La Corte fomenta el anti-hatianismo, dicen sacerdotes de República Dominicana

Tras la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, un grupo de 43 sacerdotes y religiosos de la Iglesia católica denunció ayer “el sufrimiento y la injusticia que genera (…) a las personas afectadas y sus descendientes”, tras explicar que esta disposición “arrebata la nacionalidad a cuatro generaciones”.

En una declaración pública emitida desde el histórico Convento de los Dominicos, en la  Zona Colonial de Santo Domingo, los sacerdotes y religiosos aseguraron que la sentencia “incide negativamente  en el bienestar psicosocial y económico de las personas desnacionalizadas por la acción de la Corte” Además, advirtieron que “la medida fomenta y refuerza actitudes de anti-haitianismo en algunos sectores del pueblo dominicano”.

Acompañamiento, codo a codo

“Estamos indignados de que se quiera despojar de sus derechos a miles de personas. Pedimos al gobierno que respete la ley; una sentencia no puede estar por encima de la Carta Magna”, dijeron mediante un comunicado los sacerdotes dominicanos.

“Queremos hacerles saber a nuestros hermanos dominicanos y dominicanas afectados por la sentencia número 168-13 que estamos con ellos en la defensa de sus derechos y que estamos dispuestos a acompañarlos codo a codo desde sus comunidades eclesiales, desde sus organizaciones populares y desde los movimientos sociales”, destacó el grupo de sacerdotes y religiosos católicos en su comunicado conjunto.

El padre Abrahán Apolinar, quien leyó un documento en nombre del grupo, indicó que “esa sentencia debilita el estado de Derecho del país y con ello incrementa la vulnerabilidad y no retroactividad de la ley, establecidos en la Constitución en los artículos 74.4 y 110”.

En el documento presentado ayer a la opinión pública de la República Dominicana,  también se afirma que la sentencia arrebata la nacionalidad a cuatro generaciones de personas que “durante ocho décadas fueron registradas como dominicanas, al amparo de la Constitución y de las leyes vigentes en el momento de su nacimiento”.

“Esta condición, agrega el comunicado conjunto, les fue ratificada en el artículo 18.2 de la actual Carta Magna”.

Deber cristiano: servir con justicia

“Desde nuestro trabajo pastoral damos testimonio de que la aplicación de las medidas que legaliza la sentencia injusta ya han provocado heridas profundas en la vida de dominicanos y dominicanas afectadas con los que compartimos nuestra fe.  El derecho a la nacionalidad es un derecho adquirido, a quienes se les vulneren esos derechos la iglesia estará ahí para acompañarlo”, destacó el padre Apolinar

El sacerdote sostuvo que como miembros de la iglesia y agentes de pastoral, su trabajo está focalizado “en acompañar el sufrimiento de los excluidos, defender la vida en toda circunstancia de abuso y reforzar su compromiso de servir con justicia y fraternidad”.

“El estado dominicano ha fomentado la traída de inmigrantes de Haití para favorecer un Estado  de explotación en el campo de la caña”, apuntó el padre Apolinar.  Ahora les deja en la total indefensión.

“Por eso, nuestro trabajo seguirá focalizado en acompañar el sufrimiento de los excluidos, defender la vida en toda circunstancia de abuso e identificarnos con las víctimas de la sociedad, tal como lo enseña el Evangelio según San Lucas (cap. 10, vs. 29-37).  Asimismo, advertimos a todo el pueblo que es deber cristiano el servir con justicia y fraternidad a estos hermanos y hermanas nuestros, viendo en ellos el mismo rostro sufriente de Cristo (Mt 25)”, terminaron diciendo los sacerdotes dominicanos en su comunicado.