Este tema saltó a la palestra nacional dominicana y a la opinión pública internacional a raíz de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, hace ya casi un año, que obligaba a regularizar la situación de extranjeros con documentación incorrecta en el país.
Desde entonces el Presidente Medina ha demostrado habilidad y prudencia para gestionar esta crisis a nivel interno e internacional, recogiendo las opiniones y voluntades de las distintas parte afectadas e intervinientes en el conflicto.
Aunque la nueva ley aprobada se refiere a todos los extranjeros, se entiende que el gran grupo de destinatarios son los descendientes de haitianos.
Desde esa sentencia del TC la situación política interna del país ha estado a la expectativa y la imagen internacional deteriorada a causa de la incorrecta interpretación de algunos países del entorno que exigían unos términos que ni ellos mismos cumplen en materia migratoria.
La decidida intervención del presidente dominicano Danilo Medina en la reunión internacional de Cuba dejó claro el derecho a la autodeterminación de los dominicanos sobre sus problemas internos y la no aceptación de presiones ni ingerencias de intereses extranjeros.
Por otro lado la situación actual de Haití, tanto social como económica, es de inestabilidad y difícil gobernabilidad; República Dominicana que es un país con alto índice de pobreza, aunque con estabilidad política que le permite ir emergiendo, no puede hacerse cargo de los problemas de su vecino Haití, como pretenderían algunos de los países del entorno. Dominicana, dentro de su escasez económica se ha portado generosamente con los vecinos haitianos y está en la línea de continuar con los acuerdos de colaboración entre ambos países en materia social, comercial, de salud, de educación, etc.
Recojo algunos párrafos que me parecen claves de la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley que acaba de ser aprobada:
“En primer lugar están aquellas personas nacidas en la República Dominicana cuyas actas de nacimiento fueron instrumentadas irregularmente por funcionarios públicos, a pesar de no haber cumplido los declarantes con el requisito de presentar una cédula de identidad válida al momento del registro. Sin embargo, esas personas han actuado bajo la presunción de que gozan de la nacionalidad dominicana.
Hablamos, en este caso, de personas nacidas en República Dominicana, que siempre han vivido en nuestro país, que se sienten dominicanos y que, en todos los casos cuentan, además, con un documento oficial emitido por el Estado Dominicano que les permitió desarrollar su vida civil con certezas y expectativas concretas basadas en dicha documentación.
Regularizar estos documentos es la forma más justa, rápida y definitiva de terminar con la incertidumbre de estas personas y sus descendientes y, desterrar para siempre la posibilidad de que sus derechos sean restringidos por carencias administrativas en las que ellos no tuvieron ninguna responsabilidad ni participación”
“En definitiva, se trata de permitir a estos hombres y mujeres que vivieron toda su vida con una identidad jurídica dominicana, que en muchas casos obtuvieron su cédula, su certificado de estudios primarios y secundarios, e incluso algunos votaron o contrajeron matrimonio con esa documentación, que les sea reconocida definitivamente y como válida y puedan así, continuar su vida normalmente”
Con esta ley, por lo tanto República Dominicana, además de resolver un problema político y social nacional e internacional, completa un marco legal insuficiente y una administración incorrecta.
Ahora toca a las autoridades de Haití solucionar el problema de más de la mitad de sus ciudadanos que carecen de documentación de identidad.
Hoy celebramos a...