Desalojo de comunidades indígenas en Argentina: perplejidad, dolor e interrogantes

El obispo de Merlo-Moreno advierte al gobierno: se están violando las leyes de protección a los pueblos originariosComo miembro de la Comisión Episcopal de Pastoral Aborigen de la Conferencia Episcopal de Argentina, el recientemente nombrado obispo de Merlo-Moreno, monseñor Fernando Maletti, lanzó una nueva advertencia al gobierno y a la sociedad de ese país sudamericano sobre la "inejecución" de la ley 26.160, que prevé el relevamiento territorial de los pueblos originarios.
 
Promulgada el 23 de noviembre de 2006 por el Senado y la Cámara de Diputados de Argentina, la ley 26.160 declaraba “la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, cuya personería jurídica haya sido inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas u organismo provincial competente o aquellas preexistentes, por el término de cuatro años”.
 
Plazos fatales, promesas incumplidas
 
El plazo de relevamiento, que vencía en 2010, se prorrogó hasta el 23 de noviembre de 2013.  En ese plazo, según establecía la ley, se suspendería “la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras” de los indígenas y comunidades originarias de Argentina.
 
Durante este plazo,  el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas debería haber realizado el relevamiento técnico —jurídico— catastral de la situación de dominio de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas, y promovido las acciones necesarias para ese fin con el Consejo de Participación Indígena, los institutos aborígenes provinciales, universidades nacionales, entidades nacionales, provinciales y municipales, así como con organizaciones indígenas y organizaciones no gubernamentales.
 
Finalmente, se creaba un fondo especial asignado al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas para la asistencia de las comunidades indígenas, que podría ser destinado a afrontar los gastos que demandara el relevamiento técnico —jurídico— catastral de las tierras que en forma tradicional, actual y pública ocupan las comunidades indígenas; a las labores profesionales en causas judiciales y extrajudiciales o a los programas de regularización del dominio de las tierras.
 
Sobre estas disposiciones de ley, monseñor Maletti dijo que existe una profunda brecha “entre las declaraciones y la realidad en materia de derechos territoriales indígenas".
 
Mucho gasto, muy pocos resultados
 
Monseñor Maletti presentó, junto con el obispo de Gualeguaychú y presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Aborigen, monseñor Jorge Lozano, un informe elaborado por el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen.  En este informe se muestra que se ha gastado casi el 80 por ciento del presupuesto dispuesto por ley pero que sólo se hay relevado "un 13 por ciento de los territorios".
 
Tras recordar que en noviembre expira la reglamentación en este sentido, que también frena el desalojo de las comunidades, monseñor Maletti dijo que esta situación genera "perplejidad, dolor e interrogantes" entre quienes acompañan a los pueblos originarios.
 
Monseñor Lozano,  por su parte, dijo que la "preocupación" de la Iglesia por esta problemática no es nueva y recordó el documento "Una tierra para todos", del año 2006, en el que se reclamaron políticas de Estado para evitar el "creciente proceso de extranjerización" de tierras productivas, según la agencia AICA.  Cuestionó además la falta de una legislación que frene la "expulsión" de aborígenes y productores rurales de sus lugares de origen.
 
Por su parte, el padre Ponciano Acosta, coordinador del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen, destacó que no es sólo un trabajo "de escritorio" sino desde "la realidad" y la tarea que el equipo realiza en 20 diócesis del país.
 
"Detrás de estas demoras e incertidumbre están la vida y la muerte, y el desalojo de muchas comunidades aborígenes", puntualizó el sacerdote, quien reclamó a los gobiernos nacional y provincial que "tomen nota y hagan cumplir la ley".
 
El estudio realizado por la Pastoral Aborigen, advierte que los pueblos originarios están siendo despojados de sus tierras ancestrales con consentimiento de los gobiernos.  Enseña, también, que hay poca ejecución del relevamiento territorial que debía hacer el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, quien ya ha gastado 75 por ciento del presupuesto asignado para estos asuntos.
 
Según el estudio presentado en toda Argentina se ha relevado apenas 12,48 por ciento de las comunidades indígenas y originarias, mientras en las provincias "más conflictivas como Salta, Jujuy, Formosa, Chaco y Neuquén, tan solo  (se han relevado) el 4% de los territorios".