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Esterilizaciones forzadas y otros problemas de Nicaragua

© Henderson Hills - Flickr

Patricia Navas - publicado el 27/05/14

Los obispos proponen al presidente Ortega una excelente política social extensible a cualquier país

“Se esteriliza a las mujeres de modo forzado en algunos centros de salud y se venden anticonceptivos abortivos; sobre todo en la zona rural esto se ha vuelto muy recurrente. Desearíamos saber si esta es una política del Gobierno, pues es un tema gravísimo con el que se atenta a la vida y a la dignidad de las personas”.

Esta es una de las constataciones que los obispos de Nicaragua expusieron al presidente del país, Daniel Ortega, en un diálogo que mantuvieron el 21 de mayo en la nunciatura.

La conferencia episcopal recogió todas sus propuestas en el documento En busca de nuevos horizontes para una Nicaragua mejor, una excelente propuesta de política social extensible a cualquier país.

Los obispos ofrecen sus preocupaciones y esperanzas respecto a los ámbitos de la familia, los grandes problemas sociales, los derechos humanos y la relación entre el trabajo evangelizador de la Iglesia y algunas políticas del Gobierno, y también abordan ciertos aspectos problemáticos de la Costa Atlántica y el problema institucional del país.

Injerencia en las familias

Respecto a la familia, los obispos defienden su derecho a la intimidad y a su libertad de conciencia y piden “que quede suficientemente claro el límite de los llamados «gabinetes de la familia» y se evite su indebida injerencia en la vida de nuestras familias.

“Nos consta que en algunos casos llegan a fiscalizar la vida ajena y a inmiscuirse en la privacidad del hogar, lo cual atenta contra el Artículo 75 del código de la familia que afirma claramente la «patria potestad» de los padres”, afirman.

También lamentan “que se esté imponiendo en algunos centros educativos la enseñanza de la llamada «ideología de género» opuesta al plan de Dios Creador y «a las diferencias dadas por la naturaleza humana»”.

“Al menos pediríamos que se dé igual oportunidad en las escuelas y universidades a la enseñanza de la doctrina moral católica”, añaden.

Por otra parte, han reconocido “los esfuerzos hechos por el Gobierno por manifestar en los foros internacionales el respeto a la vida del no nacido y reconocer como «matrimonio», en sentido estricto, la unión que proviene del hombre y la mujer”.

Al mismo tiempo, señalan la conveniencia de discutir más profundamente el llamado Código de la Familia, y enriquecerlo y liberarlo “de posibles ambigüedades”.

Además, destacan la necesidad de “hacer esfuerzos educativos, pastorales y legales para superar una mentalidad machista” y de un programa educativo nacional para superar la violencia contra la mujer.

La Iglesia en Nicaragua anima al Gobierno a evitar “el adoctrinamiento ideológico de los jóvenes en las escuelas y universidades, sin inmiscuirlos en otras actividades fuera del ámbito educativo”, a promover sólo a los jóvenes que demuestren haber asimilado los conocimientos recibidos y a privilegiar el área humanística.

Pobreza y justicia

A pesar de los esfuerzos del Gobierno por superar el problema de la pobreza, “gran parte de nuestra población vive en la miseria, el desempleo es alarmante, el costo de la vida y la pobreza crece continuamente mientras que al mismo tiempo, como ha ocurrido siempre en la historia de este país, unos pocos individuos y grupos de poder siguen enriqueciéndose sin medida”, constatan los obispos.

También alertan de la “generalizada falta de atención médica de calidad en hospitales y centros de salud y la ausencia de medicamentos adecuados para muchas enfermedades” en muchas zonas de Nicaragua y afirman que “urgen políticas de salud pública más eficaces y coordinadas”.

El sufrimiento en las cárceles es otro de los problemas tratados por los obispos, que advierten que “la población penitenciaria vive un alarmante y peligroso hacinamiento” y que “han aumentado situaciones y condiciones en donde se practica un trato inhumano cruel y degradante”.


“¿Qué valores orientan al sistema penitencial nacional?, ¿qué formación reciben los oficiales que laboran allí, especialmente en materia de derechos humanos?, ¿qué tipo de criterios se utilizan para seleccionar a dichos funcionarios?”, preguntan.

Además, recuerdan que muchos presos se encuentran con el problema de que aun “habiendo cumplido sus condenas establecidas por la ley, no se da trámite a su salida de la cárcel de parte de las autoridades”.

Los obispos piden también un sistema del Seguro Social justo y económicamente sólido a favor de todos los trabajadores del país, y que aumente la protección de las personas que salen del país en busca de empleo exponiéndose a diversos tipos de explotación.

“Sugerimos además acompañar a los jóvenes que han sido becados por el Gobierno en el extranjero para evitar sufrimientos precarios y un regreso frustrado al país”, continúan y que haya mayor supervisión de los funcionarios de las fronteras para evitar el drama doloroso del tráfico de menores”.

A la vez que reconocen  los esfuerzos de la policía por garantizar la seguridad ciudadana, los obispos urgen “poner fin a todo abuso de autoridad y maltrato de parte de la misma Policía frente a ciudadanos que reclaman sus derechos pacíficamente, e igualmente velar para que la Policía Nacional no caiga en la indiferencia y el desinterés para hacer prevalecer la justicia y salvaguardar la integridad de grupos indefensos”.

La conferencia episcopal propone además “que se termine con la falta de respeto a los derechos humanos en el campo del trabajo” y se superen, entre otras cosas, el desempleo permanente y la desigualdad de oportunidades y “las erráticas políticas públicas de generación de empleo, en donde se favorece sólo a un sector que es partidario del Gobierno”.

En este sentido, los obispos constatan la existencia de “algunas decisiones del Estado contra todo trabajador o trabajadora que no sea afiliado al partido de Gobierno, exigiéndoles para obtener o mantener un empleo condiciones tales como la participación en actividades políticas partidarias del Gobierno y la retención en el salario de una cantidad como aporte partidario”.

Y añaden que a veces falta acceso a la información pública y no se respeta el derecho a la libertad de expresión, “debido tanto al creciente monopolio de los medios de comunicación social de parte de grupos que no favorecen la pluralidad de la información, como de la discriminación de un gran sector de medios de comunicación social y de profesionales de la información”.

Medio ambiente y tierras

El episcopado también muestra su preocupación por “el creciente y alarmante deterioro y destrucción de nuestros recursos naturales”, lamentando el problema de la minería a cielo abierto y el deterioro irracional de los bosques provocado por los planes de manejo forestal y los cambios de suelo para el cultivo del café.

Y se hace eco de “los clamores de las etnias de las riberas del río Coco, zona norte, zona atlántica y otras zonas del país, acerca de la existencia de una mafia maderera que viene depredando las pocas reservas verdes que nos quedan”.

Al mismo tiempo, indica la importancia de seguir mejorando la red vial en la Costa Caribe, que ha sido “una verdadera colonia del Pacífico”, afirman recordando la extracción de sus recursos naturales y el establecimiento de un sistema de tenencia de tierras no respetuoso con las costumbres de los habitantes de la zona.

Los obispos proponen también “realizar con urgencia un censo de familias no indígenas que se han ubicado en esos territorios para conocer su situación jurídica”.


Y advierten que “los colonos que llegan a estas tierras destruyen los bosques para hacer potreros; el indígena ve el bosque como parte de su hábitat normal. Son dos cosmovisiones distintas y dos culturas distintas”, conscientes de las consecuencias violentas que este problema ha suscitado en los territorios.
Libertad

Los obispos constatan en los últimos años “un intento de reduccionismo de las personas, a través de adoctrinamientos exteriores que hacen de ellas seres dependientes, cercenando su inteligencia, su voluntad y la libertad de ser ellas mismas”.

Y muestran su preocupación por “la difusión de políticas estatales sincretistas que distorsionan la vivencia religiosa del pueblo cristiano y entorpecen una respetuosa relación entre Iglesia y Estado”.

En este sentido, advierten que “no es conveniente para nadie la manipulación política de los signos religiosos para intereses políticos; ni la apropiación arbitraria de terminología y valores de la religión católica para incorporarlos a slogans partidarios, desvirtuando de este modo su real y verdadero significado”.

“Se ha caído lamentablemente en la tergiversación del imaginario de la piedad popular –afirman-: se está pasando del Dios providente al partido proveedor; se alimentan los falsos mesianismos y se está imponiendo una corriente ideológica político-partidaria a través de la cual se plantea un “culto a Dios” que en realidad intenta disfrazar el endiosamiento de la creatura humana”.

También lamentan que se han ido cerrando a la Iglesia escenarios de evangelización como las escuelas, los hospitales, las cárceles, etc. y piden que se facilite su presencia en ellos.

Y explican que algunas instituciones estatales, bajo la excusa de “ayudar” y “subsidiar” diversas festividades religiosas, “las manipulan, distorsionando su verdadero sentido religioso y sirviéndose de ellas para campañas políticas a favor del Gobierno”.

También respecto a la evangelización, consideran “sumamente grave que persista la práctica de ofrecer “dádivas” de parte del Gobierno a agentes de pastoral con la finalidad de comprar sus conciencias” y destacan que “el apoyo del Estado a las obras de la Iglesia debe hacerse por los debidos canales legales y respetando y distinguiendo tanto la libertad religiosa como la acción puramente política”.

Citando un documento de la conferencia episcopal de 2012, afirman que “la actividad política en el país está hoy dominada por un estilo de ejercer la autoridad de un modo autocrático y abusivo” y ante ello ofrecen  dos propuestas concretas: la realización de un “Gran Diálogo Nacional” en el que participen todos los sectores del país, y dar inicio a una profunda reforma política de todo el sistema electoral del país.

Leer aquí el documento de la Conferencia Episcopal de Nicaragua. 

Tags:
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