En siete años desde la aprobación de la ley, su aplicación ha sido un "éxito"
Los grupos promotores del aborto “legal” en la Ciudad de México están de plácemes: para ellos que se cumplan siete años de la polémica Ley que permite la “interrupción del embarazo” hasta las 12 semanas de gestación, por medios quirúrgicos o por medicamentos es todo un éxito.
El 24 de abril de 2007 la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó las reformas a la Ley de Salud y el Código Penal del DF que permiten la suspensión legal del embarazo hasta la semana 12 de gestación. Esto motivó un debate en la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, finalmente, falló a favor de la legalidad de la propuesta de los diputados del Distrito Federal y del gobierno de izquierda en la capital del país.
La medida, explicaron en aquél entonces los proponentes de la Ley, “se concretó para reducir los riesgos de mortalidad materna por prácticas inadecuadas en condiciones clandestinas”. Se han habilitado –desde entonces– 14 hospitales y un Centro de Salud en el Distrito Federal “para su aplicación y se establece en la Ley el respeto a la ética y los médicos objetores”
Los números que maneja hasta el día de ayer, séptimo aniversario de la puesta en marcha de la Ley, son aterradores: 116.537 niños han sido asesinados en el vientre de sus madres en ese período. El 73 por ciento de las mujeres que se han practicado el aborto “legal” son mujeres originarias del Distrito Federal; el 24 por ciento del Estado de México y el resto de otras entidades del país.
La mayor incidencia de abortos amparados por la Ley se da entre muchachas de 18 a 24 años (47 por ciento); solteras (51.5 por ciento); amas de casa (37.2 por ciento); con nivel educativo de bachillerato (39.4 por ciento) y lo han hecho, en su mayoría, en hospitales del gobierno del Distrito Federal (58 por ciento).
Los “requisitos” son bastante menores (en un país con una larga tradición burocrática): que el embarazo no sea mayor a 12 semanas (esto – dicen – se confirma con un estudio de ultrasonido); que la mujer firme una carta de consentimiento informado (si la mujer es menor de edad, uno de los padres debe firmar la carta de consentimiento informado); que la mujer presente una identificación vigente y un comprobante de domicilio y nada más.
Los postulantes de la Ley de Interrupción Legal del Embarazo en el Distrito Federal pensaron que iba a cundir en el resto de las entidades del país; sin embargo, sucedió lo contrario: 18 de las 31 entidades legislaron a favor de la vida desde la fecundación hasta la muerte natural. Con ello se pospuso la reforma constitucional (que requiere un 50 por ciento de entidades de estados del país a favor de una Ley) y se abre la puerta para elevar, a rango constitucional, justamente lo contrario: el respeto a la vida desde su inicio.