Cien mil asesinatos se cometen cada año en América Latina

América Latina condensa casi cincuenta por ciento del total de católicos que hay en el mundo.  Sin embargo, esta pertenencia a la Iglesia fundada por Jesucristo y encomendada a Pedro no termina de reflejarse en la vida cotidiana de los pueblos porque sigue siendo la región más insegura del mundo.

El que en alguna ocasión fuese llamado por Juan Pablo II “el continente de la esperanza” y al que el futuro santo le encomendó la tarea de re evangelizar a Europa, ha visto en los últimos años aumentar de manera alarmante la tasa de homicidios y el robo, que ha llegado a un nivel de epidemia, según el informe “Seguridad Ciudadana con rostro humano: diagnóstico y propuestas para América Latina”, dado a conocer esta semana por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El estudio detalla con un sólido aparato metodológico que, mientras los índices de homicidio disminuyen en otras regiones del planeta, el problema ha aumentado en América Latina, que registra más de cien mil asesinatos cada año, llegando a superar un millón de asesinatos entre 2000-2010.

Si bien la tasa de homicidios se ha estabilizado e incluso ha disminuido en algunos países, todavía es alta: en 11 de los 18 países, la tasa es mayor a los 10 asesinatos por cada 100,000 habitantes, lo cual echa a sonar todos los timbres de alarma en la región.

Ciudades que son fantasmas

Las muertes violentas en México, por ejemplo, han llegado a 20 mil en lo que va de 2013; mientras que en Brasil son incontables los homicidios cometidos en las zonas donde no penetra ni siquiera la policía.  Lo mismo sucede con las maras en Centroamérica o con los guerrilleros en Perú y Colombia.  Un continente que reza a Dios pero que parece tener poco apego por la dignidad del otro ser humano.

El informe de la ONU, a través del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, revela que uno de cada tres latinoamericanos dijo haber sido víctima de un delito con violencia en el 2012, principalmente un robo.  Y lo que es peor indicativo: más de la mitad de los robos son con violencia.

La inseguridad ha generado –como en el norte de México—ciudades “fantasmas”, que a partir de las siete de la tarde, sin mediar un toque de queda, se quedan vacías de personas, comercios y restaurantes.  Esto ha propiciado, además de la baja en los salarios y los empleos, un cambio de hábitos entre las familias latinoamericanas: entre 45% y  65% de las familias aduce que ha dejado de salir por la noche por la inseguridad y un 13% reportó haber sentido la necesidad de cambiar su residencia por temor a ser víctima de un delito.

Heraldo Muñoz, subsecretario general de la ONU y director del Programa para América Latina y el Caribe reveló a la prensa que “esto tiene un impacto en las vidas de las familias, las clases medias adineradas contratan vigilantes privados. Hoy en la región tenemos casi 50% más vigilantes privados que agentes de policía. Esto lo que hace es agudizar la desigualdad que ya existe”.

Delitos “aspiracionales”

Es necesario destacar que, mientras que en la mayoría de los países de América Latina la pobreza y la desigualdad disminuyeron en el periodo de 2004-2010, en más de la mitad de los países analizados la tasa de homicidio aumentó, incluso en aquellos países con menores niveles de pobreza, lo cual hace dudar de que a todo aumento de la riqueza le viene aparejado un aumento del respeto por los derechos y por la vida de los demás.

El aumento de las expectativas de consumo y relativa falta de movilidad social en la región impulsan lo que se denomina un “delito aspiracional”, es decir, el delito cometido por aquellos que “aspiran” a un nivel de vida que solamente existe en la imaginería de los medios de comunicación.

“Además, –dice una de las partes del informe– las transformaciones causadas por el crecimiento urbano acelerado y desordenado, así como los cambios en la estructura familiar y deficiencias en el sistema escolar han generado condiciones que inciden en la criminalidad”.

De acuerdo con los datos arrojados por la encuesta del PNUD, los jóvenes latinoamericanos, principalmente los varones, son los más afectados por la criminalidad y la violencia y, a la vez, son los responsables más comunes de la violencia y los delitos, según el informe, que también hace un llamado para evitar la criminalización y estigmatización de los jóvenes, particularmente los de bajos ingresos. El Salvador (92.3), Colombia (73.4), Venezuela (64.2), Guatemala (55.4) y Brasil (51.6) tienen las cinco tasas de homicidio juvenil más altas del mundo (por 100,000 jóvenes), según datos de la Organización Mundial de la Salud, del 2011.

La encuesta de cárceles que el PNUD realizó en Argentina, Brasil, Chile, El Salvador, México y Perú evidencia persistentes retos sociales. Uno de cada tres internos abandonó el hogar familiar antes de los 15 años (en Chile, uno de cada dos), y entre un 13% (Argentina) y un 27% (El Salvador) nunca conocieron a su padre o madre. La encuesta también reveló que un 40% de los internos en Chile no acabó la educación primaria. En todos los países, más de un 80% de los internos encuestados no completó 12 años de escolaridad.

Recomendaciones para vivir en paz

El estudio ofrece diez recomendaciones  basadas en las lecciones aprendidas de la región:

1. Alinear los esfuerzos nacionales para reducir el delito y la violencia, incluyendo un Acuerdo Nacional por la Seguridad Ciudadana como política de Estado

2. Generar políticas públicas orientadas a proteger a las personas más afectadas por la violencia y el delito

3. Prevenir la delincuencia y la violencia impulsando un crecimiento incluyente, equitativo y con calidad

4. Disminuir la impunidad fortaleciendo las instituciones de seguridad y justicia con apego a los derechos humanos

5. Potenciar la participación activa de la sociedad, especialmente las comunidades locales, en la construcción de la seguridad ciudadana

6. Incrementar las oportunidades reales de desarrollo humano para los jóvenes

7. Atender y prevenir de modo integral la violencia de género en el espacio doméstico-privado y en el ámbito público

8; Salvaguardar activamente los derechos de las víctimas

9. Regular y reducir los disparadores del delito, tales como alcohol, drogas y armas, desde una perspectiva integral y de salud pública

10. Fortalecer los mecanismos de coordinación y evaluación de la cooperación internacional