Los obispos de Sudáfrica critican la decisión del presidente Jacob Zuma de no responder “tempestivamente y exhaustivamente” al informe del Defensor del Ciudadano Thuli Madonsela sobre los gastos efectuados con fondos públicos para renovar su residencia privada en Nkandla.
“El código de ética de los funcionarios públicos en Sudáfrica preve que el presidente debe informar a la Asamblea Nacional 14 días después de la recepción del informe. En lugar de ello, el Sr. Zuma, ha optado por ignorar esta responsabilidad ética y moral ante el Parlamento y la nación”, afirma un comunicado enviado a la agencia Fides, firmado por monseñor Stephen Brislin, arzobispo de Ciudad del Cabo y el presidente de la Southern African Catholic Bishops' Conference.
“Las conclusiones de la investigación del Defensor del Pueblo son perfectamente claras: ha habido un gasto excesivo para la mejora de las medidas de seguridad y millones de rands de los contribuyentes han sido gastados en artículos privados que deberían haber sido pagados por el presidente en primera persona”, afirma el comunicado.
Los gastos excesivos de los que iba a ser sólo un trabajo para fortalecer las medidas de seguridad de la residencia de vacaciones del presidente han suscitado el descontento en el país.
La Oficina del Defensor del Pueblo ha sido la encargada de las investigaciones. Madonsela ha publicado un informe de 450 páginas titulado Secure in Comfort, que establece que los gastos de reestructuración aumentaron de 27 millones de Raid iniciales a 246 millones y se considera una estimación por lo bajo.
“Ante los millones de sudafricanos que siguen careciendo de una vivienda digna es aún más indignante pasar que se ha gastado casi un cuarto de mil millones de rand para la seguridad y comodidad de un solo ciudadano”, concluye el comunicado
Hoy celebramos a...