España: Congelar las pensiones, un parche injusto

La reforma de las pensiones ya tiene fecha. La ministra de ocupación, Fátima Bañez, así lo ha dicho, anunciando que entrará en vigor en enero de 2014. En su explicación en el Foro de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, la ministra refirió la reforma, que tiene una búsqueda del equilibrio a largo plazo en razón del factor demográfico. Su evolución prevista pone en riesgo el sistema público. Esta es la causa principal, aunque a corto plazo el paro haya adelantado el problema de la crisis. Pero el diagnostico público tanto del Gobierno como de los expertos se sitúa en este punto.

El problema, la sinrazón, radica en que se aborda sin tratar las causas. En efecto, se ve el problema de las pensiones como una simple cuestión de contabilidad, de ajustar ingresos y gastos. Pero esto es condenarse igualmente a una muerte más o menos lenta porque el ahogo demográfico seguirá empujando a la baja. Anuncian que las pensiones no se reducirán, pero esto es falso, y hay que decirlo en términos reales y la gente no debe engañarse. No se reducirán en términos nominales, es decir, el que cobraba 1.000 euros este año no cobrará menos de esta cifra de aquí tres años, pero tampoco quiere decir que cobrará más, ya que dejará de relacionarse el índice del coste de la vida con la revalorización de las pensiones. El resultado en términos reales, aquellos que realmente interesan a los ciudadanos, será que la pensión se verá reducida progresivamente porque simplemente el poder adquisitivo de la misma disminuirá año tras año. Hay afirmaciones de modificarlo a la alza si las cosas van bien, pero ya se sabe qué sucede con los gobiernos. Hasta ahora, lo único que han demostrado es que nos hacen pagar más y más a los ciudadanos y cuando las cosas realmente van bien se lo gastan en otros asuntos.

Afirman también que para compensar la pensiones inferiores, aquellas que difícilmente podrán significar una vida digna (esto ya es una alerta sobre lo que va a suceder), se complementarán vía impuestos. No sabemos, porque dependerá del complemento, si esto va a resolver este problema, lo que es seguro es que no arregla para nada las pensiones medias y altas, que han venido sufriendo un brutal deterioro durante todos estos años ante la indiferencia más generalizada, que ahora puede acentuarse, con lo cual una persona que ha hecho a lo largo de su vida una importante cotización se va encontrar que va a percibir una pensión que significa el 50% de lo que venía ganando. Esto no es exactamente justicia redistributiva porque no estamos hablando de las ‘grandes fortunas’ sino de un profesional más o menos cualificado que ha trabajado toda su vida.

Hay en todo eso profundos desajustes y grandes injusticias. El peor desajuste es el demográfico. Las pensiones no pueden abordarse sin otra política distinta a la actual, sobre las familias, que favorezca el tener hijos y que facilite a la mujer ser madre. Y esto significaría no solo un mejor y mayor apoyo en todos los órdenes sino además una discriminación positiva en el ámbito de las pensiones para aquellos que han hecho el esfuerzo y han financiado el futuro capital humano que significan los hijos. También habría que replantearse la conveniencia de que la viudedad y orfandad, que no son pensiones contributivas, fueran financiadas íntegramente por los Presupuestos del Estado. Esto significaría un alivio importante en el desequilibrio presupuestario. En realidad, la reforma que necesita España es algo más, mucho más que aplicar el factor de sostenibilidad, significa replantearse todo el fundamento en sí mismo y la forma de distribuir las cargas. Mientras esto no se haga, viviremos cada vez más inmersos en una situación de injusticia estructural creada por el propio Gobierno.