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Advierten obispos mexicanos peligro de autodefensas ciudadanas

© Public Domain
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El gobierno las regulariza en Michoacán, como parte de su lucha contra el narcotráfico

El arzobispo de Tulancingo, en el Estado mexicano de Hidalgo, monseñor Domingo Díaz Martínez, alertó sobre el peligro de regularizar a las autodefensas que operan en varios municipios del Estado de Michoacán, mientras que el gobierno mexicano ya ha logrado regularizar a por los menos 500 miembros de estos grupos armados civiles que se han levantado en armas en contra de las bandas de narcotraficantes y criminales que asolan Michoacán.
 
Violencia genera violencia
 
La solución de la violencia que enfrenta Michoacán no ha sido fácil.  Muchos mexicanos, incluso algunos sacerdotes, han visto con optimismo la aparición de grupos comunitarios de autodefensa en la región de Tierra Caliente, en Michoacán, envuelta en una escalada de violencia que parecía no tener fin, liderada sobre todo por el grupo criminal de los “Caballeros Templarios”.
 
Sin embargo, no hay que llamarse a engaño. “Aunque hay autodefensas con valores la iglesia rechaza todo tipo de violencia de donde provenga, creemos que con diálogo y a través de la fe las autoridades pueden solucionar los problemas que causan grupos como los Caballeros Templarios”, dijo el día de ayer monseñor Díaz Martínez.
 
El purpurado mexicano dijo  también que hace falta más comunicación de las autoridades para solucionar este fenómeno que se ha venido presentado y que han perturbado la paz social en diversas entidades del país, entre ellas los estados limítrofes a Michoacán como son Guanajuato, Querétaro, Estado de México y el propio Estado de Hidalgo, así como Jalisco y Colima, entre otros.
 
"Conozco de boca de laicos del Estado de Michoacán que algunas autodefensas no tienen valores y otras que sí, sin embargo representan violencia y nosotros no podemos aceptar acciones que vayan contra la paz, las familias y los individuos", comentó monseñor Díaz Martínez a pregunta expresa de si la Iglesia católica estaba a favor de estos grupos de civiles armados.
 
"Pedimos que nuestras autoridades actúen de forma adecuada, primero que nada es necesario que las conozcan para saber su origen, su ideología y la forma en cómo se comportan para entonces dialogar, no utilizar la fuerza porque eso va a ser que haya más violencia y repito, nosotros no estamos de acuerdo con la violencia, venga de donde venga", subrayó el arzobispo de Tulancingo.
 
"Deben de conocerlas (a las fuerzas civiles armadas) antes de dialogar con ellas, buscar por la paz que abandonen las armas y eso se consigue con la fe en Dios Nuestro Señor, de lo contrario pueden crear muchos más violencia teniendo consecuencias peores", terminó diciendo monseñor Díaz Martínez
 
De autodefensas a cuerpos de defensa rural
 
Mientras tanto, el gobierno mexicano anunció que ha logrado la regularización de 500 miembros de las denominadas autodefensas de Michoacán en menos de una semana.  Estas fuerzas regularizadas pasarán a formar parte de los Cuerpos de Defensa Rurales, según confirmó la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).
 
Los registros se han llevado a cabo en los municipios de Tepalcatepec, Buena Vista, Aguililla, Tancítaro, Cualcomán y Paracuaro. Sin embargo, aunque la aceptación ha sido buena, no ha alcanzado la cifra de 600 miembros registrados que pretendía el comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo.
 
Estanislao Beltrán e Hipólito Mora, dos de los principales líderes de las autodefensas del Estado de Michoacán, también entregaron el pasado viernes su documentación para proceder al registro y poder obtener el certificado médico.
 
"Nosotros cumplimos con lo que acordamos. Debemos de poner el ejemplo, por eso estamos aquí, porque queremos encargarnos de la seguridad de los lugares en los que habitamos, queremos hacer las cosas bien", apuntó Beltrán, que invita al resto de compañeros de las autodefensas a pasar por este trámite, que incluye el registro de sus armas.
 
Este proceso cuenta con la presencia de policías federales y del Ejército, que son los encargados de recibir los datos personales, acta de nacimiento y copia de credenciales de elector de cada uno de los candidatos para poder formar parte de las policías rurales y municipales.
 
El gobierno mexicano en pleno –encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto—estuvo el martes en Michoacán y ayer miércoles se anunció un programa de rescate del Estado por dos mil 500 millones de euros, lo que sería el programa de rescate más ambicioso de los últimos años a un Estado que, por mucho tiempo se dejó en manos del crimen organizado y de los narcotraficantes.
 
El arzobispo de Acapulco pide regularización
 
Por su parte, el arzobispo de Acapulco, monseñor Carlos Garfías Merlos, se refirió a la expansión de las policías ciudadanas vinculadas a la Unión de Pueblos u Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) que se ha venido dando en las últimas semanas en la región Centro del estado de Guerrero y señaló que es posible que “esta expresión ciudadana cunda en otras comunidades y regiones que padecen situaciones extremas de inseguridad”.
 
El arzobispo de Acapulco llamó la atención en el hecho de que ciudadanos armados se organizan para defenderse y protegerse cuando las instituciones públicas no lo han podido hacer de manera eficaz. Y señaló que “este hecho tiene mucha simpatía social en cuanto que abre expectativas reales de seguridad y de tranquilidad para las comunidades que han sido afectadas por la violencia”.
 
Monseñor Garfias Merlos enfatizó en su comunicado que “en el caso de estas policías ciudadanas se ha insistido que están fuera de la ley y que no cuentan con un marco jurídico que las ampare. Este hecho puede tener repercusiones negativas para los mismos policías ciudadanos, para la sociedad y para el Estado de derecho”.
 
Así las cosas, el arzobispo de Acapulco abogó porque se encuentre “una fórmula que incluya a estas policías ciudadanas de manera legal, con una regulación que satisfaga no sólo la coherencia con las leyes constitucionales sino también, las necesidades de las comunidades a las que pertenecen”.
 
El purpurado mexicano terminó diciendo: “Hay que pensar en una policía firmemente vinculada a las comunidades y a sus autoridades y, a la vez, coordinada con el aparato de seguridad pública de los municipios, del Estado y de la federación. Se necesita un marco legal que satisfaga las necesidades de los pueblos para evitar en el futuro la proliferación anárquica de grupos civiles armados y para que la policía ciudadana tenga plena seguridad jurídica”.

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