¿Derecho a reprimir un emigrante o derecho a conservar su vida?

A la hora de reflexionar sobre el dramático desenlace de quince seres humanos (antes que subsaharianos, emigrantes, o sin papeles) en las costas de Ceuta, que no buscaban la muerte, sino la vida, una vida más digna por la que arriesgarse, y que murieron ahogados por falta de socorro humanitario, no me alineo a ninguna de las posturas políticas partidistas que están estos días en el debate público. Ni con la postura del Gobierno –que me parece demencial- ni con la postura del Partido Socialista, que sigue manteniendo la misma opción de fondo que mantuvo cuando estuvo en el gobierno. 

El problema no está, como dicen tanto el gobierno como la oposición, en examinar si puntualmente se ha cumplido o no el protocolo legal en estas circunstancias, sino muy al contrario, bajo el supuesto de que este protocolo se haya cumplido escrupulosamente y que por tanto la Guardia Civil sólo haya hecho lo que en él se dictamina, si ese protocolo es justo. 

Se ha dicho que el gobierno no es una ONG y que la Guardia Civil no es la Cruz Roja. Completamente de acuerdo. El problema es si el gobierno tiene que respetar y defender el derecho humano de todo ser humano a ser salvado, igual que una ONG o que cualquier hijo de vecino. 

El problema es si en las costas españolas de Ceuta, además de la Guardia Civil, no tendrían que haber estado y que estar permanentemente en previsión de estas circunstancias la Cruz Roja, y que en dichas circunstancias –previas a la legalidad migratoria, las circunstancias de seres humanos que se están ahogando-, sea la Cruz Roja la que tenga que intervenir, y no la Guardia Civil, a la que yo no privaría su obligación, una vez salvadas las vidas de esas quince personas, de cumplimentar un protocolo acorde a una legislación de extranjería justa y prudente, y que en virtud de ésta, incluso, hubiese que haberles repatriado. 

Al gobierno y a la sociedad que el gobierno representa le competen aquí dos obligaciones perfectamente compatibles y que tienen un orden de prioridad moral y ejecutoria: primero salvar vidas, segundo regular la admisión o repatriación de los emigrantes. No sólo España, sino toda la Unión Europea tiene que plantearse si mantiene un protocolo que prioriza el derecho a reprimir un emigrante o el derecho a conservar su vida. Mientras sea así, como dice el Papa, esto es una vergüenza.