Ley seca los domingos en Honduras: un intento por detener la violencia y el crimen

El nuevo gobierno de Honduras, que encabeza el presidente Juan Orlando Hernández, ha instituido una ley seca en todo el país, desde el pasado domingo 23 de febrero, para "contribuir a bajar los índices de homicidios, accidentes viales, violencia doméstica y todos aquellos actos que están relacionados directamente con el consumo de alcohol", según ha dicho la secretaría de la presidencia a cargo de Reinaldo Sánchez.

Apenas ha sido el pasado 2 de marzo el segundo domingo en el que se lleva a cabo la prohibición de bebidas alcohólicas desde las 17.00 horas del domingo hasta las 6.00 horas del lunes. Además de la prohibición de la venta de los productos alcohólicos, los hondureños ya no podrán consumir alcohol en los espacios públicos en ese mismo horarios.

Las razones de la ley

Si bien es cierto que una ley de esta naturaleza no será la solución total al problema de la violencia, lo cierto es que puede contribuir a bajar los índices delictivos del país centroamericano.  Honduras registró en 2013 una tasa de homicidios de 79,7 por cada 100 mil habitantes, un nivel ligeramente inferior (5,7 por ciento) a los niveles de 2012 pero que todavía mantiene a este pequeño país al frente de la clasificación mundial en lo que respecto a homicidios por cada cien mil personas.  San Pedro Sula es la ciudad más violenta del mundo.

La rectora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, dijo a la prensa que la mayoría de las muertes violentas que ocurren en Honduras tienen lugar durante los fines de semana.

Con la puesta en marcha de la ley seca, las autoridades de Seguridad prevén que al terminar el año 2014 "la tasa de homicidios bajará a 30 por cada cien mil habitantes", ya que, además, esta ley abarcaría los eventos deportivos en los estadios de Honduras, donde suelen producirse hechos violentos.

Impuestos “de guerra”

Por su parte, la Secretaría de Seguridad de Honduras ha revelado que más de 15 mil autobuses y taxis de las dos principales ciudades hondureñas, Tegucigalpa y San Pedro Sula, financian el crimen organizado en ese país, a través del pago del llamado ‘impuesto de guerra’ y la extorsión.

Los estudios realizados por la entidad señalan que los transportistas pagan más de 540 millones de lempiras anuales (casi 20 millones de euros) por extorsiones y el pago del ‘impuesto de guerra’, según señala el diario hondureño ‘El Heraldo’.

Las investigaciones detallan que solamente el transporte público que opera en las ciudades de Tegucigalpa y Comayagüela gasta mensualmente unos 25 millones de lempiras (920.000 euros) al crimen organizado por concepto del pago del "impuesto de guerra".

No sólo los transportistas pagan, sino que también lo hacen las pequeñas y medianas empresas, centros de enseñanza, algunas zonas residenciales y hasta los políticos hondureños tienen que pagar su “derecho” a protección por parte de las bandas criminales que asolan a Honduras.