La política de deportaciones seguida por las administraciones sucesivas del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha hecho que el Día de las Madres, celebrado ayer en la Unión Americana, se convierta en un día de protestas y de tristeza para una gran cantidad de madres de familia que han quedado solas, al frente de su familia, tratando de ganarse la vida en un país que ha puesto de regreso o en centros de detención a sus maridos.
La deportación de inmigrantes hombres sigue estando a la cabeza de las estadísticas de la Oficina de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos con un 94 por ciento de los deportados, sin embargo, una elevada porción del 6 por ciento son mujeres expulsadas mismas que suelen ser madres de familia y que dejan a sus hijos en la total indefensión. Esta situación ha servido de punta de lanza de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos para exigir a la Casa Blanca y a los representantes legislativos, una reforma integral que beneficie, al menos, a 11 millones de inmigrantes que permanecen en Estados Unidos en condición de “ilegales”.
La expulsión, sobre todo la expulsión de las mamás, en muchos casos, suele tener efectos devastadores para miles de niños que son entregados a familiares, conocidos y en algunos casos son dados en adopción, lo que ha originado lo que los obispos estadounidenses no dudan en llamar “una catástrofe humanitaria” en un país que se ha hecho “en base a las inmigraciones”.
A la espera de la deportación o del milagro
Tras dos millones de deportados por parte de las administraciones de Obama, poco a poco las madres –sobre todo las madres de familia hispanas– se han convertido en el principal pilar de la familia. Aproximadamente 40 por ciento de las familias en la Unión Americana tienen como cabeza y principal fuente de ingreso a una mujer, la mayor parte de estas mujeres lo son porque sus maridos han sido deportados. Muchas de estas mujeres que son a la vez madres de familia, viven en un purgatorio. A la espera de su deportación. O de un milagro.
Como el caso de Catia Paz Álvarez, una inmigrante salvadoreña que apenas el viernes pasado recibió una llamada del servicio de Inmigración y Aduanas para informarle que el gobierno le había concedido un año de prórroga a su proceso, según informa el periódico mexicano La Vanguardia. “Ha sido como un milagro. Ahora mismo voy a que me retiren el brazalete electrónico. Y el domingo iré a la Iglesia a dar las gracias y a estar con mi familia. Ha sido una sorpresa y un buen regalo por el día de las madres”, aseguró Catia quien tenía fijada su fecha de deportación para el 23 de este mes.
La historia de Catia es, quizá, la historia típica de los millares de migrantes de Centro América, expulsados de sus países por la pobreza, la violencia y la falta de oportunidades de desarrollar una vida digna. Ella llegó a los 17 años a Estados Unidos. Desde su ingreso al país han pasado 12 años. En ese tiempo conoció a su esposo, también salvadoreño, quien tiene una residencia legal gracias al programa de Protección Temporal (TPS). “No queremos que rompan nuestra familia. Dios me ha dado a mi esposa y a mis hijas. Y todos los días hemos rezado para evitar su expulsión. Al parecer, Dios nos ha escuchado en esta ocasión. Nos han dado otro año de prórroga y estamos muy felices. Pero la lucha aún no concluye”, dijo Germán Reyes, esposo de Catia, quien no podía ocultar su alegría.
“Cada día es una pesadilla”
Sin embargo, no todos los días se produce un milagro como el que ha sacado momentáneamente a Catia del purgatorio que ha vivido. Al igual que Catia, Juana Luz Tobar Ortega, madre y abuela de ciudadanos de Estados Unidos permanece en la lista de espera para abandonar el país como parte del programa de deportaciones. “Mi madre lleva más de 25 años en este país. Desde hace dos años, hemos vivido una pesadilla sin saber cuándo se la van a llevar. Cuando nos quedaremos sin ella”, aseguró Lesvi Molina, su hija desde su residencia familiar en Carolina del Norte.
Hace dos años, Juana Luz Tobar fue detenida por no tener papeles en regla. Por más de 20 años, consiguió formar una familia y alejarse de la violencia que la obligó a emigrar de Guatemala. “Hoy es una pesadilla. Mi madre nunca ha cometido un crimen. Siempre ha trabajado. Ha pagado sus impuestos. Es muy frustrante el vacío legal e informativo. No sabemos si, cuando regresemos a casa, va a estar”, dijo Lesvi Molina.
Si bien es cierto que el Departamento de Seguridad Interna (el célebre, entre los migrantes, Homeland Security) ha anunciado en varias ocasiones la revisión de sus políticas de deportación, “para aplicar la ley de una forma más humana”, también lo es que las familias con miembros en la lista negra viven en la zozobra. La decisión de la Casa Blanca de revisar las políticas de deportación, se enfrenta a la presión de organizaciones defensoras de la comunidad migrante que le han demandado ampliar el Programa de Acción Diferida que anunció y puso en marcha septiembre de 2012.
Hoy celebramos a...