La Organización de Estados Americanos (OEA) se encuentra en el centro de un agrio debate en este continente, el cual tiene como protagonistas principales al gobierno del venezolano Nicolás Maduro y a su recurso más valorado en casos de amenazas a los sistemas de libertades, como lo es la Carta Democrática Interamericana (CDI).
Luis Almagro, actual secretario general de la organización parece tener, entre los objetivos ineludibles de su gestión, levantar un cerco al gobierno de Maduro que lo obligue a retornar a la legalidad democrática respetando la Constitución.
El 23 de junio del año pasado, Almagro presentó ante el Consejo Permanente de ese organismo un primer informe sobre la crisis de la institucionalidad democrática, económica y social que existe en Venezuela.
Ese informe fue actualizado el día 14 de este mes en el que se dice que ha habido una “agudización” de dicha crisis y que las gestiones diplomáticas realizadas por el secretario general de Unasur y tres ex-presidentes (de España, República Dominicana y Panamá, con posterior participación de un representante de la Santa Sede), “no han dado por resultado ningún progreso” y “los reiterados intentos de diálogo han fracasado”.
En lugar de eso, el gobierno venezolano ha venido, sistemáticamente, violando la legalidad amparado en las decisiones de un Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) absolutamente genuflexo al Ejecutivo.
El régimen colecciona presos políticos a los que se niega el debido proceso y su amenaza de cargarse la Asamblea Nacional se ha cumplido, toda vez que, de hecho, la última decisión de la Sala Constitucional del TSJ señala que, motivado al “desacato” del Poder Legislativo, todas sus funciones serán asumidas por esta misma sala.
Miguel Pizarro, diputado a la Asamblea Nacional por el estado Miranda, afirmó que la sentencia 156, publicada este miércoles por el TSJ, se puede considerar como una autorización para ratificar la “dictadura” del gobierno de Nicolás Maduro.
Consta en la sentencia que el TSJ asumirá las competencias parlamentarias de la Asamblea Nacional mientras se encuentre en “desacato”. José Guerra, diputado a la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática, ironizó: “Nicolás I. Emperador de Venezuela por la gracia de la Sala Constitucional del TSJ. Por ahora”.
Henry Ramos Allup, diputado de Acción Democrática y expresidente del Legislativo, aseguró este jueves que los parlamentarios continuarán ejerciendo sus funciones en la Asamblea Nacional a pesar de que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia emitió una sentencia en la que asume las facultades del Poder Legislativo, alegando que este se encuentra en desacato.
El parlamentario argumentó que la medida del TSJ representa una violación a la Constitución. “No podemos olvidar que esta es la sentencia número 52 que emiten los magistrados ilegítimos. Siguen violando la Constitución, porque están redactando los artículos de la Carta Magna distinto a como están escritos originalmente”, puntualizó.
El alcalde de Chacao, Ramón Muchacho -municipio emblemático de la capital-, dijo que el gobierno nacional busca eliminar la AN para pedir créditos en el exterior sin ninguna contraloría.
“La sentencia del TSJ pone todo en manos de un hombre”. Por su parte, los politólogos Luis Salamanca y Ramón Piñango advirtieron que el gobierno podría decretar un estado de conmoción para evitar comicios presidenciales.
La ONG Una Ventana a la Libertad publicó un comunicado donde rechazó la sentencia emitida por el TSJ en donde se delimita la inmunidad parlamentaria. “Este fallo pretende dar legalidad y consolidar el poder en manos del Ejecutivo bajo la doctrina de la seguridad nacional, tanto por la tesis del «enemigo interno» como para prevenir el supuesto «intervencionismo extranjero»”.
Lo cierto es que esta situación afecta aún más la imagen del país. Esta semana, el economista argentino Martin Krause reveló que Venezuela está en los últimos lugares del mundo en su desempeño en calidad institucional al ocupar el puesto 184 dentro de 191 naciones en lo que se refiere a la democracia, los derechos humanos y la libertad económica y de prensa, entre otros.
Refirió que Venezuela no llena los parámetros de la calidad institucional por la falta de democracia, pues no hay separación de los poderes públicos, cientos de ciudadanos son presos políticos y la libertad económica y de prensa están seriamente constreñidas, por lo que el país “no es una república”.
Todo esto conforma el conflictivo ambiente en el cual delibera la OEA para debatir el caso de Venezuela. Es posible que los votos que hace semanas faltaban a Almagro para inclinar la balanza hacia su propuesta de aplicar a Venezuela la Carta Democrática Interamericana –necesita 18 (mayoría simple) y se asegura que tiene entre 20 y 22- se sumen como resultado de estas últimas medidas del TSJ. Lo cierto es que podría ocurrir en los próximos días. También se asoma la posibilidad de suspender a Venezuela y en ese caso el número de votos requeridos aumentaría a dos tercios, pero no se vislumbra por los momentos esa opción.
Otra cara de la moneda es el cuestionamiento que, desde sectores democráticos, se plantean, tanto a la postura de Almagro “que parece empeñado en una pelea personal con Maduro”, como desde el punto de vista de la conveniencia de una suspensión para Venezuela. Manuel Felipe Sierra, periodista y analista político, se muestra en desacuerdo con que la oposición venezolana acuda a la OEA.
“La preocupación por el caso de Venezuela en el escenario internacional es importante, dijo, nuestro país siempre fue visto en el mundo entero como un modelo de democracia. Pero disiento de ese planteamiento de apelar a la OEA, a los fines de que medie en nuestros conflictos. El planteamiento de Almagro es condenable. Este es un señor que no tiene por qué decir que debe haber elecciones generales. Almagro no tiene ni arte ni parte en la política venezolana, salvo su papel como secretario general de la OEA, que lo obliga en ciertos casos a tomar decisiones, pero no a imponer criterios”.
Carlos Raúl Hernández, sociólogo y politólogo considera que la CDI es un mecanismo de la OEA que le conviene más al gobierno, pues alejaría a la comunidad internacional en caso de que Venezuela sea expulsada del organismo.
Ese es el cuadro interno en el que se dirime una decisión que podría o no tomar la OEA, sobre la que muchos venezolanos cimentan sus esperanzas sin reparar en que la CDI, aunque representa un recurso de presión internacional, no es para nada vinculante.
Se aplicó al Perú de Fijimori y a Honduras luego de la destitución de Zelaya. En los años sesenta, Cuba fue expulsada. Nelson Suárez, articulista del portal web Aporrea, hoy crítico, pero por mucho tiempo aliado del gobierno chavista, recordó que Maduro solicitó la aplicación de la CDI para Honduras y Paraguay.
No obstante, de alguna manera se cumple la sentencia de Almagro: “se acabó la impunidad” pues el tema de Venezuela se discute en la OEA a lo cual intentó oponerse el gobierno de Maduro con el apoyo de Nicaragua y Bolivia. El “Comunicado de los 20” es claro al respecto.
El asunto de la democratización de Venezuela pasó del anonimato a 14 países que acordaron sobre los temas y luego 20 países que monitorearán el deterioro de las condiciones en Venezuela. Es de hacer notar que Ecuador ni El Salvador defendieron la posición de Venezuela. Antigua y Barbuda se abstuvo y luego votó en el grupo de los 20, con lo cual el ALBA salió golpeado. El Caribe, otro de los soportes del régimen de Maduro, Bahamas, Barbados, Jamaica, Guyana y Saint Lucia votaron contra Venezuela. Son importantes constataciones de esa sesión del Consejo Permanente. Se reveló un nuevo liderazgo regional: México parece tomar rol conductor en varios países, papel que cuestionó Maduro cuando señaló al Gobierno mexicano, junto con la cancillería, de encabezar “la coalición para agredir a Venezuela”.
La aplicación de la Carta Democrática aún no se discute. Y la decisión sobre suspender a Venezuela no le corresponde a un Consejo Permanente, sino a una Asamblea General Extraordinaria de la OEA sobre ese tema específico. Carlos Canache Mata, ex jefe de la Fracción Parlamentaria del partido Acción Democrática -fundado por Rómulo Betancourt- piensa que si transcurre un plazo razonable sin que se atiendan los pedidos del Consejo Permanente, podría abrirse una nueva etapa en la que se haría irresistible la aplicación de la ya activada Carta Democrática Interamericana.
Mientras tanto, el diputado oficialista y ex-presidente del Parlamento Diosdado Cabello, uno de los hombres más influyentes del Gobierno de Maduro, celebró la polémica decisión del Supremo y sugirió a los opositores someterse a los dictámenes del máximo tribunal. Además, en tanto que la Asamblea Nacional anida opiniones encontradas -unos de acuerdo con que la OEA aplique la Carta e incluso suspenda a Venezuela, otros de acuerdo con la Carta pero no con la suspensión- gravita el martillo supremo: «Mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que ella disponga, para velar por el Estado de Derecho».
Hoy celebramos a...