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Histórico fallo en Guatemala a favor de las indígenas esclavizadas por militares

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AFP

Jaime Septién - publicado el 01/03/16

Primera sentencia por violencia sexual durante el conflicto armado en el país centroamericano

Guatemala está dando lecciones importantes al resto de los países de la región. Primero, con una revolución popular pacífica que derrocó al presidente por problemas de corrupción; luego, con unas elecciones ejemplares, y ahora con una sentencia histórica a favor de mujeres indígenas de ese país centroamericano.

En efecto, el pasado fin de semana un tribunal guatemalteco impuso penas que suman 360 años de cárcel a dos ex miembros del ejército por “crímenes de lesa humanidad” contra un grupo de mujeres indígenas.

Se trata de la primera sentencia por violencia sexual durante el conflicto armado en el país centroamericano, por lo que la sentencia se recibió con júbilo.

“Esto es histórico, es un gran paso para las mujeres y, sobre todo, para las víctimas”, dijo, tras conocerse el fallo, Rigoberta Menchu Tum, una mujer indígena ganadora del Premio Nobel de la Paz y presente en el tribunal durante el juicio en contra de Francisco Reyes Girón, oficial retirado, y Heriberto Valdez Asij, un paramilitar al servicio del ejército.

Francisco Reyes Girón fue condenado a 120 años de prisión por ser encontrado culpable de mantener en condición de esclavitud doméstica y sexual a 15 mujeres y de matar a una mujer y a sus dos hijas.

Mientras, Heriberto Valdez Asij fue condenado a 240 años de prisión por los mismos cargos de esclavitud, así como por la desaparición forzosa de siete hombres.

Este último operaba en la base militar Sepur Zarco en el este de Guatemala durante los años 80 del siglo pasado, fase más cruenta de la guerra intestina guatemalteca que dejó millares de víctimas.

Sé que no estoy sola

Según la fiscalía, en 1982 fuerzas armadas atacaron repetidamente la villa de Sepur Zarco y mataron y raptaron a líderes de la tribu maya q’eqchi, que reclamaban sus tierras y habían por ello hecho enfurecer a los propietarios.

Como era costumbre en aquellos años, a los indígenas se les acusaba de “estar asociados con la guerrilla” de izquierdas.

En un informe al tribunal, la antropóloga Irma Alicia Velásquez Nimatuj indicó que los puestos militares “fueron instalados en la región para dar seguridad a los dueños de las estancias y tomar posesión de las tierras”.

Por su parte, Agustín Chen, uno de los hombres que sobrevivió, dijo que los soldados lo metieron en una celda y lo golpeaban todos los días. Otros compañeros no corrieron la misma suerte y fueron asesinados.

Según los testimonios presentados ante los jueces, los comandantes militares consideraron que las mujeres quedaban “disponibles” para sufrir abusos sexuales y ser convertidas en esclavas.

Las mujeres eran obligadas a presentarse cada tres días para hacer “turnos” en la base, durante los cuales eran violadas y forzadas a cocinar y a limpiar.

Para algunas de las víctimas, este martirio se extendió hasta por seis años. La base fue finalmente cerrada en 1988.

“Sé que no estoy sola y quisiera descubrir mi rostro cuando sé que hay gente en todo el mundo que me apoya. En este momento estamos al final de este camino y estoy contenta de que logremos más justicia en Guatemala”, dijo una de las víctimas, que pasó todas las audiencias con su rostro cubierto.

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