Conflicto mapuche en Chile: ¿una bomba de relojería?

Un conflicto regional de cerca de 20 años, el de los mapuches chilenos y empresas agrícolas y forestales de capital privado en las regiones del Biobío y de la Araucanía, puede degenerar, muy pronto, en una escalada de violencia que podría provocar víctimas fatales.  Los mapuches consideran que las tierras de las factorías les pertenecen por derecho ancestral de propiedad.

Al menos es lo que planteó, tras dos semanas de investigación en la zona, el relator especial de la Organización de Naciones Unidas sobre derechos humanos en la lucha contra el terrorismo, Ben Emmerson, quien dejó en claro que para disminuir el conflicto, el Estado chileno tiene que enfrentarlo de forma integral lo más pronto posible.

El conflicto proviene desde los tiempos del retorno de la democracia representativa en Chile, a principios de la última década del siglo pasado.  Las organizaciones mapuches reclaman autonomía jurisdiccional, recuperación de tierras de sus ancestros, compensaciones económicas y el reconocimiento pleno de su identidad cultural.  Una minoría ha planteado, incluso, la separación del Estado chileno.

Quienes se oponen al movimiento señalan que además de un fuerte etnocentrismo, las demandas de los mapuches generan violencia, toma forzada de predios reivindicados como suyos, intimidación a los propietarios, incendios y, últimamente, también ataques armados.

Apoyos internacionales

Los indígenas mapuches han acusado al Estado chileno de manipular o de pasar por alto la ley, sobre todo la Ley de Desarrollo Indígena; el excesivo uso de la fuerza por parte de los carabineros y la violación de sus derechos humanos, lo que les ha valido el apoyo de organismo internacionales que han hecho de la lucha de los mapuches una bandera a defender.

Por su parte, las recomendaciones de la ONU piden que el gobierno genere una estrategia nacional, cree una comisión de consulta, ceda tierras y reconozca los derechos de los mapuches para poner fin, dice el texto del relator especial, a “la discriminación institucional y judicial” de este pueblo. Para ello, Ben Emmerson solicitó el reconocimiento constitucional de los mapuche, así como la creación de un Ministerio de Asuntos Indígenas.

Emmerson recomendó también poner fin a la aplicación de la ley antiterrorista (que prevé penas más duras que la legislación común) en causas vinculadas con sus reclamaciones territoriales y pidió además enmendar o derogar esa normativa. Esa legislación, que data del régimen  de Augusto Pinochet, ““se ha convertido en parte del problema y no de la solución””, señaló el relator, quien insistió en que “se debería dejar de invocar “en este contexto políticamente delicado y potencialmente explosivo””.

Esto ha sido rechazado por el gobierno chileno.  El ministro del Interior, Andrés Chadwick, calificó como ““sin fundamento” y carente de “información adecuada”” el reporte de la ONU en el que se exige el cese inmediato de la aplicación de una severa Ley Antiterrorista a indígenas mapuches.

El martes, el relator especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo de la ONU, Ben Emmerson, exhortó al Estado chileno a cesar en la aplicación de la Ley Antiterrorista contra los mapuches.