El día de ayer, en Miami, Florida, el líder del partido republicano en el Senado, Mitch McConnell, negó rotundamente que México vaya a pagar el muro en la frontera con Estados Unidos, que el presidente Donald Trump tiene previsto construir. “Uh, no”, dijo McConnell cuando un panel del portal “Político” le preguntó si el gobierno de Enrique Peña Nieto sufragaría la valla fronteriza en la que insiste Trump.
Más adelante McConnell aclaró: “estoy a favor de la seguridad fronteriza, pero (…) la construcción de un muro no es lo mejor… una barrera física en la frontera con México no sirve”. Sin embargo, según la agencia de información financiera Bloomberg, Trump planea solicitar -la semana entrante- 6,600 millones de dólares al Congreso de Estados Unidos para iniciar la construcción del muro y, así, redoblar las deportaciones de inmigrantes indocumentados.
Mientras esto sucede en el territorio continental, en Hawái soplan otros vientos. El Estado se convirtió en el primero de la Unión Americana en demandar al presidente Trump por el nuevo veto migratorio. La demanda pretende paralizar la nueva orden migratoria alegando que afectará a su población musulmana, al turismo y a los estudiantes extranjeros.
Abogados del Estado de Hawái, en donde nació Barack Obama y de mayoría demócrata, presentaron la demanda ante una corte federal en Honolulu. El Estado ya llevó el primer decreto presidencial de Trump sobre inmigración a los tribunales, pero el proceso quedó en suspenso por los casos similares presentados en otros puntos del país.
No será fácil
Es importante señalar que, conforme avanza la puesta en práctica de las políticas migratorias de la nueva administración estadounidense, en paralelo se están produciendo estudios que dejan ver lo complejo que podría ser implementar a rajatabla sobre todo los decretos de expulsión de inmigrantes indocumentados.
Según un estudio del Pew Research Center (PRC) los inmigrantes serán los impulsores del crecimiento de la fuerza laboral en Estados Unidos en las próximas décadas: sin su presencia, se perderían 17,6 millones de personas en edad de trabajar para 2035.
De mantenerse el ritmo de llegada actual de inmigrantes, la fuerza laboral (población con edad de entre 25 y 64 años), pasaría de 173 millones actuales a 183,2 millones en 2035. Si se resta el componente de inmigrantes, la cifra sería de 165,6 millones. En concreto, se reducirían de 128,3 millones a 120,1 millones en 2035, lo que supone pasar de representar 74 por ciento del total a 66 por ciento en 2035.
Preocupación de los obispos
Finalmente, el Consejo Permanente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) expresó esta semana su preocupación sobre las medidas contra la migración que sufren los connacionales, resultado de las nuevas directrices de deportación publicadas por el Departamento de Seguridad de EU en enero pasado.
Calificó como inaceptable la idea de que “se separe a las familias mexicanas al ingresar” a Estados Unidos, tal como sugirió John Kelly, responsable de seguridad nacional de este país, quien dijo que con esa medida se iba a disuadir a las madres de emigrar con sus hijos.
“Ante una posible emergencia humanitaria los obispos reiteramos la invitación a los fieles católicos, y a la sociedad en general, a sumarse a los trabajos que se están haciendo en las parroquias, y en las más de 70 casas de migrantes, administradas por la Iglesia Católica, o en las atendidas por iglesias cristianas hermanas, organizaciones civiles o de gobierno”, señalaron a través de un comunicado los obispos mexicanos.
Hoy celebramos a...