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Adoctrinamiento y pensamiento único en las escuelas de Venezuela

Jaime Septién - publicado el 13/08/13

La Resolución 058: Soviets,o Räte venezolanos

El profesor venezolano Tulio A. Espinosa es actualmente titular en la Universidad Metropolitana (Caracas) y en la Universidad Monteávila, donde enseña Ética y Filosofía Clásica. Ha publicado numerosos estudios sobre temas educativos, sociales y es, quizá, una de las voces más sólidas para hablar críticamente de la Resolución 058 que pretende implantar el gobierno de Venezuela como forma de pensamiento único en las escuelas. Un proyecto que mantiene en vilo a ese país.
A continuación presentamos la entrevista completa que el profesor Espinosa ha concedido, de manera exclusiva, a Aleteia:
– ¿Que contempla la resolución 058?
La Resolución introduce la figura del Consejo Educativo (CE), con sabor comunal, para que rija los destinos de la escuela. Según algunos, pretende instaurar lo que fueron los ‘consejos’ (Soviets, Räte) en la Rusia y Alemania revolucionarias de comienzos del siglo 20, y como tal debe desconocerse la Resolución y rechazarse por inconstitucional..
– ¿Por qué debe rechazarse?
Porque los directivos, profesores y padres dejan de ser los dirigentes y primeros gestores de las escuelas, y son sustituidos por un organismo comunitario y varios colectivos. Se enfatiza el asambleísmo antes que el proceso decisorio ordinario.
– ¿Cuáles son los objetivos del Consejo Educativo?
El Consejo Educativo tiene cinco objetivos; un objetivo central es la creación y ejecución del Proyecto Educativo Integral Comunitario (Artículo 4). El Consejo Educativo lo conforman padres, madres, representantes, responsables, estudiantes, docentes, trabajadores y obreros; y personas naturales y jurídicas, voceros de las organizaciones comunitarias vinculadas con las instituciones educativas; la directiva de la institución escolar tiene un solo voto en las decisiones. Se organizan en al menos diez Comités (puede haber más), y se da preeminencia al Comité Estudiantil. Deben cumplir 19 funciones generales, y cada Comité las suyas (Artículo 7). La máxima instancia es la Asamblea Escolar, que se equipara a una Asamblea de Ciudadanos.
– Si se pone en práctica, ¿qué consecuencias cree usted que pudiera llegar a tener?
Eso de la puesta en práctica tiene varios niveles. Si se propone como una opción, quienes la adopten deben asumir su responsabilidad. Si se impone, el asunto se complica: muchas comunidades y muchas escuelas verán afectada su ya precaria existencia por una infinidad de nuevas obligaciones e injerencias que distraen fuerzas y perjudican la calidad del proceso educativo normal. La introducción de elementos ajenos a la escuela tiene también un riesgo para los niños. Directivos y profesores, a veces mal pagados y poco motivados, terminarán abandonando una actividad tan confusa, dejándola en manos de personas no preparadas.
Por el trasfondo ideológico y el estilo controlador del Ministerio encargado de la educación, se tenderá a instrumentalizar el sistema educativo y someter a un adoctrinamiento a todos los interesados. Téngase en cuenta que detrás de un supuesto o real involucramiento de la comunidad circundante, están los organismos y controles del estado, que dan las pautas a esas comunidades y tienen la última palabra, según reza la normativa de la Resolución.
Si añadimos la imposibilidad de que el funcionariado pueda atender bien a un sistema educativo tan vasto como el nuestro, al que se priva de libertad de acción, soy más bien pesimista sobre los resultados esperables.
– ¿No hay nada bueno?
Si quisiéramos ver aspectos positivos eventuales del proyecto, mencionaría que podría ser (en teoría) una oportunidad para dos cosas: una, que la comunidad cercana se involucre en la escuela y sus problemas, y contribuya a solucionarlos; otra, que el director y los profesores proyecten su acción educadora más allá de las aulas. En la práctica, los mecanismos establecidos en la Resolución pueden igualmente no permitir que esto ocurra.
– Una de los derechos fundamentales de los padres –según la Iglesia católica– es el de educar a sus hijos; ¿piensa usted que está resolución es violatoria de este derecho?
No es la Resolución la que viola este derecho de los padres, que por cierto no lo considero derivado de una enseñanza eclesiástica, sino contenido en la naturaleza misma de la paternidad humana y en sus deberes prioritarios, como asunto antropológico de validez general.
– ¿Hay una mentalidad estatista muy arraigada en la educación de Venezuela?
En nuestra legislación educativa de las últimas décadas (con algunas excepciones) se ha intentado asentar el dogma del Estado educador, entendido como quien tiene el papel principal en la educación. No se considera –como sería lo correcto– que la escuela complementa a la familia, y que el Estado tienen una papel subsidiario (ayudar a elevar y garantizar la calidad mínima, no suplir), allí se parte del aberrante supuesto de que los padres no saben qué conviene a sus hijos, que los maestros o profesores son menores de edad, incapaces de hacer su trabajo con autonomía, y que los funcionarios estatales pueden determinar e imponer lo que a su criterio hay que hacer. Se habla de democratización, pero en realidad el planteamiento es dirigista: muchas veces para ejercer un poder despótico, entendiendo la supervisión como mero control y no como apoyo.
– Todo esto se descubre en el lenguaje de la propia Resolución, ¿no es así?
Fíjese que en esta Resolución, el lenguaje es diferente: se habla de “la corresponsabilidad del Estado, la familia y la sociedad” (Considerando h), y de “las organizaciones comunitarias del poder popular, las empresas públicas y privadas” (Considerando i). También se declara que “El Estado… ejerce la orientación, la dirección estratégica y la supervisión del proceso educativo y estimula la participación comunitaria” (Considerando k).
Aparte de colocar a todos los “corresponsables” (los padres en particular) al mismo nivel, me parece que se busca activar políticamente a algunos elementos de la comunidad afines al partido gubernamental, para lograr objetivos del estado socialista, no claramente confesados en el origen.
– ¿Qué otro tipo de medidas peligrosas ve usted en el régimen de Maduro, sobre todo que atenten contra la pluralidad educativa y la educación en valores cristianos a los niños y jóvenes de Venezuela?
El régimen de Maduro continúa el de Chávez. Son casi catorce años. Ha habido una descalificación sistemática de todo lo que sea privado (no colectivo), y una desconfianza hacia la libre iniciativa al margen de la línea gubernamental. Pero también quienes adversan al régimen adoptan a veces posturas irracionales de rechazo, como si nada de lo que hace fuera aceptable. No hay conversaciones y consultas para acordar programas de interés común.
En la población, una parte percibe que hemos progresado (pues ha pasado de no tener acceso a determinados bienes y servicios, a tener un acceso directo y próximo). Otra parte considera que el saldo es negativo, por la inconstancia, la ineficacia y el despilfarro que creen ver en lo hecho.
En los sectores tanto público como privado, no sólo la educación primaria y secundaria está en riesgo de decaer, sino también la educación universitaria. Entre las causas hay que señalar las restricciones presupuestarias y las regulaciones limitativas (por ejemplo, de cuánto puede cobrarse por matrícula en las instituciones educativas privadas).
Finalmente, quiero decirle que no parece haber un atentado directo contra la educación en valores cristianos. Nuestro país es nominalmente cristiano y parece querer seguir siéndolo. Hace falta la intervención de un mayor número de profesores de religión y catequistas en todas las escuelas, públicas y privadas, que contribuyan al desarrollo humano y moral de nuestros jóvenes para el bien de la patria.
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