Un grupo de familiares de políticos venezolanos presos se encadenó ayer frente a la sede de la nunciatura apostólica en Caracas en apoyo a la Ley de Amnistía aprobada la semana pasada por la mayoría opositora que controla el Parlamento.
“Esto es para hacer presión con la Iglesia católica para que el Gobierno de una vez por todas sancione la amnistía”, declaró a los periodistas Joel Guevara, quien se identificó como portavoz de la decena de manifestantes encadenados.
El nuncio Aldo Giordano recibió previamente de los manifestantes un documento y comentó que “no creía prudente” este tipo de protestas, reveló Guevara.
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha dicho que no dará curso a la decisión parlamentaria y abrió “una consulta pública” para que las organizaciones populares decidan qué debe hacer con la norma en un plazo que vence esta semana o, de lo contrario, entrará automáticamente en vigor.
“Abro una consulta pública, un diálogo verdaderamente nacional, para que el pueblo en todas sus organizaciones (…) me haga llegar su opinión de qué debe hacer el jefe de Estado con la ley criminal de amnistía que (la oposición) pretende imponer como un golpe de Estado”, dijo Maduro el viernes pasado.
Tras ello diversas organizaciones oficialistas comenzaron el pasado fin de semana a debatir en plazas de varias ciudades, y mayoritariamente han pedido a Maduro que acuda a la Sala Constitucional del Supremo de Justicia a solicitar que anule la Ley.
Esta iniciativa presuntamente busca beneficiar a supuestos acusados de delitos de lesa humanidad asunto que entre otras cosas desconoce acuerdos internacionales suscritos por Venezuela según el argumento oficialista.
Se trata de alrededor de un centenar de presos “que sufren maltratos inhumanos solo por pensar distinto”, replicó ayer el portavoz de los familiares encadenados.
“Que el nuncio interceda ante el Gobierno” para que Maduro entienda que en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre pasado ganadas por la oposición “Venezuela dijo que quería la amnistía; el pueblo ya votó por ella”, remarcó Guevara.
Los manifestantes también pidieron al nuncio que gestione que una comisión de la Cruz Roja visite a los políticos presos y constate las condiciones de reclusión.
El gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) ha anunciado que mañana realizará una marcha hasta el palacio presidencial para entregar a Maduro una lista de firmas de quienes repudian la Ley de Amnistía y piden que no entre en vigor.
La denominada Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional fue aprobada por la mayoría opositor surgida de las elecciones de diciembre con el voto en contra del chavismo que remarca que se busca excarcelar a “asesinos y terroristas” que han conspirado contra Maduro y su antecesor el fallecido Hugo Chávez (1999-2013).
Pedido de la OEA
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, afirmó ayer que “urge” la Ley de Amnistía para el fortalecimiento de la democracia y la reconciliación en Venezuela.
“Recibiendo de Lilian Tintori la Ley de Amnistía. Por Venezuela urge #AmnistíaYa clave del fortalecimiento democracia-reconciliación”, escribió ayer Almagro en su cuenta de la red social Twitter.
Almagro expresó así su apoyo a la Ley de Amnistía aprobada por la mayoría opositora en el Parlamento venezolano la semana pasada, a la que se opone rotundamente el Gobierno, tras recibir en la OEA a Lilian Tintori, esposa del opositor encarcelado Leopoldo López.
Los familiares denuncian que estos presos no son recluidos por actos delictivos sino por persecución política, según manifestó Tintori en Twitter.
Traban referéndum contra el presidente
El árbitro electoral venezolano dijo que es el único órgano con potestad para elaborar una ley de referéndum oponiéndose a que el legislativo, de mayoría opositora, apruebe una norma que le permita acelerar el proceso con el que busca recortar el mandato del presidente Nicolás Maduro.
La Asamblea Nacional aprobó en marzo en primera discusión un proyecto de Ley Orgánica de Referendos para reglamentar los procesos consultivos.
Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) sostuvo que el proyecto opositor “se encuentra siendo tramitado fuera del marco constitucional”, según una misiva divulgada ayer de la presidenta del árbitro, Tibisay Lucena, al jefe del legislativo, Henry Ramos.
La Constitución venezolana permite la revocatoria de todos los cargos de elección popular transcurrida la mitad de su mandato que, en el caso de Maduro, se cumplió en enero del 2016.
La oposición venezolana dijo en marzo que iniciará una serie de procedimientos constitucionales para desbancar a Maduro, entre ellos un referéndum revocatorio, una enmienda constitucional, una asamblea constituyente y masivas protestas para obligarlo a renunciar.
Pero el camino está minado de escollos que pueden dilatar el proceso e, incluso, frenarlo. Para convocar a un revocatorio, entre otros requisitos, la oposición debe reunir al menos 3,9 millones de firmas en tres días en puntos determinados por el CNE.
En base a información de las agencias EFE y Reuters
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