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Lo que los políticos católicos pueden hacer por la democracia

PIERRE-PHILIPPE MARCOU

Maria Teresa Comte - publicado el 12/07/13

La religión debe ayudar a buscar principios morales objetivos que rijan la vida pública

Pese a las contradicciones a las que se enfrenta este ideal, la fe cristiana, lejos de ver la vida y la acción política una carga, o un mal necesario, entiende que el espacio de la vida comunitaria organizada políticamente es un escenario propicio para el desenvolvimiento libre de vocación humana.

Un cristiano no concibe las relaciones con la autoridad política como relaciones problemáticas o conflictivas. La acción política no puede ser por lo tanto una acción destructiva, sino constructiva. La moral política no puede ser moral de oposición, sino búsqueda y cumplimiento del bien. Esta es, dice Benedicto XVI, la moral política de la Biblia, desde Jeremías hasta Pedro y Pablo. Este modo de concebir las instituciones políticas, las relaciones políticas y el ejercicio de la función política contribuye a desmitificar la política para dotarla de racionalidad y, por lo tanto, de moralidad. La buena política es imposible sin referencia al bien: “Sólo donde el bien se realiza y se reconoce como bien puede prosperar igualmente una buena convivencia entre los hombres” (Benedicto XVI, Cristianismo y Política, 1995). Por eso la moral política, lejos de ser una cuestión privada, como pretenden las teorías del poder inocente, es una cuestión pública.

Al católico que ejerce funciones políticas le corresponde actuar de acuerdo a esta visión. Algo así es posible. La DSI, consciente de la fragilidad de los propósitos y realizaciones humanas, cree que la fe cristiana es históricamente operativa y que, en definitiva, el orden humano depende de actitudes profundas capaces de materializarse (Sollicitudo Rei Socialis, 1987). Es indudable que la manifestación pública de estas actitudes y su traducción en comportamientos políticos capaces de recuperar la dimensión moral de la democracia y fortalecer las relaciones de confianza entre ciudadanos y gobernantes dependen, en primer lugar, de la conducta política de los cargos electos. Y esto pasa, de manera urgente, por superar la mentalidad tecnicista que reduce la democracia a una simple estructura de poder mediante unos criterios prácticos que, de la mano de la DSI, podríamos sintetizar así:

− la democracia exige instituciones creíbles y autorizadas, que no estén orientadas a la simple gestión del poder, sino que sean capaces de promover la participación popular en el respeto de las tradiciones de cada nación;

− la democracia no puede favorecer la formación de grupos dirigentes restringidos que, ya sea por intereses de parte o particulares, ya sea por motivos ideológicos, usurpen el poder del Estado;

− la democracia exige, independientemente del sentido del voto en las distintas consultas electorales, que todos los ciudadanos cooperen de manera activa en la promoción del bien común. Lo comúnmente compartido es lo que debe facilitar este ejercicio de cooperación al margen de los programas de los partidos políticos;

− la democracia no es un régimen de adhesión y el poder político no es un objeto de uso restringido; – la representación política, distinta a la representación jurídica o sociológica, ni convierte a los ciudadanos en órganos del Estado, ni permite establecer una identificación absoluta entre opciones electorales y adhesión a las decisiones de gobierno. La representación, lejos de ser un simple mecanismo formal de asignación de funciones, tiene una dimensión moral “que consiste en el compromiso de compartir el destino del pueblo y en buscar soluciones a los problemas sociales”;

− la democracia requiere un ejercicio responsable de la autoridad, lo que significa una autoridad ejercida mediante el recurso a las virtudes que favorecen la práctica del poder como servicio;

− la democracia debe evitar la conversión del Estado en una burocracia caracterizada por la impersonalidad, la no-intervención o el simple “encogerse de hombros”;

− la democracia debe favorecer y fomentar el pluralismo social, así como garantizar la “subjetividad de la sociedad”;

− la democracia debe comprometerse en la promoción de la justicia social. De hecho, la democracia sólo alcanza su plena realización cuando cada persona y cada pueblo es capaz de acceder a los bienes primarios (vida, comida, agua, salud, educación, trabajo, certeza de los derechos) a través de un ordenamiento de las relaciones internas e internacionales que asegure a cada quien la posibilidad de participar;

− la democracia, por sí sola, no tiene capacidad para establecer los fundamentos morales de la convivencia ciudadana;

− las reglas y procedimientos democráticos de toma de decisiones no son el fundamento moral de las deliberaciones políticas;

− la democracia debe proteger la inviolabilidad de la conciencia, la libertad religiosa y el derecho a la vida.

A los políticos católicos corresponde trasladar a la vida política normas objetivas que animen un comportamiento político justo, siendo conscientes, sin embargo, de que no es la religión la que debe aportar al debate político esas normas objetivas. El papel de la religión, decía Benedicto XVI, consiste más bien en ayudar a purificar e iluminar la aplicación de la razón al descubrimiento de principios morales objetivos (discurso en Westminster Hall, 17 de septiembre de 2010). Y esto porque la religión no es un problema que los legisladores deban solucionar, sino una contribución vital al debate nacional. Este es otro de los inexcusables desafíos a los que se enfrenta el político católico: contribuir a buscar medios de promoción y diálogo que eviten la privatización de las convicciones religiosas y morales.

La consecución de este objetivo pasa porque el poder político reconozca que existen dominios reservados de la conciencia y que éstos, en Occidente, se han establecido por el cristianismo, el iusnaturalismo y una ética de los derechos humanos. Es una aberración que el poder político quiera penetrar los muros de la conciencia; como también los es que este mismo poder se atreva a sostener que los juicios religiosos y morales no caben en el espacio público. Algo así sucede cuando el Estado reclama para sí todo el espacio de la vida pública, al mismo tiempo que olvida que él sólo es una parte de la sociedad política.

En este punto adquiere especial elocuencia la figura de santo Tomás Moro, y su proclamación como Patrono de los gobernantes y políticos. Tomás Moro vivió de modo singular el valor de una conciencia moral que es “testimonio de Dios mismo”. Su historia ilustra con claridad una verdad fundamental de la moral política: la defensa de la libertad de la Iglesia frente a las injerencias indebidas del Estado es, al mismo tiempo, defensa de la libertad de la persona frente al poder político. En esto reside el principio fundamental de todo orden auténticamente humano y, por ello, construido a favor del hombre, y no contra el hombre. ¿No es ésta la primera y principal responsabilidad y desafío al que debe responder el católico con vocación política?

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