España y la lucha antiterrorista: Ni Parot, ni pararse

En Derecho se encuentran siempre argumentos válidos a favor de toda posición, pero los que sostenían la doctrina Parot eran técnicamente discutibles; aunque un sentido mínimo de la Justicia justificase su defensa. En Estrasburgo ha vencido, pues, una cuestión técnica; y, más allá del dolor compartido con las víctimas y el escozor en nuestra dignidad colectiva, no debemos lamentarnos. La técnica jurídica es una garantía de los derechos de los ciudadanos. Los sucesivos gobiernos de la democracia (y los señalo a todos) tendrían que haber hecho su trabajo mucho antes y haber adaptado el Código Penal con todas las de la ley a las nuevas circunstancias, sin trasladar el arreglo de sus inacciones y chapuzas a la aplicación forzada de las sentencias.

Por eso, lo urgente es aprender. Al terrorismo y demás amenazas a la sociedad se les vence con la ley en la mano, pero no con una ley caduca, o flácida que obliga a la Policía y a los jueces a hacer malabarismos, sino con una ley firme y sin complejos. Hay que legislar mejor, pronto, sin fisuras, con convencimiento.

Comprendiéndola del todo, no comparto la postura de las víctimas y de buena parte de la sociedad cuando exigen que no se aplique la sentencia de Estrasburgo. Con ellos estoy en los fines y en la repugnancia por los que ahora se alegran abierta o disimuladamente, pero necesitamos unos medios nuevos y más diáfanos. Desde luego, el desaguisado injusto de tantos criminales en la calle sin haber cumplido ni tan siquiera un año por cada persona asesinada, clama al cielo. Pero se les dan armas y argumentos si se desacata o se retuerce una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Lo que no justificaría que el Gobierno mirase para otro lado, esperando a que escampe el chaparrón mediático, como tendrá tentaciones de hacer, que ya nos conocemos. Por eso hay que armarse, espoleados por las banderillas de la injusticia, con toda una batería de leyes intachables que barra ya de la vida pública a los partidos que no condenen explícitamente el terrorismo, que cree un delito de no arrepentimiento público actual por las muertes causadas (quizá similar a la denegación del deber de auxilio) de modo que pudiese encarcelarse a los moralmente irredentos, que persiga implacablemente el impago de las indemnizaciones a las víctimas, etc. El Estado de Derecho puede y tiene que hacerlo mucho mejor técnicamente y en justicia.