edad, creando programas de desarrollo social y económico en las comunidades de origen, así como programas de reinserción y reintegración para los que retornan. También se reconoce que algunos de estos niños y adolescentes migrantes podrían obtener la condición de refugiado o protección complementaria”, expresaron los prelados en un principio de acuerdo con la acción emprendida por los gobiernos de los países miembros de la CRM. (Ver nota de Aleteia el 30 de junio)
Para estos mismos purpurados, ha resultado alentador el que el presidente de México, Enrique Peña Nieto, haya implementado esta misma semana (Ver nota de Aleteia el 8 de julio) la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur y la creación de los Centros de Atención Integral al Tránsito Fronterizo para facilitar la internación segura de personas y bienes, y evitar los problemas originados por el desorden migratorio en la zona. Esta intervención abarca la creación de estancias, centros de salud y movilización de recursos consulares para otorgar permisos temporales de estancia en México, país de tránsito obligado hacia la frontera norte con Estados Unidos.
La Iglesia católica nunca ha sido ajena al drama de la migración
En la parte central de su comunicado, los representantes eclesiásticos de los países de la región rememoraron el hecho de que la Iglesia católica, desde hace muchos años, viene haciendo gestiones ante las autoridades gubernamentales de Estados Unidos, México y Centroamérica en favor de los migrantes. Con firmeza, declararon que la Iglesia “continuará esta labor”.
“También seguirá trabajando en la promoción humana, particularmente de los niños, de las familias y de los más pobres, en la restauración del tejido social y brindando acogida, atención y servicios a los migrantes en sus numerosos centros creados para ellos”, estipularon los firmantes del comunicado. La misma Iglesia expresa, en este comunicado, su disponibilidad para colaborar a fin de hacer realidad los acuerdos de la Declaración de Managua, “convencida de que una estrategia de disuasión sin garantías de protección nacional e internacional es inefectiva e inhumana”.
Más adelante, mostraron su total apoyo a la solicitud que hizo en días pasados monseñor Mark Seitz, obispo de El Paso, Texas al Comité de Migración de la Cámara de Representantes de Estados Unidos de emitir declaratoria de crisis humanitaria para dar una respuesta integral al problema, creando políticas públicas que den servicios básicos y protección al migrante, examinado las raíces del éxodo migratorio, asignando recursos federales para invertir en los países expulsores a fin de evitar la necesidad de migrar, y promoviendo programas de reunificación familiar para los migrantes.
Los obispos definieron como urgente el respeto a la dignidad humana de los migrantes indocumentados así como fortalecer las instituciones gubernamentales para que sean auténticamente democráticas, participativas y al servicio del pueblo; combatir con firmeza la reprobable actividad de los grupos delictivos y del crimen organizado, “cuya inhumana acción condenamos enérgicamente; garantizar la seguridad de los ciudadanos; e invertir en Centroamérica”.
Con conocimiento de causa, los prelados centro y norteamericanos hicieron un llamado “a los empresarios, especialmente católicos, a que inviertan y contribuyan a promover la justicia y la equidad” y a los padres de familia “a no exponer a sus hijos a emprender el peligroso viaje hacia México y Estados Unidos”. Finalmente, pidieron a la sociedad que asuma “el papel que le corresponde en este doloroso problema”.
Los obispos concluyen su comunicado recordando las palabras del Papa Francisco que advierte: “Hoy en muchas partes se reclama mayor seguridad. Pero hasta que no se reviertan la exclusión y la inequidad dentro de una sociedad y entre los distintos pueblos será imposible erradicar la violencia… Es el mal cristalizado en estructuras sociales injustas, a partir del cual no puede esperarse un futuro mejor… La inequidad es raíz de los males sociales”.
“Implorando la intercesión de Santa María de Guadalupe, Patrona de América, pedimos a Nuestro Señor Jesucristo que proteja a nuestros niños y sus familias en este difícil momento, y nos dé a todos la sabiduría para encontrar soluciones factibles, y audacia y fuerza para actuar en consecuencia”, terminan diciendo los obispos de la región que hoy, más que nunca, enfrenta una emergencia de proporciones dramáticas. Con rostro de niña, niño o adolescente viajando solo, muchas veces hacia la muerte.
Hoy celebramos a...