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Perú: El Sodalicio no es una “institución para delinquir”, según los tribunales

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Esther Núñez Balbín - publicado el 28/01/17

La sociedad peruana exige se esclarezcan las denuncias

Tres meses después de que el Fundador del Sodalicio de Vida Cristiana Luis Fernando Figari se proclamara inocente desde Italia, la titular de la vigésima sexta fiscalía provincial penal de Lima María del Pilar Peralta, resolvió archivar los presuntos delitos de violación sexual, secuestro, lesiones graves y asociación ilícita para delinquir interpuestos en su contra.

Una plantón en su sede central, así como la reaparición del superior general Alessandro Moroni a través de un video difundido en las redes sociales, anunciando el cumplimiento de una reparación económica a las víctimas de estos abusos, fueron algunas de las reacciones que han remecido a la Iglesia en el Perú.

Al cierre de la semana, los obispos a través de un comunicado emitido el 19 de enero, expresaron su solidaridad con las víctimas, y exigieron que las decisiones del fuero civil sean justas además, llamaron la atención del fuero eclesiástico para que emitan una pronta respuesta.

Sodalicio anuncia reparación económica de víctimas

El superior general del Sodalicio de Vida Cristiana, Alessandro Moroni, se mostró deacuerdo con el archivamiento de la denuncia del dictamen fiscal, teniendo en cuenta que el objeto de la investigación, no era determinar si existían acciones malas por parte de sus miembros, sino mas bien establecer si el Sodalicio, es una asociación ilícita para delinquir.

A través del video señaló que dicho dictamen descartó tal acusación. Indicó que el Sodalicio está de acuerdo con ello. En relación a la existencia de víctimas informó que hasta el momento se ha asistido a 103 personas. Precisó que de ese total, se han encontrado a 66 como “víctimas morales”de abuso o maltrato. Hasta el momento según explica en el mensaje audiovisual se ha llegado a un acuerdo de reparación económica en 47 casos.

Detalló que entre asistencia médica o psicológica, y ayuda para reinserción laboral, el monto asciende a más de 2 millones 842 mil dólares. Moroni reconoció que los principales responsables en estas acciones son los miembros de la propia organización. Una vez más pidió perdón a toda la sociedad peruana, “estamos dispuestos a cumplir con nuestra responsabilidad moral”, sentenció.

Palabras de la fiscal

La fiscal María Peralta no encontró argumentos para elaborar una denuncia fiscal sobre los presuntos delitos que se le incriminan al fundador del Sodalicio, “No se presentó nadie para ese caso, sólo se ofreció a una persona como testigo por parte de los denunciantes, lo presentaron en las postrimerías de la investigación, cuando el plazo ya estaba vencido”, respondió a la prensa peruana.

En el caso del secuestro, el dictamen indica que dicho delito no existe. “No existe en nuestro ordenamiento penal la teoría del secuestro mental, de acuerdo a esto no procede el delito, en todo caso el congreso de la república tendrá que legislarlo para que los magistrados podamos aplicarlo”, explicó.

El documento indica que los delitos supuestamente cometidos hace más de 40 años ya habían prescrito. Peralta Ramírez argumentó también que los denunciantes no presentan en la actualidad problemas psicológicos a consecuencia de los abusos.

Acciones por realizar

Luego de las recomendaciones manifestadas por el informe de la Comisión de ética interdisciplinaria establecida por el propio Sodalicio de Vida Cristiana, no se ha logrado aún establecer el camino para encontrar la verdad.

En los próximos días el congresista de la república Alberto De Belaúnde anunció que se conformará una comisión investigadora desde el parlamento para conocer la verdad, explicó que “se espera que en las siguientes semanas la comisión permanente coloque en agenda esta moción, para formar este grupo de trabajo”.

Teniendo en cuenta que la denuncia no es sólo contra una persona, sino también se refiere a la estructura que se montó, para perpetrar los delitos, el congresista argumentó que “se indagará si al ingresar a esta sociedad los integrantes pierden el contacto con su familia, y si se continua mandando al exilio a los integrantes del Sodalicio que mantenga denuncias de éste tipo”.

Entre tanto la sociedad peruana, exige una respuesta y sobre todo se espera un procedimiento judicial justo considerando la existencia de víctimas reconocidas por el propio Sodalicio de Vida Cristiana.

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