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España: Ley de Educación, otra ocasión perdida

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Aula de primaria en una escuela española
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La educación, una batalla ideológica donde el bien de los alumnos queda en segundo plano

El Gobierno piensa entrar en las Cortes el nuevo proyecto de Ley de Educación, LOMCE, para antes del verano. Va a ser la quinta ley que aprueban las Cortes desde que hay democracia. En un tema tan capital para el país como es la educación y las futuras generaciones, no hay consenso. No hay este consenso necesario que hubo en la redacción del texto constitucional (artículo 27) y nuevamente la educación se ha convertido en carne de cañón ideológica, con el triste resultado que nos jugamos el futuro de varias generaciones. Todos los países europeos tienen un modelo educativo, que será  mejor o peor, pero en España con 35 años de democracia la educación sigue siendo una batalla ideológica y un barco que navega en alta mar. El PSOE, en concreto, ya ha aprobado tres leyes orgánicas sobre la educación.

Estamos ante una escuela, en España, que por debajo de la media en cuanto a nivel educativo (competencias y conocimientos) adquirido por los alumnos y las alumnas españolas de nosotros en el Informe Pisa. ¿Dónde está el problema? Los sindicatos y la izquierda española hablan de falta de recursos, pero los datos de Europa muestran que, por ejemplo, los profesores de las escuelas públicas españolas son de los mejor pagados, y que el coste de alumno/año en el sector público es de unos 7.700 euros al año. La ratio relativa más elevada entre los salarios mínimos del profesorado y el PIB per cápita se observa en Alemania (141%), España (136%) y Portugal (133%), según datos de la UE de 2012.

En España el fracaso escolar o abandono prematuro supone el 26,5 por ciento de los alumnos, que no acaban ESO, con el agravante de que la escolarización es “obligatoria” hasta los 16 años, y en muchas escuelas no saben qué hacer con alumnos que no van a clase o si van no les interesan nada los estudios al no tener un itinerario alternativo en esas edades. La ley que estableció la escolarización obligatoria (la LOGSE en 1990) hasta los 16 años, eliminó la posibilidad de que los alumnos a partir de los 14 años aprendieran un oficio o tuvieran un itinerario educativo adecuado a sus intereses. La Formación Profesional sigue estando desprestigiada, y por este motivo los alumnos prefieren la universidad. España es uno de los países con mayor número de titulados superiores de Europa (40,6% de la población entre 30 y 34 años), según la UE. Por eso que a algunos políticos se les llena la boca diciendo que “somos el país donde la juventud es la mejor formada de la historia”. Y no es cierto, porque esta formación tiene un desequilibrio importante entre la universidad y la formación profesional, entre la oferta y la demanda de trabajo, lo que produce, entre otros factores, la existencia de un paro juvenil de un 57 por ciento, según el INE. Buena parte de este 57 por ciento son jóvenes “ninis”, es decir “ni trabajo ni estudio” o como se ha dicho siempre jóvenes sin oficio ni beneficio.

Del bajo rendimiento no tiene la culpa la inmigración como dicen algunos para justificarse, pues mientras en España la media de inmigrantes en las aulas españolas es del 9,9 por ciento, en La Rioja es del 16,7 por ciento y es la comunidad que mejores resultados escolares obtiene y el menor índice de fracaso escolar.
                 
Los profesores adolecen, a veces, de una preparación deficiente en los orígenes, dado que la enseñanza obligatoria a los 16 años motivó la entrada con poco control de profesores sin medir su calidad pedagógica o su auténtica vocación docente. Los padres, por su parte, exigen poco a los hijos y no les inculcan el espíritu del esfuerzo y del sacrificio como tampoco se les exige en la escuela. Además, la escuela, con el fin de evitar aumentar el fracaso escolar, baja el nivel de exigencia y no premia la excelencia de los alumnos. El listón está cada vez más bajo. El profesorado debe cumplir un currículo o programa de su asignatura muy poco adaptable  con lo que no se fomenta su sentido de la responsabilidad y su capacidad creativa, mientras que los directores no tienen ningún estímulo para dirigir como es debido un centro, ni por el sueldo (cobran poco más de 300 euros al mes que un profesor normal) ni ejercen la autoridad porque temen las relaciones futuras con sus colegas del claustro. Si a esto añadimos que la escuela pública está muy sindicalizada, las posibilidades de cambio son pocas.

                 
En España los partidos de izquierdas y los sindicatos siguen diciendo que la escuela recibe poco dinero en su conjunto. Lo que ocurre es que el sistema español mezcla dos tipos de escuela, la pública (donde el coste del alumno es de 7.700 euros año) y la privada concertada donde el coste del alumno por año está en los 3.500 euros anuales.  La escuela concertada representa el 31,8 por ciento del total, lo cual hace que los costes globales sumando todas las escuelas –públicas y concertadas– sean menores en España que en otros países europeos donde el sector privado es más bajo. España destina un gasto público por alumno, un 21% más que la media de la OCDE y la UE. Este gasto es superior en todos los niveles educativos: infantil, primaria, secundaria y terciaria. Es cierto que España tiene más horas lectivas (875 horas al año, cuando la media de la Unión Europea es de 750), pero la ratio alumnos/profesor está muy por debajo, siendo en España la media del 213,2 en primaria y en la OCDE del 15,9 en 2010, y en secundario las cifras son 10,1 y 13,7 respectivamente. Además, los profesores españoles cobran ya el sueldo íntegro al primer día de iniciar su profesión y es el mismo toda la vida, por lo que le faltan estímulos económicos cara al futuro (en del Reino Unido los profesores van aumentando gradualmente su sueldo, empezando en niveles más bajos).  
                 
¿Resuelve estos problemas la LOMCE? En realidad la LOMCE cambia pocas cosas en relación con la LOE actualmente en vigor. Uno de los cambios es que quiere hacer públicas las evaluaciones de los centros, con  el fin de los padres conozcan cuál es el nivel de conocimientos y competencias de cada centro, lo cual disgusta mucho a los centros públicos, pues casi nadie quiere retratarse públicamente en el ejercicio de su profesión de profesor, profesión que como hemos dicho está muy sindicalizada. Las autonomías con lengua propia se quejan también de una ley centralista y que pretende modificar el “statu quo” lingüístico actual.  
                 
El otro aspecto que modifica la ley es la situación de la educación diferenciada, extendida hoy por muchos países occidentales, pero que sólo afecta en España a unos 200 centros de un total de 33.026, esto es un 0,6 por ciento de la enseñanza.
                 
Entonces cabría decir, ¿para eso se hace una nueva Ley Orgánica de la Educación? No se toca el fondo del problema que radica en la obligatoriedad hasta los 16 años carece de un itinerario adecuado de los 14 a los 16, y la formación profesional que sigue sin mejorar, o sin mejorar lo suficiente para que gane alumnos válidos para poder trabajar en las empresas y oficios. Tanto el PP como el PSOE no quieren salir del gobierno sin tener una ley propia sobre la educación. Esperanza Aguirre ya lo intentó en su día en el año 2003, pero apenas publicada en el BOE, el PSOE de Rodríguez Zapatero ganó las elecciones y aprobó una nueva ley, las LOE, la actual. Y así vamos de ley en ley, de un modelo educativo a otro, mientras millones de niños españoles son utilizados como caldo de cultivo ideológico de unos y otros sin que mejoren sus conocimientos y sus competencias.
                 
                

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