República Dominicana: La Iglesia católica celebra el acercamiento con Haití

Luego de la crisis migratoria con Haití y del rechazo internacional a una sentencia del 23 de septiembre de 2013, el gobierno de República Dominicana ha generado una nueva política humanitaria con su vecino, y presentó un proyecto ante la ONU para regularizar la estancia de extranjeros en su territorio.

El conflicto se desató cuando el Tribunal Constitucional de República Dominicana denegó la nacionalidad a los descendientes de inmigrantes nacidos después de 1929, con lo que serían "ilegales" o estarían "en tránsito", a partir de ese momento.

Esta sentencia afectó a cerca de 240 mil personas que nacieron ya en República Dominicana siendo hijos de haitianos, la mayoría de los cuales habían traspasado las fronteras buscando medios de vida dignos.

Tras el rechazo internacional y la posible violación a derechos humanos fundamentales, el gobierno dominicano presentó el miércoles pasado, en la sede de la Organización de las Naciones Unidas  (ONU) "su más ambicioso y completo plan para que los extranjeros en situación irregular normalicen su estatus de estancia en el país con todas las garantías legales".

Uno de los planes más ambiciosos de la historia

Según un comunicado gubernamental surgido de la presentación ante el organismo multilateral, "República Dominicana ha rendido ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU un completo informe sobre los avances del país en materia de Derechos Humanos como parte de los trabajos de la 18ª sesión de este organismo".

El tema de los derechos humanos de los migrantes ha sido tratado desde 2009 por el gobierno dominicano.  En ese sentido, la viceministra de Exteriores, Alejandra Liriano, subrayó que, "a pesar de que recientemente ha suscitado un mayor interés, se trata de un compromiso del presidente, Danilo Medina".

Liriano dijo que "el gobierno ha puesto en marcha, en tiempo récord, el más ambicioso y completo plan en la historia del país en esta materia; de hecho, estamos ante una de las mayores iniciativas llevadas a cabo por un gobierno en esta materia (migración y derechos humanos) en las últimas décadas".

La viceministra de Exteriores señaló que "las iniciativas del gobierno (de Medina) van encaminadas en dos direcciones: una, que tiene que ver con la situación irregular de los migrantes extranjeros; y dos, que se refiere a la situación de nacionales que no tengan sus documentos en regla".

La primera iniciativa es el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros en Situación Migratoria Irregular, por virtud del cual "los extranjeros en situación irregular podrán normalizarla siempre y cuando cumpla los requisitos establecidos para ello".

"Sólo con este plan, República Dominicana podría normalizar en los próximos catorce meses el estatus migratorio de miles de personas, procedentes de más de cien naciones, poniendo fin así a su situación de incertidumbre e irregularidad", dijo Liriano, quien agregó que durante el proceso de regularización “quedarán suspendidas las deportaciones de inmigrantes extranjero para quienes decidan acogerse al mismo".

Ningún dominicano va a ser despojado de su nacionalidad

El plan iniciará este mismo mes de febrero y estará ligado a la segunda iniciativa que pretende resolver la situación de irregularidad en la que se encuentran los hijos de inmigrantes indocumentados registrados en República Dominicana, y sus descendientes.  Concretamente, la situación de los hijos y los descendientes de haitianos, que son los más numerosos de la población total de República Dominicana, misma que ronda los diez millones de personas.

"Es importante resaltar que este proceso no afecta a todos los hijos de inmigrantes nacidos en el país, puesto que los que tengan al menos un progenitor residiendo legalmente son dominicanos", dijo Liriano, quien señaló que el gobierno que encabeza Danilo Medina tiene una postura firme y es que "ninguna persona que tenga la nacionalidad dominicana va a ser despojada de ella".

República Dominicana ha hecho constantemente énfasis en su compromiso con los derechos humanos básicos de todas las personas que se encuentran en su territorio.

Como ejemplo de ese compromiso, las autoridades dominicanas afirman que el país invierte 18 por ciento de su presupuesto de salud en atender a la población inmigrante y que alrededor de 36 mil hijos de inmigrantes están matriculados en escuelas públicas básicas en todo el país, sin necesidad de presentar su estatus legal.

Hablando se entiende la gente

Por su parte, el semanario católico “Camino,” portavoz oficioso de la Conferencia del Episcopado Dominicano (CED), saludó ayer jueves los avances alcanzados hasta el momento en el diálogo que mantienen la República Dominicana y Haití.

 El medio señaló que la reunión en Juana Méndez (en Haití), celebrada el mes pasado, y la del pasado lunes en Jimaní (República Dominicana) “han sido los escenarios para el diálogo franco y sincero para así alcanzar la armonía entre dos vecinos que están llamados a comprenderse”.

“Sabemos que para algunos sectores de aquí y de allá, que promueven el odio, el desencuentro, la confrontación y la división permanente, estas jornadas de negociaciones son un trago amargo porque ellos apuestan a otras vías de solución que solo conducen a la destrucción y al rencor”, subrayó el editorial de la revista que se edita en la diócesis de Santiago de los Caballeros.

“Camino” recordó que “hablando la gente se entiende”. Y apuntó: “La sabiduría popular recoge esta sentencia que a través de la historia ha mostrado su veracidad, hemos visto que los grandes y deplorables conflictos mundiales para buscarle solución han terminado en la mesa del diálogo”.