Los inmigrantes “sin papeles” en España son tratados como delincuentes

En España existen ocho Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) con capacidad para internar a unas 2.500 personas simultáneamente. Estos centros están ubicados en Madrid, Barcelona, Murcia, Valencia, Algeciras, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife.

En estos CIE se encierran a personas extranjeras a quienes se va a expulsar del país, en la mayoría de los casos por estancia irregular (carecer de permiso de trabajo y residencia). La estancia irregular es una infracción administrativa, pero no es un delito y de acuerdo con la ley su estancia máxima es de 60 días. El único derecho que tendrán limitado es la libertad de movimientos, todos los demás derechos permanecen en vigor y el Estado tiene la obligación de garantizar su efectivo cumplimiento. ¿Ocurre realmente así o los CIE se han convertido en cárceles para “sin papeles”?

El Centro Pueblos Unidos y el Servicio Jesuita a Migrantes ha presentado un Informe sobre la situación de los inmigrantes en los CIE en el que constatan el fuerte impacto psicológico del internamiento y cómo en pocas horas pierden su forma de vida, “a la espera de que alguien decida el futuro de sus vidas, al margen de las consecuencias que para ellos se deriven”.

“El sufrimiento se agrava en los migrantes sin antecedentes penales, a quienes la ambigüedad de estar encerrados sin haber cometido un delito les causa una profunda angustia y desconfianza”, destaca el informe.

“Hay quejas repetidas de racismo y violencia y numerosos obstáculos para investigar lo ocurrido”, añaden, “hay privación de derechos, mucho más allá de la privación de libertad ambulatoria”. Por ejemplo, destacan cómo 127 personas no tienen a nadie que les pueda visitar y el 25% no entiende el idioma. 11 personas tenían en 2012 menores españoles a su cargo y 24 personas tenia enfermedades metales o físicas.

Samba Martine, muerte sin respuesta

El informe muestra algunos casos dramáticos, como el de la joven congoleña Samba Martine, que falleció el 19 de diciembre de 2011, con 34 años, después de tres meses en el CETI (Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes) de Melilla y 40 días de internamiento en el CIE de Aluche.

El servicio de Jesuitas al Migrante denuncia que “en el CIE de Madrid no se le hizo ninguna prueba al ingreso ni tampoco se solicitó el expediente médico de Melilla”.

“Samba acudió hasta diez veces a los servicios sanitarios del CIE durante su estancia, la última el mismo día de su fallecimiento. Samba no hablaba castellano pero sólo en una de sus visitas hubo traductor. En ninguna de las visitas el personal médico ordenó hacerle ninguna prueba y acabó falleciendo sin haber sido diagnosticada y habiendo recibido sólo tratamiento sintomático”, afirma el servicio jesuítico.

El drama no acaba ahí, puesto que Samba, “dejó a una hija de 9 años, Bijoux, que había llegado a Francia desde Marruecos seis meses antes, a la espera de que su madre cruzase a España y de ahí a Francia, para reunirse con ella. Samba nunca llegó y a consecuencia de ello, su hija ha quedado en situación de vulnerabilidad extrema”.

Detenciones que destrozan vidas

En el informe se cuentan casos como el de M. detenido en un locutorio en Vitoria el 1 de agosto de 2012. Detención que destrozó una vida estructurada. No tiene permiso de residencia y lo trajeron al CIE. Pero su vida tiene una historia detrás: “M. nació en Pakistán. Salió del país en 2002 y llegó a España desde Francia en 2004. Antes estuvo en Alemania. Tiene dos hermanos, uno vive en Pakistán y el otro en Alemania. Sus padres ya no viven. Lleva ocho años en España. Desde 2006 vive y está empadronado en Vitoria”.

Tiene contrato de alquiler del piso a su nombre, carnet de estudiante, carnet de la biblioteca pública, tarjeta sanitaria del Servicio Vasco de Salud y cobra un subsidio social de 860 euros/mes. Habla muy bien el castellano. No tiene ningún antecedente penal. Intentó regularizarse hace unos años pero le denegaron los papeles porque tenía una orden de expulsión previa por estancia irregular.

O el caso de D. nacido en Ecuador, que llegó a España como menor con su familia y siempre ha tenido papeles. Ahora no tiene porque hace años tuvo una infracción penal que quedó en multa de 120 euros y no pudo renovar sus papeles. La multa se pagó en 2009. Sus padres y hermanos viven en España, todos con papeles. Vive con su madre, está empadronado, estudia, tiene arraigo y domicilio fijo. A pesar de ello, la policía solicitó su internamiento al carecer de papeles.

Expulsiones que separan a familias enteras.

Carlos vive en Madrid, es natural de Bolivia, tiene 33 años y su inesperada expulsión destrozó su vida y la de su familia. Un fin de semana de octubre 2011, la policía lo paró en la calle, lo trasladó a comisaría por carecer de permiso de residencia y fue expulsado al día siguiente directamente desde la comisaría porque tenía una orden de expulsión por estancia irregular.

Carlos carecía de antecedentes penales y tenía a su cargo a su hijo, A., un niño de 4 años y nacionalidad española. Al ser el único que trabajaba, tanto su pareja y madre de A. residente legal, como el niño quedaron en el desamparo. Tuvieron que dejar la vivienda donde habitaban y sacar al menor de la escuela de educación infantil.

Después de todo este drama, el Juzgado anuló la orden de expulsión por improcedente y la sustituyó por una multa. Finalmente se le concedió la residencia, que estaba en trámite, mientras estaba expulsado. Once meses después de su expulsión, y tras numerosísimas gestiones, Carlos pudo regresar a España donde reside hoy felizmente con su mujer y su hijo.

Recomendaciones del Informe

Pueblos Unidos y el Servicio de Jesuitas a Migrantes realiza una serie de recomendaciones a los actores y responsables políticos, administrativos y judicianes para revisen la sanción en España de la estancia irregular de inmigrantes. Igualmente proponen medidas sencillas y concretas, que apelan, según explican, “a la sensibilidad y el sentido común”.

Al gobierno español, por ejemplo, le solicita, que identifiquen a las personas extranjeras con necesidades de protección y les “aseguren que se les garantiza dicha protección (refugiados, solicitantes de asilo, víctimas de trata, menores, enfermos…)

Al Ministerio del Interior, que se tramiten las sanciones por el procedimiento ordinario, se proponga una sanción de multa por estancia irregular en vez de expulsión; se analice las circunstancias de cada caso y se recurra a la expulsión forzosa sólo en casos excepcionales.

O, por ejemplo, a los Directores de los CIE, que se les pide que “se asegure que cada persona internada recibe la ropa necesaria, en cantidad y calidad, durante el periodo que permanezca encerrada”.

Un total de 16 recomendaciones con las que solicitan que los inmigrantes “sin papeles” sean tratados cómo lo que son, personas con un problema administrativo y no como “delincuentes” a los que se le priva de la libertad y de muchos de sus derechos básicos.