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Uruguay: “plan piloto” para legalizar la marihuana en América Latina

Marihuana

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Jaime Septién - publicado el 17/12/13

Así lo piensa el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina

Un fantasma recorre los pasillos del poder y las discusiones de alto nivel en América Latina: la legalización del consumo de la marihuana como forma de “control” del mercado y como medida para que desaparezca la violencia que viene asociada con el trasiego de la droga y el control de las plazas y de las rutas internacionales.

Control adecuado; uso medicinal

Uruguay ha sido el detonador de una política de participación directa del Estado en el mercado de la droga. La legalización del uso, la siembra, la distribución y la venta de la marihuana que aprobó el legislativo uruguayo la semana pasada, ha hecho reacción en toda América Latina, una región larvada por la violencia fruto del tráfico de estupefacientes, donde los cárteles de Colombia y México, tanto como las mafias locales, han sentado sus reales y han sometido a poblaciones enteras al poderío del terror y del dinero.

Por lo pronto, el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, dijo, tras finalizar la reunión ordinaria del Sistema de Integración Centroamericano (SICA): "Creo que el paso que dio Uruguay (la aprobación, por el senado, de la participación del Estado uruguayo en la venta y la producción de marihuana así como la legalización de su consumo) es importante, una experiencia que podría tomarse como un plan piloto para toda Latinoamérica".

Uruguay pasó a ser, a partir de la semana pasada, el primer país del mundo en tener un mercado legal y reglamentado de marihuana, desde el cultivo hasta la adquisición por parte del consumidor, en una red de farmacias.

Pérez Molina, junto con otros mandatarios y ex mandatarios de América Latina –entre ellos el ex presidente de México Vicente Fox Quesada—es parte de un grupo político que busca alternativas para contrarrestar la guerra de los cárteles, en especial la desatada por el cártel de Sinaloa (México) en Guatemala.  Esta ofensiva política no descarta, antes bien alienta, la despenalización del consumo de marihuana.

"Estamos haciendo una propuesta en algunos lugares donde se está sembrando amapola –de la que se extrae el opio–", dijo Pérez Molina a la prensa tras el SICA, y subrayó que, al menos en su país se contempla "la posibilidad de que esta pueda tener un control adecuado y de que tenga un uso medicinal".

Los efectos colaterales en la industria farmacéutica

Pérez Molina se reunió con el presidente Mujica de Uruguay hace algunos meses en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, donde el gobernante uruguayo se comprometió a transmitir "las experiencias en su país".

La propuesta guatemalteca de despenalización de las drogas "ha seguido avanzando afortunadamente”, dijo Pérez Molina a la prensa panameña. Y agregó: "Lo que estamos haciendo es llevar esta discusión a otros foros, a otros niveles". 

Pérez Molina irá al Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, el próximo mes de enero para tratar el asunto de la despenalización y la participación del Estado con los invitados a este importante cónclave de la política y la economía mundial.

Sin embargo, no todo es del color que lo pinta el senado uruguayo ni el presidente Mújica.  Desde Uruguay se informa que una apreciable cantidad de farmacéuticos se ha negado a vender marihuana por miedo a posibles problemas de seguridad o a perder la confianza de su clientela tras la aprobación de la Ley sobre Control y Regulación de la Marihuana.

La mayoría de farmacias de Montevideo y los alrededores creen que puede haber problemas de seguridad si venden marihuana en sus locales, además de que temen perder la confianza de algunos clientes o que renuncien las empresas químicas farmacéuticas con las que trabajan, según unas entrevistas realizadas por el diario uruguayo El País.

Una dueña de farmacias en Montevideo dijo a El País uruguayo que "ya son bastantes los problemas que hay en la zona como para agregar uno más".  Como ella, muchos farmacéuticos uruguayos sostienen que una vez que cada consumidor agote el máximo de 40 gramos al mes que le permite la ley, querrá adquirir más cantidad.  Y que es ahí donde comenzarán los problemas con los propios dueños de farmacias, algo que el gobierno de Mújica ni siquiera alcanzó a vislumbrar.

Lo mismo que otra farmacéutica que declaró: "Esto es preocupante. Van a venir algunos a comprar, pero mañana, si no tienen dinero y saben que tú tienes la droga disponible, estás expuesto, no sólo a que te roben, sino a que te agredan".

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