Las relaciones entre los estados y la Iglesia católica han tenido muchas oscilaciones históricas, y sin embargo las dos potestades, el Estado y la Iglesia, se han visto obligadas a entenderse. ¿Por qué?
Porque tanto el Estado como la Iglesia buscan servir al bien del hombre: uno en el ámbito temporal y material, y la otra en el ámbito espiritual. Cuando no ha habido entendimiento ha entrado el sufrimiento para los católicos en aquel país.
Por esta razón el Concilio Vaticano II establece una doctrina clara y sencilla: el Estado y la Iglesia son “independientes y autónomos” y cada uno en su propio orden harán un mejor servicio al hombre si mantienen “entre sí una sana colaboración”.
En esta colaboración la Iglesia “no pone su esperanza en los privilegios que le ofrece el poder civil; antes bien renunciará de buen grado al ejercicio de ciertos derechos legítimamente adquiridos, si consta que su uso puede empañar la pureza de su testimonio”.
Y añade el Concilio que la Iglesia, que “respeta y promueve” la “libertad política y la responsabilidad de los ciudadanos”, reclama su “derecho a predicar con libertad la fe, a enseñar la doctrina social… y a pronunciar el juicio moral… cuando lo exijan los derechos fundamentales de la persona o la salvación de las almas”. (Gaudium et Spes, n 76).
En esta línea la Santa Sede ha trazado sus relaciones con los estados en los últimos 50 años, para alcanzar acuerdos con ellos.
En América Latina solo tres estados no tienen acuerdos con la Iglesia: México, Nicaragua y Cuba, aunque sí relaciones diplomáticas normales.
México tiene relaciones diplomáticas con la Santa Sede desde 1992, cuando se reanudaron tras un siglo de conflictos. El Estado es laico, con el 80 por ciento de católicos.
En el caso de Cuba hay negociaciones en marcha entre Roma y La Habana con el fin de alcanzar algún acuerdo que interese a ambas partes. No será un concordato.
Los demás estados tienen convenios, acuerdos y hasta dos concordatos: Bolivia y la República Dominicana.
La Santa Sede busca cooperar con los estados para los siguientes fines:
1. El reconocimiento de un status jurídico de la Iglesia dentro del país, y libertad de comunicación entre la Santa Sede y los obispos del país.
2. Libertad de la Iglesia para poder anunciar el Evangelio sin cortapisas y tener propios centros de enseñanza.
3. Libertad de la de la Santa Sede para nombrar obispos, si bien con la previa notificación al gobierno del país por si hay “graves cuestiones políticas” que oponer al candidato.
4. Creación y gestión de medios de comunicación propios dentro de las leyes generales del Estado.
5. Capacidad para la erección de templos y, en su caso, conservación del patrimonio religioso.
6. Recibir una posible asignación del Estado para poder sufragar los gastos de culto y clero, así como los seminarios y las labores asistenciales de la Iglesia.
Los seis puntos no los consigue la Santa Sede en sus acuerdos, pero intenta que sean los más posibles.
¿Y qué consigue el Estado? En primer lugar una paz religiosa, consecuencia de respetar el derecho fundamental a la libertad religiosa.
Por otro lado, el Estado tiene una prerrogativa en el nombramiento de obispos, que consiste en poder objetar al candidato propuesto por la Santa Sede como se ha dicho antes.
Además, varios estados han establecido que los sacerdotes y el clero deben abstenerse de ser candidatos de un partido político y de la actividad política directa.
Las ayudas económicas se hacen mediante subvenciones directas o ayudas indirectas, la recaudación de impuestos a los ciudadanos que se confiesen católicos, o exenciones fiscales por conservación de patrimonio o para los lugares de culto en igualdad con otras instituciones que no tienen fines lucrativos.
Las ayudas y reconocimientos del Estado hacia la Iglesia no pueden comportar “comprar silencios y complicidades” ni de la jerarquía ni de los fieles hacia las instituciones políticas que regentan el país, pues esto sería “empañar” el testimonio limpio y claro que debe dar la Iglesia en la predicación del Evangelio. Este es el límite de la Iglesia.
La Iglesia católica en América Latina y en el Caribe recibe también ayudas por su actividad religiosa y espiritual de la Conferencia de Obispos de América del Norte y de la organización Adveniat, dependiente de los obispos alemanes. Esta ayuda supone varios millones de dólares anuales en conjunto.
Al renunciar la Iglesia a los privilegios y beneficios que tenía en el pasado, han sido eliminados muchos malentendidos en las relaciones entre el Estado y la Iglesia.
De este modo, se puede decir que la doctrina del Concilio Vaticano II interpreta, para los tiempos modernos, la meta evangélica, establecida por Jesucristo, cuando dijo: “Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”.
Hoy celebramos a...