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Colombia: la Iglesia, pionera en la lucha contra los abusos de menores

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Es la primera institución en el país en poner en práctica una política integral de protección de los niños

La Iglesia Católica colombiana, siguiendo las directrices estructuradas por El Vaticano, empezó ya a poner en práctica una lista de medidas con las que se busca evitar casos de abusos sexuales a niños y, en general, abatir uno de los temas más dolorosos de la actual circunstancia en el país sudamericano.
 
Las primeras diócesis en llevar a cabo estas medidas de control y de filtro en los seminarios son las de Ibagué y Espinal (Tolima), Tunja (Boyacá) y Girardota (Antioquia).  La intención de la Conferencia Episcopal de Colombia (CEC) es que todas las demás jurisdicciones vayan asumiendo, paulatinamente, las medidas que proceden del pontificado de Benedicto XVI.
 
Hacia una política integral de protección a los niños
 
Sobre este particular, el secretario general de la Conferencia Episcopal de la CEC, monseñor José Daniel Falla Robles, aseguró que la Iglesia tendrá cero tolerancia con los sacerdotes involucrados en casos de pederastia.
 
En entrevista con el influyente diario colombiano El Tiempo, monseñor Falla Robles dijo que se busca establecer una política integral de protección a los menores de edad para prevenir, investigar y sancionar eventuales delitos sexuales en las instituciones de la Iglesia.
 
“Subrayo que la Iglesia es la primera institución del país en asumir una política integral en esa materia, pese a que los casos de abusos sean pocos. Espero que esta política sirva de inspiración a otras instancias donde se presentan la mayoría de casos, como familias y colegios”, añadió monseñor Falla.
 
Según las directrices vaticanas, se informará expresamente a la víctima o al denunciante sobre su derecho y deber a poner los presuntos hechos delictivos en conocimiento de las autoridades civiles competentes, y la Iglesia apoyará, explícitamente, dicho derecho.
 
Por ningún motivo se intentará disuadir al denunciante, a la presunta víctima o a su familia de denunciar. “No hay un fuero especial para los sacerdotes. Si delinquen deben asumir, como todos los ciudadanos, su responsabilidad ante la justicia ordinaria”, agregó monseñor Falla.
 
La responsabilidad civil será del infractor
 
Más adelante, el secretario de la CEC señaló que “el espíritu de la norma es de transparencia y de colaboración con las autoridades estatales, respetando obviamente las competencias de cada uno”.
 
De acuerdo con las instrucciones vaticanas, en la Iglesia colombiana no se podrán suscribir acuerdos que exijan confidencialidad, de hechos o personas, a las partes involucradas en acusaciones de abuso sexual de menores de edad por parte de un clérigo y no se darán trámite a acusaciones anónimas. Al sacerdote involucrado y a la víctima se le tratará con compasión y se les brindará asesoría espiritual.
 
No obstante, la Iglesia no acompañará esos procesos judiciales. “En caso de denuncia de delito sexual contra un menor por parte de un clérigo presentada ante la autoridad civil, toda eventual asesoría jurídica será responsabilidad exclusiva del clérigo acusado. Ni siquiera a título privado el acusado podrá hacer uso de abogados o asesores jurídicos que tengan vínculos laborales con la circunscripción eclesiástica”.
 
Monseñor Falla aclaró que, jurídicamente, la responsabilidad de responder penal y civilmente por los hechos y sus consecuencias, incluido el eventual resarcimiento de daños, corresponde exclusivamente al clérigo infractor y no a la Iglesia como institución.
 
Especial cuidado en los seminarios
 
En este mismo orden de ideas, la Iglesia colombiana pretende fortalecer los filtros en la formación de los seminaristas, así como estrechar la atención sobre las vocaciones para poder percibir la posibilidad de una conducta desviada o criminal cuando se llegue a la vida sacerdotal.
 
“Se prestará particular cuidado en el proceso de discernimiento vocacional de los candidatos al sacerdocio, al diaconado permanente y a la vida consagrada, sin excluir la posibilidad de análisis psicológicos practicados por profesionales competentes y de recto criterio cristiano. Para ser promovidos a las órdenes sagradas, los candidatos deberán manifestar una clara madurez humana, afectiva y sexual”, dice el documento generado por la CEC, en el que se afirma que se profundizará en el conocimiento de la doctrina de la Iglesia sobre la castidad y el celibato.
 
“Se hará un discernimiento más profundo de los candidatos al ministerio sacerdotal de tal modo que sólo sean promovidos al sacerdocio quienes demuestren una sólida vida de fe y virtudes humanas sólidas. No importa el número o exclusivamente las dotes intelectuales, importa más la calidad humana y espiritual del candidato”, enfatizó monseñor Falla.
 
En su turno, durante la rueda de prensa en que se dieron a conocer estas medidas, monseñor Guillermo Orozco, obispo de la diócesis de Girardota –donde ya se acogió esta normatividad- expresó que, en general, la mayoría de servidores de la Iglesia cumple sin tacha su ejercicio. “No faltan hechos que, cometidos por una minoría de miembros del clero, desdibujan y manchan gravemente el rostro de nuestra Iglesia, así como la grandeza y la identidad del ministerio ordenado”, concluyó monseñor Orozco.

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