La falta de información veraz y la verdad sobre la muerte de reclusos a consecuencia de la tuberculosis dentro de la Penitenciaría General de Venezuela, PGV, de San Juan de los Morros, estado Guárico, son algunas denuncias que los familiares de los reclusos plantearon a la comisión de justicia y paz de la Conferencia Episcopal Venezolana, cuando este fin de semana intentó ingresar sin éxito al recinto penal.
“Nuevamente es motivo de alarma y de pesar la situación de los establecimientos penitenciarios venezolanos”, dijo la CEV a través de un comunicado, destacando que en esta cárcel “se viene presentando un conflicto interno” desde septiembre pasado.
La denuncia está refrendada por el presidente de la comisión, monseñor Roberto Lückert León, y el abogado Saúl Ron Braasch, vicario general, quien acudió el 11 de septiembre a la PGV en compañía de Janeth Márquez y la Hermana María José González, representantes de Cáritas Venezuela y Caritas Los Teques, respectivamente.
Aunque no pudieron entrar al penal, los miembros de la comisión informaron que sí lograron conversar en las afueras con los familiares y amigos de los privados de libertad, considerando que son “seres humanos, ciudadanos venezolanos, con derecho a ser escuchados, respetados y que no sean invisibilizados”.
“Nadie se ha abocado a decirnos objetivamente qué ha sucedido y está sucediendo en ese recinto penitenciario”, expresaron los familiares de los reclusos a la comisión.
Quieren conocer la verdad sobre la muerte de varios reclusos a consecuencia de la tuberculosis cuyos videos han sido difundidos en las redes sociales. “Dentro de este centro penitenciario hay presos con tuberculosis, quienes están muriendo por la falta de atención por parte de los organismos competentes”, dijeron.
Comida y medicamentos insuficientes
Otros problemas están vinculados con la prohibición de las visitas, ya que “desde el comienzo del conflicto no se ha permitido”, agregando a esto la falta de “la entrega de alimentos, agua potable y medicinas, de parte de los familiares”.
El comunicado precisa que aunque el ministerio del poder popular para el servicio penitenciario “ha entregado algunos paquetes de alimentos”, sin embargo, “estos insumos no son suficientes para satisfacer las necesidades de la población en conflicto”.
Igualmente la comisión episcopal constató que “no se ha cumplido con el debido proceso, al haberse emitido boletas de excarcelación de Tribunales competentes, en algunas causas y hasta el presente no se han acatado”.
En el comunicado rechazan “toda forma de violencia de los organismos de seguridad del Estado y del responsable de la custodia y seguridad personal” de los privados de libertad y de sus familiares, porque tales hechos, en criterio de la CEV, “llenan de alarma, estupor y angustia a la población reclusa y a sus familiares”.
En ese sentido, el episcopado venezolano hace un llamado a las autoridades “para que resuelva los problemas del establecimiento penitenciario y garantice íntegramente los derechos humanos de la población reclusa y de sus familiares”.
Y advierte que los entes responsables no pueden “ampararse en situaciones de pérdida de control interno debidas a su propia omisión e inacción para ejercer represalias o castigos colectivos que afectan no solamente a la población reclusa” y sus allegados.
Finalmente, piden “atender de manera integral la situación penitenciaria, y con urgencia a las personas privadas de libertad que presentan enfermedades graves y contagiosas, garantizar la alimentación y la salud”, así como la atención de los menores.
En un reciente trabajo publicado en Aleteia: ¿Cárceles dignas o campos de concentración?, se relató que algunos presos han fallecido a causa de tuberculosis, mientras familiares se mantienen dentro de la PGV “para evitar masacre”.
Fotos Cáritas Venezuela
Hoy celebramos a...