El pasado martes 3 de noviembre fue suspendida “in extremis” la ejecución de Ernest Lee Johnson, condenado a muerte por un triple asesinato que cometió en 1994. Los abogados defensores presentaron un recurso en el que alegan que en la condición física actual del reo, este podría sufrir un dolor excesivo. Así lo declaró el Fiscal General de Missouri, Chris Koster, al periódico Washington Post.
Ese recurso argumenta que el fármaco utilizado por el estado en sus inyecciones letales -el pentobarbital- supone “un riesgo considerable e injustificable” de convulsiones para Johnson, que en 2008 fue intervenido de un tumor cerebral que no le fue extirpado por completo.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) que apoya la petición de la defensa, considera que en este caso la ejecución del reo violaría la Octava Enmienda de la Constitución que es parte de la Carta de Derechos de los Estados Unidos, y prohíbe que el gobierno federal imponga fianzas excesivas o castigos inusuales o crueles. La Corte Suprema de los Estados Unidos ha determinado que la sección sobre los castigos inusuales y crueles sea aplicada a los estados.
Otro de los argumentos utilizados por la defensa para preservar la vida del acusado es la incapacidad mental que padece. Según denunció Amnistía Internacional a Johnson se le han realizado varios test para medir su coeficiente intelectual a lo largo de su vida, entre ellos uno a los ocho años que dio un resultado de 77 y otro a los 12 años cuya puntuación fue de 63. Johnson siempre tuvo dificultades en la escuela y fue ubicado en una para casos especiales.
Los abogados defensores buscando demorar la ejecución y ganar tiempo, pidieron al estado que ejecutaran a John en la cámara de gas, la cual, aunque permanece vigente en el protocolo, no ha sido utilizada desde 1965 por lo cual no está disponible para ser utilizada.
Los problemas de Johnson con la ley comenzaron el 13 de febrero de 1994 cuando fue apresado por la policía y acusado de haber cometido un triple asesinato la noche anterior en un supermercado de Columbia en Missouri, del cual era un cliente habitual.
Los cadáveres de Mary Bratcher de 46 años, Fred Jones de 58 y Mabel Scruggs de 57, todos empleados de la tienda, fueron encontrados con serias lesiones en el cráneo, hechas con un martillo. El cuerpo de Bratcher tenía además 17 puñaladas realizadas con un destornillador y Jones tenía un disparo en el rostro. Johnson, adicto a la droga conocida como “crac” había escondido dos cuerpos en el baño y otro en una cámara refrigerada.
Ernest L. Johnson había sido condenado a muerte en el 2001, el año en el que la Corte Suprema determinó que ejecutar personas con discapacidad mental es inconstitucional. Más tarde, en otra vista del caso en el 2003, volvió a ser condenado a muerte pero la sentencia fue revocada. En el 2006 Johnson fue llevado a juicio nuevamente y por tercera vez fue sentenciado a muerte.
Cuando el Supremo dio a conocer su decisión de suspender la ejecución, ya hacía una hora que estaba todo listo en la prisión de Bonne Terre para proceder con la ejecución de Johnson que se había previsto inicialmente para las 18.00 hora local.
De los 25 presos que han sido ejecutados en Estados Unidos en el 20015, seis han tenido lugar en Missouri.
Hoy celebramos a...