Monseñor Tomasi confirma que la Santa Sede está trabajando por los derechos humanos y el padre Lombardi pide salir de ideologías
El Vaticano ha presentado su informe inicial ante el Comité de la ONU sobre la Convención contra la Tortura (CAT), en Ginebra, durante la 52ª sesión de este organismo.
La delegación de la Santa Sede ha confirmado que la lucha contra cualquier tipo de tortura es una “cuestión crucial y moral”, dijo monseñor Silvano Maria Tomasi.
El representante de la Santa Sede ante la ONU elogió a “la Convención” como instrumento para “la defensa contra los actos de tortura” y otros tratos “crueles, inhumanos o degradantes”.
Asimismo, consideró que es un instrumento adecuado para “luchar contra los actos que constituyen un delito grave contra la dignidad de la persona humana”. De hecho, expresó que "la Santa Sede” con sus propios principios está en sintonía con los ideales que defiende la Convención contra la Tortura, que se remonta a 1984
Diferencia entre Santa Sede, Ciudad del Vaticano e Iglesia católica
El jefe de la delegación de la Santa Sede ante la ONU en Ginebra aseguró que la Convención es aplicable “al Estado de la Ciudad del Vaticano”, que tiene poco menos de 1000 habitantes y advirtió que pueden ser “engañosas” las referencias que confunden la Santa Sede con la Ciudad del Vaticano.
El arzobispo ilustró el informe inicial que la Santa Sede presentó en diciembre de 2012 con las distinciones entre Iglesia católica, Santa Sede y Ciudad del Vaticano.
No obstante, confirmó que la Santa Sede “fomenta a nivel mundial” los derechos humanos reconocidos por la CAT, “mientras implementa su aplicación en el territorio del Estado de la Ciudad del Vaticano”.
Monseñor Tomasi, refiriéndose al sistema legal del Estado del Vaticano, afirmó que es “autónomo en relación con el ordenamiento jurídico de la Iglesia católica”.
De hecho, como se explica en la Declaración, la “Santa Sede no tiene jurisdicción sobre cada miembro de la Iglesia católica”. Esto significa que “las personas que viven en un determinado país se encuentran bajo la jurisdicción de las autoridades legítimas de ese país”.
Pero en el caso de las personas que cometen un delito en la Ciudad del Vaticano como la tortura, la Santa Sede puede ejercer, en cambio, su autoridad como lo hace cualquier Estado en su territorio de acuerdo con sus leyes.
Al respecto, monseñor Tomasi confirmó que en el Estado de la Ciudad del Vaticano se han hecho cambios en las leyes para aplicar la Convención en relación con la definición de la tortura, los tratos crueles e inhumanos, definiciones y posiciones ahora definidas en el código penal.
Una excepción son los casos de extradición que puede ser denegada por la Santa Sede si el Estado que la requiere “practica la tortura o tiene en vigor la pena de muerte”.
Por otro lado, el arzobispo también reiteró que la Santa Sede, a través de sus medios de comunicación, documentos y publicaciones en general promueve la “prohibición de la tortura y otros tratos o castigos crueles”.
Entretanto, la presentación del representante confirma el deseo de la Santa Sede de “prestar apoyo moral y su colaboración a la Comunidad Internacional, a fin de contribuir a la eliminación del recurso a la tortura, que es inadmisible e inhumano”.
La comisión de la ONU, compuesta por expertos independientes, emitirá sus observaciones finales el 23 de mayo, cuando el Comité ofrezca la conferencia de prensa que clausura la sesión y luego publique el resultado. La Santa Sede podrá responder sucesivamente por escrito en modo formal si no está conforme.
El comité de la ONU examinará los informes de ocho países: Uruguay, Tailandia, Sierra Leona, Guinea, Montenegro, Chipre, Lituania y la Santa Sede.
La Santa Sede pide de no caer en ideologías
En este contexto, el director de la Oficina de Información de la Santa Sede, el padre Federico Lombardi confirmó a través de Radio Vaticano que “la Santa Sede propone también una enseñanza importante sobre el tema de la tortura”.
La Santa Sede está aplicando como se indicó en julio de 2013, las Convenciones Internacionales en sus leyes “no sólo contra la tortura, sino también contra la criminalidad en ámbito económico, contra la discriminación racial y por los derechos de los niños”, confirmó Lombardi.
El portavoz vaticano afirmó que existe una cierta coacción sobre los “comités y sobre la opinión pública” y recordó que algunos grupos ideológicos han hecho “presión” para incluir también en la “discusión sobre la tortura el abuso de “menores , que correspondería mucho más a la Convención sobre los Derechos del Niño”, recordó.
“Es también oportuno observar que los expertos que forman parte de los comités son en su mayoría personas que trabajan con gran determinación y mérito en las causas de la promoción de los derechos humanos, de las que, por lo tanto, tienden a ampliar los espacios y formas de defensa” dijo.
Sin embargo, advirtió que “esto debe necesariamente equilibrarse con las reglas correctas de interpretación jurídica”.
“Por eso es de esperar que se lleve a cabo un diálogo sereno y objetivo, pertinente al texto de las convenciones y sus objetivos; de lo contrario las convenciones se desnaturalizan y los Comités corren el peligro de perder autoridad y convertirse en herramientas de presión ideológica”, advirtió.
Por último, Lombardi confirmó el “firme compromiso de la Santa Sede en contra de todas las formas de tortura y otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”.