El proyecto de ley para reformar la ley del aborto española no viola ninguna norma europea ni internacional, afirma el Centro Europeo para la Ley y la Justicia (ECLJ) en un detallado análisis de las principales disposiciones del texto. En opinión de su director, Grégor Puppinck, tanto las críticas de los “pro-aborto” como el optimismo de los “pro-vida” son excesivas.
Más allá del derecho, para el ECLJ, este proyecto de ley muestra una nueva tendencia política en Occidente según la cual ya no se considera el aborto como una “libertad y un progreso”, sino como una violencia a limitar.
En este marco, “la futura aplicación de este proyecto de ley sigue siendo imprevisible y dependerá en gran medida de las circunstancias políticas y culturales”.
El Proyecto de ley tiende a proteger a la vez la vida del concebido y los derechos a la salud y a la vida de la mujer embarazada.
La nueva ley sustituirá a la ley de 2010 sobre la salud sexual y reproductiva y la interrupción voluntaria del embarazo que ha sido fuertemente criticada desde su adopción: un millón de personas se manifestaron contra este texto en octubre de 2009.
La ley vigente, que modificó una ley del año 1985, presenta el aborto como un derecho y una libertad, y ya no como una excepción al derecho a la vida del no nacido.
Según esta ley adoptada bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, el aborto se puede practicar por una simple demanda durante las 14 primeras semanas del embarazo.
El aborto también es posible hasta la semana 22 en caso de “grave riesgo para la vida o la salud de la madre o del feto”. Sin embargo, por la ausencia de un mecanismo real de control, el aborto, de hecho, se ha hecho disponible a demanda hasta las 22 semanas de gestación.
Además, en caso de enfermedad grave e incurable en el momento del diagnóstico, el aborto se puede practicar hasta el final del embarazo con la condición de que esta enfermedad sea certificada por una comisión de médicos, que pueden pertenecer a la clínica en la que se realice el aborto.
Por otra parte, esta ley de 2010 permite a las menores abortar anónimamente y limita fuertemente el derecho a la objeción de conciencia del personal médico.
En resumen, con la ley de 2010, dirigida a extender y facilitar el aborto, convertido en “derecho” en sí mismo, se corre el riesgo de restringir los derechos de los demás.
Por otra parte, esta ley ha permitido la aparición de prácticas intolerables, como el desarrollo de una casi-industria del aborto, en establecimientos privados especializados, algunos de los cuales realizan abortos tardíos muy lucrativos a una “clientela” internacional.
El nuevo proyecto de ley del 20 de diciembre de 2013 tiene como objetivo salir de esta lógica de “aborto-libertad individual” y reequilibrar los derechos de las personas implicadas, es decir los del niño por nacer y los de su madre, así como los de los padres (en caso de aborto de una menor), los del personal sanitario y los de toda la sociedad.
Este proyecto de ley no se basa en la idea de que existiría, o no, un derecho al aborto, sino que parte de la constatación de la realidad primera de la existencia real del niño concebido: un ser humano existe desde antes del nacimiento y merece protección. Esta realidad es a menudo ignorada o disminuida por quien concibe el aborto ante todo como una libertad individual.
La existencia de este ser humano vivo –aunque todavía en gestación- excluye que una persona pueda tener un poder absoluto sobre su vida, y por tanto pueda disponer de un derecho fundamental a abortar.
El punto de partida de esta ley hace por tanto imposible la afirmación de un derecho al aborto. En cambio se dirige a tener en cuenta los derechos de todas las personas implicadas en el aborto allí donde la ley de 2010 hacía prevalecer ampliamente los de la madre. Se trata, por tanto, de encontrar el equilibrio mejor entre los diversos derechos e intereses en concurrencia.
De esta búsqueda de equilibrio resulta que la vida del niño por nacer no puede sacrificarse más que por un motivo proporcionado. En cambio, cuando ningún motivo justifica una petición de aborto, la vida humana no puede ser sacrificada, sino que debe ser protegida y acogida, con el apoyo de la sociedad. En consecuencia, el proyecto de ley tiene como efecto abolir el aborto “a demanda”.
El proyecto de ley precisa las circunstancias y condiciones en las que se puede practicar un aborto. Concretamente, la ley prevé que el aborto esté despenalizado cuando se practique:
– en caso de violación, durante las 12 primeras semanas del embarazo
– durante las 22 primeras semanas de embarazo en caso de necesidad testificada por un comité médico independiente y si no puede encontrarse ninguna solución en el marco médico o de ninguna otra manera, para evitar un grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la mujer embarazada. Este grave peligro para la salud psíquica de la madre puede resultar de una malformación del niño de naturaleza tal que causa su muerte durante el embarazo o al poco tiempo de su nacimiento. El plazo de 22 semanas de embarazo corresponde al umbral de viabilidad del niño fijado por la Organización Mundial de la Salud
– hasta el final del embarazo cuando el niño sufre una anomalía “incompatible con la vida” no diagnosticada durante las 22 primeras semanas o cuando continuar con el embarazo haga correr un riesgo vital a la madre, con certificado médico.
Por otra parte, el proyecto de ley restablece varios derechos y obligaciones suprimidos por la ley de 2010, en particular el derecho fundamental del personal sanitario a la objeción de conciencia, el derecho de los padres a ser informados del embarazo de su hija menor, y la obligación de información de la mujer embarazada y el plazo de reflexión. Finalmente, prohíbe la publicidad a favor del aborto.
Este proyecto de ley sale al encuentro del pensamiento dominante heredado de finales de los años 1960 y constituye un cambio político. De manera espectacular, este cambio viene a alimentar una nueva tendencia, que se ve realista y progresista y que tiende a reemplazar la política del “aborto sistemático”.
Esta política está en vías de esbozarse en Europa y en los Estados Unidos, donde varios Estados han debatido recientemente y a menudo adoptado nuevas leyes que mejoran la protección de la vida humana.
Es el caso de Reino Unido, donde se cuestiona regularmente limitar el plazo legal de aborto; Suiza, que se prepara para votar en referéndum sobre la supresión de la financiación pública del aborto; Rusia que ha adoptado leyes que refuerzan los derechos de la madre y del niño; Polonia cuyo Parlamento ha adoptado en primera lectura nuevas restricciones, Letonia, Lituania cuyo Parlamento prepara actualmente la abolición del aborto a demanda, Hungría que adoptó en 2011 leyes protectoras de la familia y del embrión humano, Turquía, Macedonia que adoptó el 10 de junio de 2013 una ley en este sentido, o incluso Noruega que acaba de disminuir el plazo legal de aborto garantizando totalmente el derecho a la vida del hijo después de las 22 semanas.
Esta tendencia todavía es más marcada en los Estados Unidos, donde se opera una verdadera transición cultural. Así, entre 2010 y 2013, los Estados norteamericanos han adoptado 205 restricciones nuevas al aborto, un número más alto que en los diez años anteriores. Estas han prohibido el aborto más allá de las 20 semanas en una docena de Estados, han reforzado la protección de los niños por nacer discapacitados, impuesto condiciones más estrictas a las clínicas, o incluso enmarcado más el aborto químico.
Dakota del Norte ha reducido el límite legal a seis semanas. En el mismo sentido, el número de Estados hostiles al aborto se ha doblado entre 2000 y 2013, pasando de 13 a 27.
Finalmente, sólo el 12% de la población americana considera todavía que el aborto es moralmente aceptable, contra el 49% que lo considera inmoral. El cambio es tan profundo como espectacular.
Así, tras haber liberalizado bastante ampliamente la práctica del aborto, los países occidentales parecen hoy considerar el aborto más como un problema que como una libertad y la solución a las dificultades sociales de la madre.
Esta nueva política no se dirige sólo a mejorar la protección de la vida de los niños por nacer. Se dirige también a apoyar a las mujeres embarazadas y a romper su soledad frente a un embarazo inesperado, a responsabilizar a los adultos, a apoyar a las familias así como a sostener la demografía y la economía.
Esta política no pretende suprimir todos los abortos, pero desea reducir el número sólo a los casos excepcionales vinculados a la salud de la madre.
Esta tendencia está en parte motivada por una voluntad de apoyar la demografía, pero también probablemente, por un “progreso de las conciencias” respecto a la naturaleza de la vida prenatal y del aborto.
Los progresos de la biología contribuyen a hacer tomar conciencia de la existencia de toda persona desde antes de su nacimiento. Respecto a la violencia y al sufrimiento causados por el mismo acto del aborto, el discurso militante sobre el aborto no aporta respuesta. Las nuevas generaciones de médicos aceptan cada vez menos practicarlo.
Se cuestiona la idea, heredada de la revolución sexual de los años 1960, de que el aborto es un “progreso y una libertad”. Así, tras varias décadas de práctica intensiva, la experiencia conduciría a los gobiernos a intentar otra política.
España es objeto en estos momentos de vivas críticas, como lo fueron también los demás gobiernos europeos deseosos de limitar el aborto. Estos gobiernos, algunos, han resistido a las críticas y han logrado aprobar su proyecto de ley, otros han cedido a la presión, como Turquía.
Es probable que, para responder a estas críticas, el ministro español de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, vaya próximamente a Bruselas; pero su intención es en primer lugar explicar y promover esta nueva política en Europa. Está “convencido de que esta iniciativa tendrá un seguimiento en otros parlamentos de otras naciones europeas”.
Por las reacciones provocadas por este proyecto de ley, el European Centre for Law and Justice ha realizado un detallado análisis de sus principales disposiciones, en las que se compara con el derecho vigente en otros países europeos, así como con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
El resultado de este análisis es que tanto la inquietud de los “pro-aborto” como el optimismo de los “pro-vida” son excesivos. Jurídicamente, este proyecto de ley no viola ninguna norma europea ni internacional.
Al contrario, este texto se alinea en los standards europeos allá donde la ley de 2010 estaba desmarcada. La decisión de restablecer la prohibición del aborto a demanda es la más fuerte; una prohibición así se ha convertido en minoritaria en Europa pero no es un caso único ni viola el derecho europeo e internacional.
Sin embargo, la aplicación futura de este proyecto de ley continúa siendo imprevisible y dependerá en gran medida de las circunstancias políticas y culturales.
Así como el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero quiso inscribir un “derecho al aborto” en la cultura española, el gobierno actual desea promover una cultura que proteja la vida de los niños por nacer, refuerce la responsabilidad de los adultos y que responda positivamente, de otra forma que no sea el aborto, a las dificultades de las mujeres embarazadas.
El proyecto español se inscribe en una tendencia política nueva dirigida a mejorar la protección legal de los niños por nacer frente al aborto. Esta tendencia política se ha hecho recientemente mayoritaria en los Estados Unidos. En Europa comienza a afirmarse. Finalmente, es en el terreno político y cultural en el que se juega el debate sobre el aborto y la protección a la vida.
En España, como en el resto de Europa, las tasas de aborto son muy elevadas y constituyen un problema de salud pública [21]. La cuestión es saber si este proyecto de ley estará acompañado de un cambio cultural, si una toma de conciencia por la sociedad de su responsabilidad de proteger y de acoger la vida se añadirá a la actual toma de conciencia de la humanidad de la vida prenatal y de la violencia del aborto.
La mayoría de abortos está causado por dificultades de tipo socioeconómico, vinculadas especialmente a los recursos financieros, a la vivienda y al empleo, o es resultado de presiones del padre.
En lugar de alentar el aborto como principal solución a estas dificultades, sobre todo en tiempos de crisis, la sociedad y los gobiernos deberían asumir sus responsabilidades sociales.
Una ley así sólo podrá reducir las tasas de aborto si la sociedad y los gobiernos se comprometen en políticas de prevención del aborto, dando a las mujeres y a las parejas los medios para asumir sus responsabilidades. La responsabilidad de la acogida de la vida no debería pesar sólo sobre la madre, sino también sobre el padre, y más ampliamente sobre el conjunto de la sociedad, cuya vitalidad está asegurada por la renovación generacional.
Hoy celebramos a...