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México se ha convertido en un gran cementerio clandestino

© Archivo Notimex
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El anuncio del hallazgo de fosas es una constante de prensa

La cultura de la muerte se ha instalado en el país con el segundo mayor número de católicos del mundo.  Según un reciente informe de las dependencias federales que luchan contra el narcotráfico y el crimen organizado que asola al país azteca, se han encontrado más de 400 fosas clandestinas con más de cuatro mil cadáveres en los últimos ocho años, sin que se haya podido identificar a una cantidad importante de las víctimas.
 
Tan sólo la semana pasada, un hallazgo brutal en Coahuila hizo que el número de fosas y cadáveres aumentara en cerca de 200 más.  Y esta semana toca el turno a Michoacán…
 
Recuento macabro
 
Los datos muestran que el enterramiento clandestino es ya una práctica constante entre las bandas de criminales que, con ese acto, cierran la cadena de brutalidad que ha hecho que entre el mandato de Felipe Calderón y el de Enrique Peña Nieto, de 2006 a la fecha, haya habido, nada más en el rubro de la lucha contra y entre la delincuencia organizada, más de cien mil muertos.
 
En el informe sobre las fosas clandestinas, la Procuraduría General de la República (PGR), que es la única entidad que cuenta con estadísticas y bases de datos genéticos de los cadáveres, no se da cuenta de .las limitaciones evidentes que conlleva este recuento, tanto en la identificación y en el registro de los cadáveres, como en la cantidad exacta de los encontrados.
 
La PGR informó que en 2006 se hallaron 37 cadáveres en fosas ubicadas en los estados de Chihuahua, Guerrero, Jalisco, Michoacán y Sinaloa. Los cuerpos fueron sometidos a una identificación genética, sin resultados positivos debido a la falta de muestras y, en algunos casos, a los niveles de descomposición.
 
En 2007, la PRG colaboró con autoridades de Aguascalientes, Coahuila y Sonora en la extracción de 22 restos humanos encontrados en fosas clandestinas "y tampoco existió material genético para su cotejo", según un informe el periódico mexicano “La Jornada”.
 
Un año después, en 2008, se encontraron 122 víctimas en fosas localizadas en Baja California, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Estado de México, Oaxaca y Tamaulipas. En esos casos, la PGR colaboró con las autoridades locales en la extracción de las osamentas.
 
Ya en 2009, cuando comenzó la fase más dura de la llamada “guerra del narcotráfico” emprendida por el gobierno de Felipe Calderón, el gobierno federal ubicó fosas en Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Sinaloa, Veracruz y Zacatecas con 154 restos mortales. Entre 2010 y 2011, se hallaron 287 en Hidalgo, Guerrero, Morelos, Tamaulipas, Nuevo León, Sonora, Estado de México, Durango, Jalisco y Sinaloa.
 
 La PGR reportó que en 2012 realizó estudios en materia genética a 232 cuerpos, de los cuales 199 fueron identificados en localidades de Baja California, Coahuila, Colima, Distrito Federal, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacateca.
 
El año pasado, la dependencia federal realizó 419 estudios de genética y logró identificar a 51 personas. Las fosas estaban en Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Colima, Distrito Federal, estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Puebla, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.
 
De acuerdo con estos informes, tres cuartas partes del territorio mexicano –compuesto por dos millones de kilómetros cuadrados– ha sido utilizado por criminales para construir fosas clandestinas y abandonar los restos de sus víctimas. De esta manera, se hace mucho más difícil obtener evidencias que lleven a las autoridades a dar con los criminales.
 
Obispos comprometidos por la paz
 
En un reciente comunicado, a partir de los hechos en el Estado de Michoacán, los obispos mexicanos –encabezados por el cardenal Francisco Robles Ortega, presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano—urgieron a las autoridades federales, estatales y municipales a llevar a cabo “una acción pronta y eficaz ante la injusticia de los levantones, secuestros, asesinatos y cobro de cuotas que afectan al bien y la prosperidad de tantas personas y comunidades, y les pedimos estrategias para favorecer la calidad de vida de los ciudadanos y su desarrollo integral”.
 
En ese mismo comunicado del pasado 23 de octubre de 2013, en pleno despliegue de violencia en Michoacán,  los prelados mexicanos invitaron “a todos los hombres y mujeres de buena voluntad a sumar esfuerzos para enfrentar positiva, creativa y solidariamente toda forma de violencia, a fin de edificar una sociedad justa, pacífica y próspera”
 
Finalmente, con la ayuda de Dios y la intercesión de Santa María de Guadalupe, los obispos de México se comprometieron “a seguir colaborando en la atención pastoral de las víctimas de la violencia y en la reconstrucción del tejido social, favoreciendo una cultura del respeto al estado de derecho y de la paz”.

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