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EE.UU.: sigue la guerra legal sobre la ley sanitaria pro-aborto de Obama

Supreme Court of the United States – es

U.S. Federal Government Photo--Public Domain

Aleteia Team - publicado el 02/01/14

Corte Suprema de Estados Unidos suspende mandato antinatalista para las Hermanitas de los Pobres

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Ante la entrada en vigencia del polémico mandato antinatalista del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos el pasado 01 de enero, una magistrada de la Corte Suprema de este país suspendió su aplicación mientras evalúa la demanda interpuesta por las Hermanitas de los Pobres en Denver y una organización benéfica de Illinois, Christian Brothers Service. Esta es la primera decisión (aunque preliminar) en contra de la norma proferida por la Corte Suprema para evitar las multas en las que incurrirá un gran número de organizaciones que reclaman el respeto de su libertad religiosa.

"Estamos felices de que la Suprema Corte haya realizado esta orden para proteger a las Hermanitas", manifestó Mark Rienzi, Consejero Senior del Fondo Becket para la Libertad Religiosa. "El gobierno tiene muchas formas para hacer llevar anticonceptivos a las personas, no necesita forzar a las religiosas a participar".

Un día antes de la implementación de la norma, fijada para el 01 de enero, el Presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB), Mons Joseph Kurtz, pidió al Presidente del país, Barack Obama, no multar a los empleadores que no desean incluir fármacos abortivos, esterilización y anticonceptivos en los seguros obligatorios de salud para los empleados. De una forma paradójica, alertó el prelado, resulta preferible retirar la cobertura de salud a los empleados que mantenerla sin los servicios considerados inmorales a causa de las cuantiosas multas que esto representa.

"Por favor considere entonces el resultado de las políticas de la Administración", solicitó Mons. Kurtz. "Los empleadores no serán multados en el próximo año (y sólo 2000 dólares por empleado después) por cancelar la cobertura en contra de los deseos de sus empleados, obligándolos a buscar cobertura individual en el mercado abierto. Pero un empleador que elige, por caridad y buena voluntad, proveer y subsidiar por completo un excelente plan de salud para sus empleados – pero que excluye la esterilización o cualquier dispositivo o droga contraconceptiva – enfrenta paralizantes multas de hasta 100 dólares por día o 35.000 dólares al año por empleado". Esta situación fue señalada por el Arzobispo como contraproducente y discriminatoria.

El núcleo del problema es la imposición de proveer directa o indirectamente servicios incompatibles con la doctrina moral católica, a pesar de que estos pueden ser obtenidos libremente por otros medios. "Este mandato incluye drogas y dispositivos que pueden interferir con la supervivencia de un ser humano en sus primeras etapas de desarrollo, siendo una carga para las convicciones religiosas sobre aborto y anticoncepción".

El Presidente de la USSCB rechazó de forma clara las fuertes sanciones impuestas a quienes reclaman el respeto de su libertad religiosa. "El resultado es una regulación que severa y desproporcionadamente penaliza a quienes desean proveer una cobertura de salud que afirma la vida de acuerdo a las enseñanzas de su fe".

El avance en la vía legal

Según el propio Arzobispo Kurtz, unos 300 demandantes han tomado parte en al menos 90 procesos legales en contra de la norma, dos de los cuales han llegado hasta la Corte Suprema. Uno de estos casos, el de las Hermanitas de los Pobres, es el que ya mereció una medida de protección por parte de la Magistrada Sonia Sotomayor, quien además concedió un plazo sólo hasta las 10 de la mañana del viernes 03 de enero para escuchar los descargos que la Gobierno pueda hacer al respecto del caso.
Ante la ausencia de correctivos suficientes a la medida, la protección jurídica sigue siendo la esperanza para las numerosas organizaciones de inspiración católica y los fieles afectados por el mandato. En 18 de 20 casos similares al de las Hermanitas de los Pobres, los jueces han concedido suspensiones provisionales, reconociendo la probabilidad de éxito de la demanda.

Según Daniel Blomberg, consejero legal del Fondo Becket, la injusticia de la norma es evidente. Una de las organizaciones demandantes tiene un presupuesto operativo de seis millones de dólares para servir a los pobres pero, a causa de las multas, dos milones de este dinero serían retirados. "Al final del día, la situación será vista por el pueblo americano", afirmó. "Verán una situación en la que el gobierno le quita dinero a los pobres y los ancianos, o los moribundos, y se lo da al IRS (organización que recauda las multas). Esa es una mala situación para todos".

Con información de USCCB, Becket Fund y CNN. 

Artículo originalmente publicado por Gaudium Press

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