La Asamblea General de la OEA (Organización de Estados Americanos) que se está celebrando estos días en Antigua Guatemala lleva en la agenda, entre otras cosas, la promoción de la legalización del aborto, así como la promoción de las conductas homosexuales.
Lo advierte la Conferencia Episcopal de Guatelama en un comunicado hecho público ayer 5 de junio, en el que muestra su preocupación, especialmente por “los esfuerzos para promover la legalización y el acceso al aborto”.
Aunque el tema central de la cumbre es la lucha contra el tráfico de drogas, “se presentan para la aprobación de los delegados participantes en la Asamblea una serie de resoluciones que tienen que ver con la ética personal y pública, sobre las que tenemos la obligación de pronunciarnos”.
“Urgimos al Gobierno de Guatemala a rechazar las recomendaciones de los expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención de Belém do Pará (MESECVI), que piden la legalización y el acceso a la interrupción del embarazo. Estas recomendaciones, que figuran en el Segundo Informe Hemisférico sobre la Implementación de la Convención de Belém do Pará son una violación a la Constitución de Guatemala”.
La amplia práctica de una conducta, “sea el aborto, el asesinato o el robo no justifica que se dicten normas para que la práctica sea más fácil o segura ni la hace éticamente aceptable”, afirma la nota. “El aborto es un delito contra la dignidad y la vida de una persona humana en un estado de total inocencia, indefensión y dependencia. La maldad del aborto no se sustenta en credo religioso alguno sino en el derecho inherente de toda persona a la vida, incluso antes de nacer”.
Por otro lado, los obispos afirman tener conocimiento de que “se presentará a la Asamblea una resolución en contra la violencia ejercida contra las comunidades de personas lesbianas, homosexuales, y con otras variantes de conducta sexual”.
“Las personas con diversidad de orientaciones sexuales son sujeto de derecho y gozan de dignidad humana, una dignidad que permanece por encima de su orientación sexual. Tienen derecho a la protección contra cualquier tipo de violencia”, afirman. “Pero igualmente afirmamos que la dignidad de las personas no se defiende por medio de la aprobación y legalización de las variadas formas de conducta en materia sexual o en cualquier otro campo que las personas puedan tener”.
“La dignidad inherente de las personas no transforma en derecho humano cualquier tipo de conducta que las personas mantengan, sean en el ámbito de la sexualidad humana o en cualquier otro campo de la conducta y quehacer humano. Por otra parte, aunque la conducta de las personas homosexuales no es coherente con su propia dignidad personal, eso no da derecho a nadie para utilizar la violencia contra ellas. Pero por esa misma razón no se puede impulsar y legalizar una conducta que socava la dignidad de las personas”.