Satisfación por la liberación del misionero p. Praveen Mahesan, OMI, y de Ruki Fernando, un sacerdote y un activista que habían sido detenidos por la policía el 16 de marzo y preocupación por la perpetuación de los abusos y desapariciones repentinas de activistas: son los dos puntos expresados en una declaración de la Oficina “Justicia y Paz” de la Curia General de los Oblatos de María Inmaculada, enviada a la agencia Fides.
Apoyando la legalidad y condenando toda forma de impunidad, la declaración insta al Gobierno de Sri Lanka a garantizar en todas las circunstancias la integridad física y psicológica y la seguridad de todos los defensores de los derechos humanos en Sri Lanka.
También hace un llamamiento por la liberación inmediata de Balendran Jeyakumari, una mujer tamil que estaba llevando a cabo una campaña contra las desapariciones, y para cumplir con las disposiciones de la Declaración de la ONU sobre Derechos Humanos en la promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas en Sri Lanka.
Al final de la guerra civil que asoló Sri Lanka entre los años 1983 y 2009 y en la posguerra, la población tamil fue atacada sistemáticamente en el norte y el este del país –incluso con armas químicas y con bombas de mano-: miles de civiles inocentes murieron, muchos siguen desaparecidos.
Aún hoy, miles de “presos políticos” tamiles languidecen en las prisiones estatales, algunos desde hace más de 15 años. Muchos de ellos son mujeres, ancianos, enfermos, a menudo acusados de haber dado comida a la guerrilla.
Los propietarios tamiles del 90% de los territorios ocupados durante la guerra no han recuperado sus tierras. Además, las mujeres de esta etnia sufren un “control obligatorio demográfico”, y proliferan los abusos sexuales por parte de militares que quedan impunes.
El Gobierno de Sri Lanka patrocina una colonización, étnica, cultural y religiosa por parte de los colonos singaleses, inmigrantes en masa para “convertir” y “normalizar” las zonas históricamente tamiles, especialmente el norte y el este del país. Continúa censurando los medios de comunicación y todas las formas de disidencia, incluso con la intimidación y las amenazas.