La Diócesis de La Ceiba denuncia proyectos que atentan contra la vida de las comunidades
El departamento de Atlántida, una zona de Honduras de alto valor ecológico e incomparable belleza natural que incluye doce áreas protegidas como parques naturales y un litoral con cadenas de arrecifes de coral, corre el peligro de convertirse en objeto de una explotación desmedida, cuyo impacto medioambiental acarrearía “consecuencias negativas para la vida de las comunidades”.
La diócesis de La Ceiba ha alertado del peligro de la “avalancha de proyectos mineros” -se habla de decenas-, en un mensaje fruto de la asamblea diocesana que más de un centenar de agentes de pastoral de todas las parroquias celebraron en junio del que se ha hecho eco la revista Vida Nueva.
Los habitantes de ese lugar, en concreto del sector Florida y especialmente la comunidad de Nueva Esperanza, en el municipio de Tela, sufren una “presión inhumana”. Están habituados a convivir con “la presencia de hombres fuertemente armados traídos de fuera”, sometidos a “la estrategia de división y enfrentamiento entre los pobladores”, y deben soportar “las amenazas y presiones a los líderes comunitarios”, denuncia el documento.
El mensaje critica “la falta de transparencia” en la concesión de permisos a los citados proyectos, recordando que “lo justo no siempre coincide con las leyes promulgadas”, y pide diálogo en el sector y en el Departamento.
También pide que el Estado, antes de autorizar el inicio de cualquier actividad minera en la región, “garantice la consulta popular previa” y la puesta en marcha de estudios de impacto medioambiental “serios y confiables”, de cuyos resultados debe informarse adecuadamente a la población. Y condena la intervención de la policía y otras fuerzas de seguridad estatales “parcializadas a favor de aquellos que manejan el capital, las influencias y voluntades”.
Finalmente, los agentes de pastoral expresan su solidaridad con el párroco de Arizona, el claretiano guatemalteco César Espinoza, que está recibiendo amenazas de muerte desde enero por su frontal oposición a la megaminería desde hace cuatro años.