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Ruanda: 20 aniversario del genocidio

Rwanda – genocide – commemoration – es

© BERTRAND GUAY / AFP

Isabelle Cousturié - publicado el 14/01/14

Las celebraciones conmemorativas de la masacre han empezado en Kigali, pero las causas y las responsabilidades continúan mal establecidas

Las celebraciones conmemorativas del veinte aniversario del genocidio ruandés fueron inauguradas el pasado 7 de enero con la iluminación de la llama del recuerdo en Kigali, la capital.

La antorcha, que se llevará a todas las aldeas del país antes de la apertura de un periodo de duelo nacional el próximo 7 de abril, fue iluminada por el ministro de Asuntos Exteriores, Luise Mushikiwabo, durante una ceremonia en el memorial de Gisozi. Simboliza la memoria colectiva de 800.000 personas, esencialmente miembros de la comunidad tutsi, asesinadas en los actos violentos perpetrados por extremistas hutus y grupos armados entre abril y junio de 1994.

Entre las víctimas había 3 obispos y más de 400 sacerdotes y religiosos.

Supervivientes y responsables del Gobierno se reunieron para el acontecimiento, que contó con testimonios de supervivientes que explicaron cómo han logrado reconstruir sus vidas en los últimos veinte años.

La mayor parte de los responsables de la masacre han sido juzgados por un tribunal penal internacional en Arusha, en Tanzania. Unos dos millones de personas han comparecido también ante tribunales populares, los gacaca, por su supuesta función en el genocidio. El 65% de estas personas han sido reconocidas culpables.

En todos los lugares por los que pasará la antorcha, se organizarán debates en torno a la identidad nacional ruandesa y los progresos realizados por el país tras el fin del genocidio.

Pero también habrá muchas preguntas sobre las causas de este genocidio y la “ceguera” o el “silencio” de la comunidad internacional que no intervino.

También se celebrarán estos debates en varias capitales de otros países, entre ellas Adís Abeba, Londres y Nueva York.

“Somos profundamente conscientes de las dificultades y desafíos del camino a recorrer para construir una nación, que no es tarea fácil, especialmente con la herencia de un genocidio”, declaró el ministro ruandés de Asuntos Exteriores durante la ceremonia en el memorial de Gisozi.

20 años después del genocidio en Ruanda, muchos creen todavía que no siempre se ha hecho el trabajo de memoria. Es el caso de Caritas Suiza, que el mes pasado, ante las conmemoraciones del 20º aniversario, realizó un balance muy moderado de la situación política actual, hablando de un gobierno a “dos caras” que ha logrado reparar las infraestructuras de un país completamente destruido, manteniendo a la población en la represión y bajo un control absoluto (Radio Vaticano).

En la versión oficial del genocidio, las tropas del Frente Patriótico Ruandés (FPR), que forman hoy el Gobierno, son representadas como los salvadores y los liberadores. En 1994, estas tropas habrían logrado acabar con el genocidio de los hutus contra los tutsis y liberar al país de la hegemonía de una élite compuesta por hutus.

Los defensores de versiones no oficiales de la historia están al contrario convencidos de que durante estos procesos de depuración, el FPR se habría entregado a masacres sobre la población civil hutu. Quieren saber la verdad y reclaman explicaciones.

La confirmación de esta sospecha significaría que la frontera entre autores y víctimas, entre hutus y tutsis, no sería tan clara como lo pretende el Gobierno, mayoritariamente compuesto por tutsis.

Con el objetivo de cimentar el país, el Gobierno prohíbe siempre a los ruandeses definirse como hutus o tutsis.

Caritas Suiza sostiene desde hace años un proyecto de promoción de la paz: desde hace una década, la organización caritativa está muy implicada en la fundación Núcleo de Paz.

Esta red reúne a varias organizaciones activas en el ámbito de la paz, por ejemplo asociaciones de viudos, organizaciones de jóvenes o la organización regional católica Justicia y Paz.

Busca enseñar la comunicación no violenta y la ética de promoción de la paz a los ruandeses para hacerlos aptos para resolver sus conflictos de manera leal y pacífica. Los beneficiarios aprenden a conocer sus derechos y a reivindicarlos y se forman para participar en las decisiones políticas.

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