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Los desahucios un problema de justicia, el escrache un problema político

© Josep LAGO / AFP

Manifestaciones de la PAH ante la sede del PP en Barcelona, 9 de abril de 2013

Salvador Aragonés - publicado el 10/04/13

Por el profesor de Periodismo de la UIC, Salvador Aragonés

El movimiento que más presencia tiene en España, al margen del sistema político formal, es la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), liderado por la catalana Ada Colau, de 39 años, conocida activista de diversos movimientos y acciones de los antisistema, como la ocupación de los consulados de Francia y Suiza en Barcelona contra la reunión del G-8. Ha estudiado en la Facultad de Filosofía de Barcelona, pero no ha terminado la carrera. Su ocupación trabajar en la plataforma Observastori DESC (Derechos Económicos, Sociales y Culturales) que agrupa a movimientos reinvindicacionistas y que preside Jordi Borja, conocido urbanista y político militante y dirigente del partido comunista catalán (PSUC), del que ha sido parlamentario, y del PCE (Partido Comunista de España).

La plataforma PAH ha levantado adhesiones a causa de la pasividad de la clase política española y de la sociedad civil, en relación al gravísimo problema que tienen las cerca de 500.000 familias desahuciadas o expulsadas de su vivienda al no poderla pagar, dentro del marco de la crisis inmobiliaria y financiera en que vive España desde el 2007. Este movimiento popular rápidamente ha tenido adeptos al reclamar la plataforema PAH una “vivienda digna” para todos los españoles, como establece el artículo 47 de la Constitución de 1979 y la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

La causa de estos desahucios está en que las entidades financieras concedieron alegremente hipotecas en los últimos años, sin que ni los gobiernos del PSOE y del PP regularan la Ley Hipotecaria, y sin que el Banco de España frenara la codicia de las cajas de ahorro y de los bancos en la concesión de hipotecas a un valor por encima incluso del valor real de la vivienda, y también con cláusulas claramente abusivas.

La pasividad de la clase política y de la sociedad civil –y ante lo que era una tremenda injusticia en la aplicación de la vieja Ley Hipotecaria Española que favorece a bancos y cajas— un juez de Barcelona, José María Fernández Seijo, presentó un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque la Ley Hipotecaria española por no se ajustaba al derecho europeo.  Este tribunal dio la razón a la demanda (este año 2013) y declaró que la Ley Hipotecaria Española debe adecuarse a la legislación Europea.

El gobierno español finalmente entendió que estaba en falso legalmente y no podía seguir apoyando los requerimientos del sector financiero que vive alarmado con este problema, ya que en el activo de sus balances—en bastantes casos—figuran el valor real de las hipotecas que coincide con el valor antiguo de los pisos cuando hoy tienen un valor entre un 40 y un 60 por ciento por debajo del precio al que se tasaron.

Mientras tanto, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca pidió que no hubiera más desahucios en España y recogió más de 1.400.000 firmas para presentar una proposición de Ley al Congreso que contempla la dación del piso en pago de la hipoteca (hasta ahora el desahuciado debe seguir pagando la hipoteca aunque ya no pueda vivir en el piso) y efectos retroactivos para los desahuciados hasta hoy. Al mismo tiempo la plataforma ha dicho a quienes no pueden pagar la hipoteca que dejen de pagarla, y algunos jueces han aceptado la dación de la vivienda como pago, y han denunciado cláusulas abusivas en el contrato de hipoteca y por lo tanto han aceptado el impago de la misma.  

Actualmente una comisión parlamentaria, con la representación de todos los grupos –el Partido Popular tiene mayoría absoluta—estudia la fórmula para llegar a un consenso sobre la nueva Ley Hipotecaria española teniendo en cuenta también el proyecto presentado por la iniciativa popular (ILP).

Mientras tanto han comenzado los escraches, un sistema de protesta importado de Argentina y Uruguay, que consiste en manifestarse delante de las sedes del Partido Popular que gobierna y delante de las viviendas particulares de los políticos de este partido , en protesta por los desahucios. En estas protestas, que la plataforma dice que son pacíficas, en realidad se oyen toda clase de insultos muchas veces ante las viviendas familiares de diputados del PP, dejando pegatinas insultantes en la puerta y en el edificio de la casa particular. Este sistema de protesta se ha puesto en cuestión, porque supone que la Plataforma impide la libertad del político como representante del pueblo y mezcla su familia y su vida privada en un tema del que personalmente no es responsable, aunque lo pueda ser su partido. El PP asegura que los escraches son manipulados por la izquierda radical

La justicia en la raíz del problema

En toda esta cuestión cabe destacar que en la raíz del problema está una causa justa no atendida: el gran daño que se ha hecho a centenares de miles de familias al ser desahuciadas de sus viviendas habituales, sin tener muchas veces dónde acudir. A veces estos desahucios han sido consecuencia de cláusulas abusivas en los contratos, que debieron en su momento ser denunciadas por las autoridades en la materia, especialmente por el Banco de España. Y no lo hizo. Es más, en 2007 el gobierno, entonces socialista, obligó a los notarios y registradores a registrar todas las viviendas y a no poner objeciones a aquellas que tenían cláusulas abusivas.

La indignación popular es cuando ningún dirigente de banco o caja de ahorros ha sido condenado por la justicia por la pésima gestión de su entidad y el haber recibido unos 200.000 millones de euros en ayudas para el saneamiento de sus activos, sin que de este dinero no haya ido un euro a quienes se han quedado sin vivienda. Han sido nuevamente las organizaciones caritativas, como Cáritas y alguna otra entidad religiosa o social, a salir al paso de los problemas y resolver casos urgentes, y lo han hecho sin hacer publicidad de sus actos, como siempre. El Estado solo ha empezado a ocuparse ahora de este tema y de destinar viviendas desocupadas a familias desahuciadas.

Esta falta de sensibilidad con la justicia más elemental, como el tener una vivienda con un mínimo de dignidad, es lo que ha creado un problema como el escrache cuyas formas muchos lamentan, y porque el movimiento está siendo utilizado por la izquierda comunista o los socialistas radicales. En estos tiempos de recortes del bienestar hay líneas rojas que no deberían pasarse, como la vivienda. Que nadie se lamente.

Tags:
doctrina socialjusticia
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